Educación debe 30 millones en ayudas para libros de 2011 y 2012

El curso ha terminado, pero los deberes de la Administración con los centros y la comunidad escolar no están resueltos ni entregados. A la consejera de Educación, María José Català le queda la convocatoria de septiembre. Veinte días después de acabar las clases, no se han convocado las ayudas para libros de texto, mientras las familias se afanan en aprovechar los del curso anterior y los libreros no ocultan su preocupación. A las librerías todavía se les deben varios millones del bonolibro correspondiente a 2011, asegura David Cases, presidente del Gremi de Llibrers del País Valencià. “Ha obligado a muchas librerías a pedir créditos y recortar plantilla”, explica Cases. El AMPA del colegio El Palmeral de Alicante lleva “dos años de penurias”, afirma su presidenta, Marta Martín, porque la consejería no les ha pagado los 31.200 euros que gastaron en gestionar directamente el bonolibro.

Català debe más de 30 millones de euros a libreros y, sobre todo a familias, para libros. FAPA-València ha puesto en marcha una campaña para que reclamen “muchas familias con graves problemas económicos”, que todavía “esperan la cuantía individual de las ayudas del curso 2011-12”. Si no hay respuesta en tres meses, prevén optar por la vía judicial.

María José Catalá dijo el miércoles que la “máxima prioridad” son las becas de comedor y transporte, y que las ayudas para los libros de texto se están revisando según prioridades presupuestarias. Lo cierto es que Educación debe a los colegios públicos de Primaria e Infantil (CEIP) el comedor desde el mes de octubre, que fue cuando, asegura Vicent Ripoll, coordinador de la Asociación de Directores de Primaria e Infantil (ADPI), la Administración hizo el último ingreso. A su centro, con muchos becados, le deben aún 75.000 euros del presente curso.

Tanto a los CEIP, como a los institutos de secundaria (IES) les deben gastos de funcionamiento de casi todo el curso, lo que supone una cuenta pendiente de más de 30 millones de euros. Según el coordinador de la Permanente de Directores de Secundaria, Vicent Bagetto, para un instituto grande, como el que suyo, con más de 100 profesores y ciclos formativos incluidos, esa deuda supone más de 100.000 euros. Sin embargo, la situación es más complicada para los centros pequeños, como La Garrigosa, de Meliana. Su directora, Rosa Cañada, que reconoce dificultades para pagar unas fugas de agua como las que han padecido recientemente, advierte de que lo peor es asumir el gasto corriente, de manera que tienen, porque los recibos impagados generan intereses y acba “la cuenta bancaria en números rojos todo el tiempo”. “Si a principio de curso seguimos así, la situación será equivalente al colapso de 2011”. También la enseñanza concertada tiene pendientes los gastos de seis meses.

Las ayudas a la participación, destinadas a sufragar actividades de asociaciones y federaciones de padres y madres, no corren mejor suerte. Las correspondientes al curso pasado, que ascendían a 608.000 euros no se han pagado y las del presente, cuya convocatoria se ha cerrado estos días, han quedado reducidas a la mitad.

Las escuelas infantiles que escolarizan niños y niñas menores de 3 años, un tramo de enseñanza no obligatorio pero que recibe ayudas públicas por medio del bono infantil, empezaron a cobrar en marzo la partida correspondiente al primer trimestre del curso. María Ángeles Baquero, portavoz de la asociación Som 0-3, que aglutina a unos 30 centros de Valencia y entorno, explica que “antes cobrábamos a los padres y cuando recibíamos el bono infantil, se lo devolvíamos; ahora asumimos nosotros la matrícula y los atrasos de la Administración”.