La naviera del ‘Prestige’ alega que con la fianza ya pagó por el desastre
La empresa no pagará un céntimo más por “un derrame accidental”, asegura el abogado
La empresa propietaria del Prestige, la liberiana Mare Shipping, a través de su aseguradora británica, depositó hace ya una década una fianza de 22,77 millones de euros en el juzgado de Corcubión. Una cifra que corresponde al 3% de las 77.000 toneladas de fuel pesado que llevaba el viejo petrolero y que vertió al mar al accidentarse frente a Fisterra en noviembre de 2003. Y no está a dispuesta a pagar un céntimo más por “un derrame accidental limitado” que las autoridades españolas, “por su negligencia”, convirtieron en “una contaminación masiva”, aseveró ayer el abogado de la naviera Santiago Zabaleta.
Es el Estado español, a la vez demandante y acusado en el macrojuicio de la catástrofe que termina hoy en A Coruña, “el responsable del 97% de los daños causados, verbalmente desde el 13 de noviembre” al ordenar el alejamiento del barco nada más accidentarse “y materialmente desde el día 14”, cuando tomó el mando del buque e impuso el rumbo hacia mar adentro que acabó por romperlo e hundirlo tras seis días de travesía errática. “El Prestige, a medida que se iba rasgando, se puso a soltar la ostia de fuel, convirtiéndose en un león suelto que era, desgraciadamente, de fabricación nacional”, describió Zabaleta en sus conclusiones finales, valiéndose de expresiones utilizadas por cargos o funcionarios del operativo de Salvamento. “España fue víctima de sus servidores negligentes”, remachó en alusión al exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors, en el banquillo junto al capitán Apostolos Mangouras.
Maraña empresarial
El abogado de Mare Shipping consideró “un fraude de ley” que España, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, pretenda “saltarse” el convenio internacional de 1992 que limita las responsabilidades en caso de derrame de hidrocarburos. Mare Shipping, “la armadora” del Prestige según aseguró ayer el letrado, ahondando en una confusión patrimonial sobre la propiedad y operadora del viejo petrolero que denunció la Fiscalía como una arma para eludir responsabilidades, es la única sociedad del enrevesado y escurridizo entramado empresarial del barco que está en este proceso judicial. La aseguradora británica The London P&I Club “no vino a este juicio porque no le quedaba nada más que hacer”, tras depositar los 22 millones de fianza en 2003, afirmó Zabaleta.
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