El número 89

“Aquí jamás se ha hecho una tamborrada, ni nada por el estilo”. José Ignacio Galparsoro, miembro de la asociación vecinal Itxas Aurre, la plataforma que lleva desde mediados de los 90 luchando por la desanexión de Igeldo, resume así el sentir de una parte de las 1.000 personas censadas en el enclave: si el barrio nada tiene que celebrar durante la festividad del patrón de San Sebastián, directamente poco tiene que ver con la propia ciudad. Desde la asociación califican la cuestión identitaria como el “motivo fundamental” para perseguir la independencia. También, pero en un segundo plano, lo que se podría llamar el factor práctico, el considerar que los vecinos pueden gestionar mejor los recursos de Igeldo en vez de depender de lo que les otorgue en cada presupuesto el Ayuntamiento donostiarra.

La asociación no oculta su satisfacción por el hecho de que tras casi 20 años de proceso la tan ansiada desanexión tal vez esté muy cerca. El anuncio de la Diputación de Gipuzkoa de celebrar una consulta popular a finales de noviembre para que los vecinos del barrio expresen su parecer y la promesa de cumplir el resultado, manteniendo al margen en todo el proceso al Ayuntamiento de San Sebastián, ha dado esperanzas a Itxas Aurre, aunque prefiere ser cauta.

La plataforma echa mano de las cifras de participación y del resultado del referéndum que celebraron en 1994. Entonces, 717 vecinos fueron llamados a las urnas y en la votación participaron 487, de los que 286 se pronunciaron a favor de la desanexión, 156 apostaron por una mayor descentralización de San Sebastián pero bajo el paraguas de la ciudad y 43 prefirieron mantener las cosas igual.

Galparsoro apunta, en referencia a la institución foral, que según precisó la diputada de Función Pública es la única que tiene potestad para aprobar la desanexión o no, que “es la primera corporación que nos dice que por lo menos se lo van a pensar y que han prometido respetar la decisión de los vecinos”. Hasta ahora, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación, gobernados por socialistas y peneuvistas, a excepción de la legislatura actual, en manos de Bildu, como recuerda Galparsoro no han hecho más que “trapicheos” para frenar lo que Itxas Aurre considera irremediable, la desanexión de Igeldo.

Los vecinos votaron sí a la independencia en un referéndum celebrado en 1994

Estos 20 años de lucha han estado jalonados por muchas visitas al Tribunal Superior de Justicia de Euskadi y al Supremo. La justicia siempre ha dado la razón a Itxas Aurre, entre otras cosas y fundamental, en la resolución de qué norma se debe aplicar en el proceso de desanexión de Igeldo si finalmente se materializara. Si el barrio termina convirtiéndose en el municipio 89 de Gipuzkoa, como reivindica la plataforma, será gracias al decreto estatal sobre Población y Demarcación Territorial de Entidades Locales, aprobado en los años 80, y no por la norma foral que regula la materia y que data de 2003. Tal y como está redactada, da un portazo a Igeldo, al recoger como requisito que el barrio que inicie el proceso de desanexión debe contar con una población mínima de 2.500 habitantes.

Luis Gordillo, profesor de Derecho Constitucional de Deusto, advierte de la “conflictividad” que encierran todos los procesos de segregación. Un entramado jurídico que para las administraciones competentes, en este caso la Diputación, puede resultar difícil su aplicación. El simple anuncio de la convocatoria de la consulta provocó una oleada de protestas por parte de los grupos de la oposición (PSE, PP y PNV) en el Ayuntamiento de San Sebastián, voces críticas que se redoblaron cuando el alcalde, Juan Karlos Izagirre, y antes portavoz de Itxas Aurre, anunció que iba defender una postura “neutral”.

Si Igeldo vota finalmente a favor de la desanexión en noviembre y la Diputación cumple con la voluntad de los vecinos, una gestora, como explica Gordillo, se haría cargo del nuevo municipio hasta la convocatoria de las elecciones municipales. Galparsoro y el resto de miembros de Itxas Aurre lo tienen todo estudiado. “La normativa exige que los vecinos con el proceso no pierdan servicios. Gipuzkoa tiene prácticamente todos los servicios mancomunados, hay un transporte común con una tarjeta común, sería competencia de la Diputación establecer las conexiones entre Igeldo y los otros municipios”, ejemplifica Galparsoro.

La justicia siempre ha dado la razón a los planteamientos de la agrupación