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El exinterventor de los ERE: “A Griñán los informes no le importaban nada”

El alto funcionario censura la “pasividad” del presidente de la Junta ante las alertas

Manuel Gómez, exinterventor de la Junta entrando en los juzgados. Ampliar foto
Manuel Gómez, exinterventor de la Junta entrando en los juzgados.

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez cerró este jueves su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya con una severa crítica al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que acusó de ignorar las alertas incluidas en los informes sobre el fondo de los ERE que emitió la Intervención General: “A Griñán los informes de auditoría no le importaban nada”, fue la frase a modo de epílogo que cerró la intervención de Gómez, imputado de malversación y prevaricación por la magistrada.

“La respuesta [de Griñán ante la comisión del Parlamento por los ERE] pone de manifiesto una total displicencia y pasividad” sobre las alertas, añadió en su censura al exconsejero de Hacienda entre 2004 y 2009. Griñán ha negado en repetidas ocasiones que dichos informes llegaran a su despacho. Además, Gómez le acusó de realizar afirmaciones “maliciosas” y “crípticas”, según refleja el acta de su declaración.

El exinterventor matizó un aspecto esencial para entender el caso y el control ejercido sobre el fondo. A pesar de que varios informes de la Intervención General firmados por Gómez desde 2005 censuraron el procedimiento administrativo empleado por estar al margen de la ley, ahora el alto funcionario ha querido quitarle hierro y ha tildado la crítica inicial de “exceso”. “La Intervención, probablemente en un exceso, llegó a decir en sus informes que eso incumplía la ley. No solo lo calificaban de inadecuado”, reconoció el interventor.

La matización es clave para entender el giro que Gómez ha dado desde sus informes iniciales hasta hoy día, cuando defiende la legalidad del sistema que el Gobierno andaluz dio a las transferencias de financiación para pagar los ERE. El exinterventor insiste en recordar que alertó de su uso inadecuado [que no ilegal, como defendió antaño]. Y de este modo Gómez se alinea con la tesis troncal de defensa de la legalidad que ejerce la Junta sobre el fondo, enfrentada a Alaya, que ha imputado a 20 altos cargos del Ejecutivo autónomo, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez.

El problema de Gómez es que la juez no otorga validez a esta corrección porque llega una década tarde, y considera que los pagos debieron frenarse a tiempo mediante la fiscalización previa: “Conociendo la indiciaria ilegalidad que se estaba cometiendo en la Consejería de Empleo en la concesión de subvenciones (…) la gestión administrativa pudiera causar quebranto económico a la Junta (…) no inició, a sabiendas, el procedimiento reglado previsto”, le achaca Alaya a Gómez.

El alto funcionario dedicó el final de su declaración a corregir la intervención del presidente el pasado verano ante la comisión parlamentaria. Si Griñán dijo que “toda la ejecución” del programa de los ERE “estuvo sujeta a auditoría”, Gómez replicó: “Solo una ínfima parte del programa estuvo sometido a auditoría o control financiero”.

La juez le señaló que el Consejo de Gobierno de la Junta “estaba a favor” de las transferencias de financiación para los ERE dado que aprobó varias modificaciones presupuestarias. “Se puede presumir que sí”, otorgó Gómez. Junto a Griñán, el imputado culpó a los exconsejeros de Empleo e Innovación de no haber querido frenar el fondo.

Por otra parte, Gómez desveló que en una década la Intervención solo emitió un informe de actuación que alertaba del menoscabo de fondos públicos en el hospital de Poniente. Mientras que Gómez acusó a la Consejería de Hacienda de no elevarlo al Consejo de Gobierno, la consejería negó ayer la mayor y dijo que no le consta dicho informe.

Mientras, el número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, opinó que el caso debería elevarse al Tribunal Supremo “como única vía para que haya justicia” porque estima que la instrucción se ha convertido en un “juicio político” y “no busca conocer la verdad”, informó Efe. Jiménez consideró que el alto tribunal debería recibir ya la exposición razonada de la juez Alaya para evitar “juicios públicos a personas muy concretas”, en alusión a Griñán y otros aforados, “sin que se les dé la posibilidad de defenderse”.