El PSOE lleva al juzgado el entramado urbanístico de Barbadás

Treinta folios detallando el entramado urbanístico que el alcalde de Barbadás (Ourense), el baltarista José Manuel Freire Couto, y su teniente de alcalde, Manuel García, han montado desde que asumen competencias en el Ayuntamiento de Barbadás, zona de expansión de la capital. El PSOE registró ayer en el juzgado ourensano una denuncia contra ambos dirigentes municipales del PP por presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Freire y García se han hecho con patrimonios que superan holgadamente el millón de euros en bienes inmuebles y la semana pasada aprobaron con sus imprescindibles votos en pleno, pese a la advertencia de los grupos de oposición de que podían incurrir en prevaricación, una modificación de un área de reparto en la que ambos tienen propiedades. Gracias a sus votos como políticos sus propiedades como inversores obtuvieron mayor edificabilidad. La secretaria municipal, Silvia Alonso, avaló la decisión de los dos demandados asegurando que no era necesario que se ausentaran. La denuncia no solo afecta a los dos principales gestores del Ayuntamiento de Barbadás. El PSOE detalla las actuaciones de otros exconcejales que compatibilizaron política y promoción urbanística en Barbadás y las de la mujer y la hija de Freire Couto, María Jesús Fernández Boo y Alba María Freire Fernández (las empresas inmobiliarias familiares están a nombre de ellas) así como la de un empresario local, Domingo Prieto, también dedicado al sector inmobiliario y hermano de la apoderada de Fernández Boo en la inmobiliaria matriz de la familia Freire, Psicobluster.

Presunto testaferro

El PSOE pide que se investigue la presunta colaboración de Prieto como testaferro del regidor dado que en 2011 firmó un convenio por el que cedió una finca al Ayuntamiento a cambio de compensación del aprovechamiento lucrativo en otra área del municipio. Los socialistas detallan en la denuncia que “curiosamente, una vez cerrado el acuerdo aparece la constructora Mahía-Maexpa como adquiriente de la finca”. Prieto la compró por 402.678 euros y recibió un aprovechamiento “que el Ayuntamiento cifra en 712.199 euros” aunque la parcela fue valorada por 697,174 euros por el aparejador municipal. La denuncia incluye a Ramón López Casas, el socio de Mahía-Maexpa imputado por fraude inmobiliario.