La exconsejera De Miguel deja su escaño poco antes de ser imputada

Que un cargo del PP sea imputado en algún caso de corrupción ya empieza a resultar habitual. Que ese cargo dimita, incluso antes de que se formalice la acusación, es noticia. La exconsejera de Bienestar Social Alicia de Miguel protagonizó este lunes el insólito episodio. Por la mañana dimitió de diputada en las Cortes Valencianas, lo que dejó perplejos a los dirigentes del PP valenciano y a los miembros del grupo parlamentario en la Cámara autonómica. A mediodía, el Tribunal Superior de Justicia hizo pública su imputación en la pieza del caso Gürtel que investiga las contrataciones de la Generalitat con la trama.

El juez del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Ceres, imputó a Alicia de Miguel por tres contratos con empresas de la trama suscritos durante su etapa al frente de la Consejería de Bienestar Social, en los años 2006 y 2007. En concreto, el magistrado la citó para el 24 de septiembre a las 11.30 al apreciar que pudo existir un fraccionamiento de las contrataciones de tres eventos —acto “Violencia de género, tolerancia cero”, del año 2006; acto “Balance general”, de 2007; y acto “Punto final”, de 2007— en favor de empresas de los cabecillas de la trama. Según el juez, tuvo una intervención “relevante y decisiva” en esos contratos.

De Miguel dejó su escaño por la mañana. “No quiero ser ejemplo de nada, ni quiero ser icono de nada”, indicaron fuentes próximas que fue la primera advertencia de la exconsejera, quien argumentó “motivos estrictamente personales” para su decisión.

La exdiputada no quiere convertirse en “ejemplo o icono de nada”

La dimisión va contracorriente de la actitud adoptada por los diputados del PP ante problemas relacionados con casos de corrupción. De hecho, la imputación de De Miguel se conoció ayer, pero su dimisión se produjo días después de que el exsecretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro, imputado en el caso Gürtel , afirmara que ella decidió contratar con Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de la empresa de Orange Market. La imputación y declaración de Navarro ante el TSJCV se basa en su intervención en la contratación del acto de 2007 entre Orange Market y la Consejería de Bienestar Social.

El exsecretario de Familia señaló que fue De Miguel quien le presentó a Álvaro Pérez y, en ese momento, le indicó que trabajaba también para otras consejerías, con lo que posiblemente iban a contar con él. Pasado un tiempo, la entonces consejera comentó a Navarro, siempre según su testimonio, que se iba a hacer un acto con Orange Market. Luego fueron otros dos más, reconoció el imputado. Asimismo, insistió en que los eventos adjudicados a Orange Market lo fueron por “decisión” y “elección” de la exconsejera. En total, la consejería adjudicó a esta mercantil tres actos en cuatro años. Navarro destacó que suelen adjudicarse unos 150 actos de ese tipo cada año.

Aunque su imputación era solo cuestión de tiempo, De Miguel destacó los factores personales en una carta que hizo pública tras su dimisión: “Siempre he considerado que la vida política son etapas. Y he llegado a la conclusión de que esta etapa de mi vida en la política ha concluido. A partir de este momento me dedicaré al ejercicio de mi profesión”.

La dimisión pone en evidencia a los imputados que no dejan sus cargos

De Miguel es directora del Centro de Diagnóstico Biomédico del Hospital General de Valencia, actividad que venía compatibilizando con su cargo como diputada.

La dimisión causó impacto en el PP valenciano, cuyos dirigentes no la esperaban. El portavoz parlamentario popular, Jorge Bellver, agradeció “su dedicación, su fuerza y su entrega en el trabajo parlamentario, en defensa de los ideales y principios del Partido Popular” y le deseó “lo mejor” en esta nueva etapa de su vida. El propio presidente de la Generalitat y líder del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, habló con ella. En general, los dirigentes del PP manifestaron su estupor pero afirmaron que “entienden” la decisión.

Con todo, a nadie se le escapa que la dimisión de Alicia de Miguel, por insólita en las filas de su partido, pone más de relieve la resistencia de los parlamentarios del PP imputados a dejar sus escaños. Así, mientras ella se va, en la bancada popular permanecen Milagrosa Martínez y Angélica Such, procesadas también en el caso Gürtel por las adjudicaciones del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur, o la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Días Alperi, imputados en el caso Brugal. Rafael Blasco, exconsejero y exportavoz parlamentario del PP, prefirió pasar a la condición de diputado no adscrito antes que dimitir por su procesamiento en el fraude de las ayudas de cooperación.

El escaño de De Miguel, en principio, debería ser ocupado por Lorenzo Agustí, alcalde de Paterna, aunque ayer no despejó la incógnita de si tiene intención de incorporarse al Grupo Popular en las Cortes Valencianas.