Los contrarios a la mina de oro reciben con recelo el frenazo oficial al proyecto

“La guerra no está ganada”, pero se trata de una “significativa victoria parcial”. Una “importante batalla” que todos los colectivos contrarios a la mina de oro de Corcoesto atribuyen a la fuerza de la “lucha popular”. La mayoría de los grupos vecinales, plataformas ecologistas, sindicatos y partidos que desde hace un año se van sumando a la oposición a la mina de oro que intenta explotar la compañía Edgewater reaccionaron ayer valorando en sentido positivo, pero con recelo y sin perder la guardia, el frenazo a la tramitación del proyecto que ha dado la Consellería de Industria. Contra todo pronóstico, el departamento que dirige Francisco Conde anunció a última hora del martes que no autorizará la reapertura del viejo filón de Cabana de Bergantiños si la empresa canadiense no “acredita” una “viabilidad” y unos “requisitos ambientales, técnicos y económicos” que actualmente no cumple, a pesar de haber obtenido sin mayor problema hace ya medio año el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente.

La nueva decisión de la Xunta, es un “reconocimiento oficial” de que los planes de Edgewater no se adecuaban a las exigencias, pero según diversos colectivos, el de Industria podría acabar siendo un simple paso atrás para tomar impulso. Un “paripé”, definió Adega; “publicidad” y “papel mojado”, criticó la Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños. Tanto estos dos grupos como Salvemos Cabana o AGE pidieron la paralización definitiva del proyecto y la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental positiva. Junto a los anteriores, el BNG o EU atribuyeron el mérito a la presión ciudadana y advirtieron a la Xunta de que “la pelea va a continuar” hasta que el Gobierno gallego anuncie su no rotundo a las pretensiones “destructivas” y la “aberración medioambiental” de la firma de Canadá. PSdeG, UPyD y varios partidos más se fueron sumando durante el día a la cascada de reacciones.

Salvemos Cabana hizo hincapié en los “riesgos para la salud” que entraña la minería de oro y en la “insolvencia” que la propia Xunta acaba de poner “públicamente en evidencia”. Este colectivo lleva meses elaborando comunicados en los que alerta del peligro que supone la mina para sectores fundamentales en Bergantiños como el agrícola, el ganadero o el marisquero.

Desde diciembre, la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) sacó a la luz tres informes científicos que evidenciaron la relación entre la contaminación por arsénico en la cuenca del Anllóns con la actividad minera en Corcoesto (Cabana). La semana pasada, la Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños hizo público uno más, realizado ex profeso sobre el proyecto de Edgewater por catedráticos de Santiago y Vigo. No tuvieron que pasar más de cinco días para que la Xunta rompiese su silencio respecto al polémico filón.

El presidente de la SGHN, Serafín González, ha logrado cosechar a través de la plataforma Change.org más de 233.000 firmas en contra de la megaminería contaminante en Galicia y de 32.000 para que Barclays Bank y Credit Suisse no financien la mina de Corcoesto. Todo ello, sumado al interés que ha suscitado el caso en la UE, ha podido pesar también en la última decisión de Industria.

Pero la masiva manifestación (12.000 personas, según la policía nacional) contra la megaminería que tuvo lugar en Santiago en junio fue la que marcó claramente un cambio de actitud en el Gobierno de Feijóo con respecto al plan de Edgewater, paradigma de los grandes proyectos de compañías mineras foráneas en Galicia. Desde entonces, el presidente realizó declaraciones en las que se podía entrever que la canadiense ya no tenía un futuro tan diáfano. Ayer, en la COPE, Francisco Conde se reafirmó en el anuncio del día anterior: “El proyecto no cumple con los requisitos técnicos y económicos necesarios para asegurar su viabilidad y su solvencia”.

En una reunión que tuvo lugar el martes, la consellería exigió a representantes de la minera que demuestren “una solvencia mínima del 25% de fondos propios sobre la inversión del proyecto” (más de 27 millones sobre 110) y “un compromiso en firme del resto de la financiación”. También pidió “documentación que acredite la capacidad técnica de la empresa”. Según el propio Conde, Edgewater, de momento, no se ajusta. Pero ayer la compañía aseguró sentirse “satisfecha” tras la reunión con Industria, y se mostró segura de poder “cumplir”.