El juez de Invercaria estudia imputar al exdirectivo que hizo las grabaciones

“Una política de regalos”. Fue la inculpatoria frase utilizada este miércoles por Cristóbal Cantos para definir las inversiones de Invercaria, su antigua empresa pública de la Junta. El exdirectivo ha declarado como testigo ante el juez instructor Juan Gutiérrez y ha cargado contra su exjefe Tomás Pérez Sauquillo y su sucesora Laura Gómiz. Cantos ha relatado al magistrado que en una ocasión Gómiz le comentó que su antecesor Pérez Sauquillo, “había hecho una política de regalos”, en referencia a las inversiones generadas en diferentes proyectos por la empresa de capital riesgo. “Se habían realizado inversiones con informes negativos”, ha añadido Cantos, actual director financiero de la Zona Franca de Cádiz, un puesto para el que fue fichado por el PP ya que se trata de un consorcio que depende del Gobierno central.

La guerra entre Cantos e Invercaria viene de lejos. Recientemente, Pérez Sauquillo avanzó que denunciaría a Cantos por “desaparición de expedientes y documentación” de la empresa pública, ya que le acusa de sustraer expedientes de manera ilegal para así denunciar la supuesta reconstrucción de expedientes por parte de Invercaria.

Esta mañana el exdirectivo ha acusado a Gómiz de haberle comentado que en Invercaria se produjo “una falta de procedimiento” y que ella pensaba “que nadie había robado nada”. Desde hace más de un año Cantos ha denunciado la supuesta falta de normativa en Invercaria. En su declaración ha admitido que Gómiz le reprochó “la falta de seguimiento de los proyectos”. Asimismo, ha relatado que la expresidenta le achacó un cierto favoritismo porque “se había tratado demasiado bien a algunos empresarios y que se había creído demasiado los documentos que estos le habían entregado”.

Después de tres horas de testimonio, el juez ha suspendido la declaración de Cantos al anunciar el abogado de Gómiz —imputada en este procedimiento al igual que Pérez Sauquillo— que disponía de documentación con “contenido incriminatorio” respecto a Cantos. Es decir, que tras aportarse nuevos datos a la causa, Cantos podría pasar de testigo a imputado.

Al comienzo de la declaración el magistrado ha avisado a las partes de que no permitiría “preguntas incriminatorias” contra Cantos, ya que este acudía como testigo. Cuando el letrado de Gómiz ha avisado al juez de que poseía correos electrónicos y documentación de la que podía deducirse su imputación, el juez ha suspendido su declaración hasta el próximo octubre para garantizar “la pureza del procedimiento” y “los derechos de Cantos”. Hace un año y medio el exdirectivo aportó al juez las polémicas grabaciones realizadas de manera oculta en las que Gómiz admitía que si se “hubiera comprometido con la ética no trabajaría en esta organización [en referencia a Invercaria]”. Además, en paralelo demandó a la empresa para lograr su despido nulo, pero el TSJA tumbó su demanda.

En esta última vía, el alto tribunal ya avanzó en su sentencia de la posible imputación de Cantos: “Es fácil inferir que el propio recurrente colaboró en la adopción de un acuerdo de inversión que puede llegar a ser objeto de investigación penal por el juzgado antes citado, por carecer de todo procedimiento reglado”. En otro pasaje, el fallo incidía: “El recurrente ha colaborado activamente en lo que enuncia como indicio, no puede calificarse como tal”.

La decisión del juez sobre la condición de Cantos —testigo o imputado— se retrasará hasta octubre porque antes deben pronunciarse la fiscalía y el resto de partes personadas. Entre otras razones, Cantos denunció a Gómiz en su demanda por despido nulo por presionarle para elaborar informes falsos sobre las empresas en las que invertía Invercaria.