El pago del comedor golpea a familias sin medios con colegios lejos de casa

“¿De dónde voy a sacar yo 90 euros mensuales para pagar el comedor de mi hija?”. Jorge Pérez, viudo, en el paro y con el único ingreso de la ayuda familiar, es uno de los 20.000 progenitores gallegos a los que el decreto del copago que pone en marcha sin respaldo social la Consellería de Educación ha expulsado de la gratuidad de este servicio público.

Una imposición que la Xunta coló de rondón a finales de mayo —sin tener en cuenta el rechazo del Consello Escolar de Galicia— cuando notificó a los centros escolares la imposición del pago del precio máximo por menú, de 4,5 euros diarios, a los alumnos matriculados en un centro que no sea el del área de referencia más próxima a su domicilio. Y Miranda, la hija de Jorge, ni está empadronada en Ourense, en donde sin embargo vive y lleva estudiando toda la Primaria en el mismo centro, ni puede conseguir plaza en el colegio del municipio de Coles, residencia de su abuela paterna en donde consta que tiene su vivienda: cuando Educación anunció esta medida ni siquiera había plazas ahí. Pero aún en el caso de que las hubiera ningún familiar podría hacerse cargo de la niña en el pueblo: su padre, su hermana mayor, casada, y sus abuelos maternos viven en Ourense.

La desesperada situación en la que se encuentra Jorge Pérez no tiene nada que ver con el argumento que esgrimió Educación para justificar este recorte destacando que así forzaba la colaboración de las rentas más altas en la sostenibilidad del sistema educativo. De momento, como ya anunciaron los sindicatos cuando dieron la voz de alarma sobre el decreto, este desangra justamente a las familias económicamente más débiles.

Pérez aún no sabe cómo hará para pagar los 90 euros mensuales que le costará el comedor de su hija en el colegio público ourensano Manuel Sueiro. La niña, de nueve años y huérfana de madre, no percibe pensión de orfandad y su padre tiene como único ingreso la ayuda familiar. El apresurado anuncio del decreto del copago del comedor escolar la obliga a permanecer en ese centro y no tiene en cuenta su renta familiar. “Si fuera así nos saldría completamente gratis”, sentencia el progenitor.

Él y la niña viven en Ourense pero están empadronados en el municipio próximo de Coles, residencia de la abuela paterna, un requisito que les garantiza la prestación de la ayuda de la dependencia de la anciana. Así que aunque Miranda tenga derecho por renta al comedor escolar gratuito la Xunta le arrebata esa posibilidad al imponer la nueva condición: la obligatoriedad de que los alumnos estén matriculados en el centro del área de referencia más próximo a su domicilio. Un dardo envenenado que alcanza de lleno a la familia Pérez.

No es la única. Alarmada porque cerca de 20.000 familias más se verán afectadas por este nuevo decreto, la Confederación Galega de Asociaciones de Nais e Pais (Confapa) pidió la semana pasada a la Consellería de Educación que demore un curso más su entrada en vigor. La Confapa alertaba de que el anuncio de los nuevos baremos se produjo cuando ya estaban las matrículas cerradas en todos los colegios. Pero la consellería no se plantea hacer ninguna modificación. “Se aplicará el decreto como se ha anunciado”, ha asegurado a este diario un portavoz oficial de Educación.

Mientras la Confapa se pregunta por qué la consellería impone un precio de 4,5 euros por un menú diario por el que este departamento de la Xunta solo paga 2,40 euros en el caso de comedores con menos de 75 alumnos, los padres afectados esperan ya solo una resolución judicial que, explica Pérez, “garantice la gratuidad del comedor a quienes realmente lo necesitamos”. Solo en el colegio Manuel Sueiro de Ourense son varios los casos de familias afectadas que no pueden hacer frente a un gasto que se multiplica por el número de hijos. Algunos padres han acudido en busca de ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ourense. El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, anunció el pasado marzo, en la sesión de control al Gobierno, que su partido acudiría a los tribunales para intentar tumbar este decreto, convencido de que vulnera la Constitución.