Un estudio anima a los alcaldes a reducir más el gasto de personal
El informe estima que se pueden ahorrar 137 millones de euros con ajustes
Se puede meter más la tijera para adelgazar la Administración local. Al menos esta es la tesis que defiende el último informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), que calcula que los Ayuntamientos podrían reducir en 137 millones de euros sus gastos de personal, de los que 60 millones corresponderían a órganos de Gobierno y administración general.
El estudio, realizado por una instituto muy próximo a la órbita de la patronal, refleja que el peso de la partida de personal sobre los ingresos fue del 38,4% durante el pasado año, frente a un porcentaje del 29,3% en 2005 y con ingresos similares. Ineca cifra el gasto medio de un empleado municipal en la provincia de Alicante en 2011 en 31.936 euros frente a los 26.180 de un trabajador de una empresa privada.
El informe refleja que desde hace cinco años los ingresos municipales han caído en unos 322 millones de euros, aunque los gastos de personal tan sólo se han reducido en 32 millones de euros (de 657,8 millones de euros en 2008 a 625,6 millones en 2012).
El estudio, bajo el título de El gasto de los empleados públicos en la Administración Local de la provincia de Alicante, analiza el peso que tiene la partida del gasto de personal sobre los ingresos de los 141 ayuntamientos de esta provincia.Si en 2005, año en el que se ingresaron 1.758 millones de euros, el porcentaje de esta partida de gastos era del 29,3%, el año pasado fue del 38,4% con unos ingresos de 1.628 millones de euros. Esta diferencia de nueve puntos correspondería a los 137 millones de euros que se podrían ahorrar.
De hecho, en el resto de España el peso de esta partida sobre los ingresos ronda el 30%, mientras que en las empresas el peso porcentual de la partida de gasto de personal sobre los ingresos es del 24%, según recoge el citado estudio.
De sus resultados se desprende también que tres de cada cuatro municipios de la provincia presentan gastos de personal con un peso superior al 30% de los ingresos municipales, si bien son las poblaciones de mayor tamaño las que podrían mostrar "un mayor margen de ahorro".
En concreto, los 14 municipios más poblados podrían absorber el 50% del margen de ahorro en personal. Del análisis de los ingresos y los gastos conjuntos de los ayuntamientos entre 2002 y 2012.
Además, el estudio, realizado por el director de Proyectos de Ineca, Joaquín Melgarejo Moreno, y el asesor de Análisis y Gestión del Instituto, Francisco Llopis Vañó, revela que el número de empleados públicos en las diferentes localidades de la provincia se ha reducido únicamente en 825 en el último año, "cifra insuficiente para equilibrar los ingresos con los gastos".
Una de las conclusiones indica que si se decidiera ajustar el gasto de personal al nivel actual de ingresos de las corporaciones locales, "no cabe duda de que se tendría que hacer todavía un ajuste más decisivo en esta partida", lo que evitaría reducir el resto de recursos públicos locales, como los destinados a inversiones".
Castedo exige financiación
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha reclamado hoy "una financiación justa" para las entidades locales ante la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que, presumiblemente, aprobará esta semana el Consejo de Ministros.
Castedo ha elevado esta petición durante el acto de inauguración de las IV Jornadas de Gobiernos Locales "Nuevos retos, nuevas estrategias" que, organizadas por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, se ha desarrollado en Edificio Puerta Ferrisa.
En este mismo sentido, el catedrático de Ciencia Política Manuel Arenilla ha insistido en que esa modificación "garantice la igualdad de derechos para cualquier ciudadano en cualquier parte del territorio español".
Por su parte, el edil de Modernización, Pablo Sandoval, ha subrayado "el gran acierto" del Gobierno de España por variar una Ley de Bases de Régimen Local que se encuentra "desfasada e incapaz de cubrir las necesidades mínimas de los ciudadanos".
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