El juez imputa a 34 personas por tramitar licencias municipales irregulares

Más de seis años después de que se realizaran las primeras pesquisas, en marzo de 2007, el juzgado que investiga la supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias municipales bautizada como Operación Guateque ha decidido imputar finalmente a 34 personas por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencia, entre otros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha sobreseído además las actuaciones contra otras 45 personas, entre ellas Teresa Gabarra, esposa del exdiputado regional Alberto López Viejo, imputado a su vez en el supuesto caso de corrupción de la trama Gürtel.

Los tres autos dictados el pasado 3 de julio cierran, en principio, la investigación (aunque pueden ser recurridos) y encaminan la causa para el enjuiciamiento de los imputados ante la Audiencia Provincial de Madrid en los próximos meses. Hace un año, el anterior titular del juzgado, Santiago Torres (expedientado por el Consejo General del Poder Judicial por dilaciones indebidas en la instrucción del caso, y trasladado después a la Audiencia Provincial de Madrid), puso fin a la investigación con 28 personas procesadas, que ahora su sustituta ha elevado a 34.

La juez recuerda en un auto que “las diligencias se incoaron por cuanto determinadas personas físicas y jurídicas que tramitaban licencias urbanísticas en distintas juntas de distrito solicitaban cantidades de dinero para entregarlas a funcionarios del Ayuntamiento, que trabajaban en esas juntas, en Gerencia de Urbanismo o en el Departamento de Medio Ambiente”. Ese dinero servía a los presuntos mediadores “para el lucro propio, enriqueciéndose”; los funcionarios, a cambio, “o bien adelantaban la tramitación o mejoraban los requisitos para la obtención de las licencias, quebrantando las normas vigentes”.

Según la instrucción del juez Torres, los principales instigadores de la trama eran Carmelo García y Santiago Castillo, que actuaban presuntamente como intermediarios “entre el empresario y el funcionario encargado de la gestión administrativa”. Ambos se dedicaban presuntamente a captar a quienes fueran a abrir un negocio en Madrid para pedirles dinero a cambio de, con sus gestiones ante determinados funcionarios, acortar los trámites e incluso lograr una decisión favorable. Según el juez, 19 locales y edificios se beneficiaron del trato de favor. La juez imputa ahora 12 delitos a García y otros 12 a Castillo. Al presunto cerebro de la trama, Victoriano Ceballos, exjefe del área municipal de impacto y análisis ambiental, se le imputan otros 14 delitos.

La trama contaba presuntamente con la colaboración de dos técnicos de la sección de licencias de la Junta de Distrito de Centro, Manuel Álvarez y Fernando Zornoza; y un funcionario del área de disciplina urbanística, Mario Mínguez. Y con otros dos funcionarios, Fernando Ruiz, del área de disciplina urbanística, y José Antonio Jodar, de la Concejalía de Urbanismo. La imputación de todos ellos ha sido mantenida por la juez que, sin embargo, ha sobreseído la causa contra Juan Luis Esteban, jefe de la sección de licencias de Tetuán.

El hasta hace unos días fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, tachó de “ilógico” en una entrevista a este diario la tardanza en la instrucción de este caso, “que empezó en 2006 y en el que todavía no hay escrito de acusación”.