La Junta limita ahora el pago de la defensa a los cargos que sean absueltos

La Junta de Andalucía da una de cal y otra de arena a los altos cargos y funcionarios de la Administración regional a los que la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, imputó la semana pasada. El Gobierno andaluz, por un lado, ha decidido recurrir el auto en el se imputaba a estas 20 personas, entre las que están la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y el actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano. La de arena ha llegado este miércoles de la mano de Susana Díaz, consejera de la Presidencia, quien se ha mostrado partidaria de que la Administración solo costee la defensa judicial de los cargos y funcionarios que resulten absueltos.

La Junta había abierto el martes la puerta a la asumir las minutas, una opción que se recoge en una normativa autonómica que data de 2000. Pero la socialista Susana Díaz, ha entornado esa puerta este miércoles al vincular esa posibilidad a que los afectados sean absueltos en la causa. "Lo razonable y lo lógico", ha dicho, sería que la Junta costee la minutas de los abogados de los altos cargos y empleados que "resultaran inocentes" al final del proceso judicial.

Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta, ha ido un paso más allá y ha dado directamente un portazo. "A nadie se le va a pagar los abogados", ha declarado a este periódico. El vicepresidente ha insistido en que ninguno de los 20 cargos y funcionarios imputados por Alaya ha solicitado que se le abone su defensa. A nadie se le concederá esta posibilidad “a priori”, ha añadido. Lo que no ha descartado Valderas es que, "en su momento", el trabajador de la Administración o cargo que sea absuelto pueda solicitar que se hagan efectivos "sus derechos como funcionario".

El reglamento de organización del Gabinete Jurídico de la Junta, que data del 26 de diciembre de 2000, recoge la posibilidad de que "las autoridades y personal al servicio" de la Administración regional sean defendidos por los servicios jurídicos de la Junta cuando estén imputados en una causa judicial que se siga contra ellos "siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores". Dentro de esta categoría podrían estar algunos de los 20 últimos imputados a los que Alaya achaca indicios delictivos en el procedimiento administrativo que amparaba el fondo de los ERE.

A esta normativa se remitió el martes el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, tras ser interrogado por los periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz asuma la defensa de los directivos y funcionarios. Vázquez circunscribió este asunto a "una cuestión normativa". Pero aseguró que se deben cumplir dos requisitos: que los imputados sigan dentro de la Administración y que soliciten acogerse a esta cláusula. Además, para que la Junta pague su defensa sería necesario un informe previo del Gabinete Jurídico de la consejería de la que dependan.

Díaz ha añadido este miércoles una cuarta condición al apuntar que "esa defensa jurídica solo sería entendible en aquellos casos, en aquellos supuestos, en que sean declarados inocentes". Lo paradójico en este caso es que los letrados del Gobierno regional ya están personados en la instrucción, pero como acusación.

Otras comunidades autónomas tienen reglamentos parecidos al andaluz. Es el caso de Galicia. En Santiago también se produjo una fuerte polémica ante la posibilidad de que el Ayuntamiento costeara la defensa de un concejal imputado en el caso Pokémon. El Consistorio, que también había puesto como condición que el edil fuera declarado inocente, había aceptado sufragar las minutas. Pero, tras la polémica, el concejal anunció que renunciaba a esta posibilidad.

En el caso de los ERE no hay constancia de que alguno de los 20 cargos y funcionarios imputados por Alaya haya pedido acogerse a esta opción. Al menos cuatro de ellos siguen en la Administración: el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano; el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; el director de Idea, Antonio Valverde; y Juan Alonso Luque, interventor delegado de Empleo.

Lo que sí ha decidido ya la Junta es arropar a estos cargos y a los otros 16 imputados por Alaya la semana pasada a través de un extenso recurso contra el auto de la juez. La masiva imputación de altos responsables de tres consejerías causó un terremoto interno en el Ejecutivo autónomo. Y ahora la Junta contraataca con artillería jurídica, mientras que la Fiscalía Anticorrupción se mueve entre dos aguas.

La decisión de Alaya causó estupor en los mandos imputados, dado que la juez veía indicios de criminalidad en su actuación conjunta porque todos ellos pecaron de inacción al no alertar del procedimiento para el pago del fondo de los ERE a través de las transferencias de financiación.

La decisión de recurrir no ha venido acompañada de un paso al frente por parte de la Junta. Es decir, el Ejecutivo no ha sacado pecho para defender sus argumentos jurídicos. El martes Miguel Ángel Vázquez sostuvo que, "inicialmente", la Junta no tenía planeado recurrir. Sin embargo, en paralelo a esta negativa los servicios jurídicos de la Junta habían trabajado de manera concienzuda un extenso recurso de nada menos de 120 páginas (20 del recurso en sí, acompañado de un centenar de páginas de documentación y jurisprudencia en apoyo a sus tesis jurídicas).

Los argumentos inciden en varias vías, pero uno de ellos insiste en la falta de motivación expuesta por Alaya. La Junta replica a la juez que al estar el procedimiento judicial tan avanzado, debe explicar de manera más profusa los hechos que les imputa a sus altos mandos, dado que esa inconcreción les genera indefensión. El Ejecutivo se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, que exige a los jueces instructores un esfuerzo de motivación cuando las investigaciones están avanzadas. Además, el Ejecutivo recuerda que si los recursos de los propios imputados prosperaran, de la ulterior nulidad saldría perjudicada la propia Junta como acusación particular.

Otro argumento contra el auto es la infracción del principio de legalidad porque al estar incluida la partida 31L en las partidas presupuestarias durante una década (2001-2010), su cuestionamiento implica el de la ley de Presupuestos.