Los municipos de Huelva salvan con 85 millones la gestión pública del agua

La Mancomunidad de Servicios de Huelva y su empresa pública Giahsa han logrado salvar la gestión pública del agua de la privatización que venía haciéndose con el servicio de municipios integrados en la sociedad, en su mayoría gobernados por el Partido Popular (PP). El pleno de la mancomunidad aprobó el 12 de julio el contrato de financiación que, a través de fondos de inversión internacionales, aportará 85 millones a la sociedad, que estaba en una situación económica crítica.

De esa cifra, 43 millones se destinarán a los Ayuntamientos en concepto de pago de canon por el uso desde Giahsa de las redes de abastecimiento y saneamiento. El importe anual que reciben los 70 Ayuntamientos por alquilar las redes de abastecimiento a Giahsa supone aproximadamente 10 millones al año. Ahora, para hacer el servicio más atractivo para los municipios, se ha concretado en ese contrato de financiación la posibilidad de adelantar el pago de los primeros 15 años, ya que la concesión es de 30 años. Los dos fondos internacionales están gestionados por The Children's Investment Fund Management (UK), LLP (TCI) y Taconic Capital Advisors L.P., que son fondos con una dilatada trayectoria de inversión en España a través del sector de la electricidad y del gas.

La operación financiera, que tiene un interés de riesgo del 11%, permite asegurar la gestión del recurso hídrico y planta cara a los operadores privados que tras el hundimiento del sector de la construcción habían puesto sus miras en el agua. La mancomunidad estaba conformada por 70 municipios. Desde 2011 hasta ahora han salido de la entidad cinco Ayuntamientos gobernados por el PP, que han quedado en manos de Aqualia (filial de FCC). La salida de esos municipios (Valverde del Camino, Cartaya, San Juan del Puerto, Cortegana y Gibraleón) ha desestabilizado el proyecto de Giahsa y dificultado la búsqueda de financiación. Cada vez que se ha tratado de aportar una solución financiera, según fuentes de la empresa pública, la marcha de algunos de esos municipios ha puesto contra las cuerdas el proyecto.

La operación evita que Giahsa quede en manos de Aqualia. La empresa pública ha tenido que batallar contra una corriente privatizadora que ha puesto en peligro los 500 puestos de trabajo y la prestación del servicio. Ahora se garantizan los puestos de trabajo, el servicio público y los ciudadanos no se verán perjudicados por la factura del agua. “No vamos a tener problemas ni a corto ni a largo plazo”, explicó Manuel Domínguez, secretario de política municipal y alcalde de San Bartolomé. Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) tildó lo ocurrido de “sabotaje” con dos actores concretos: “Una empresa y grupos políticos que se benefician de esa operación de privatización”.