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El TSJ ratifica la nulidad del plan que destruyó la huerta de La Punta

El programa urbanístico lo promovió el puerto de Valencia para ejecutar la ZAL

Los vecinos del Marítim exigen a Barberá que consensúe la ordenación del litoral

Los vecinos del Marítimo, fuera del Tinglado 2 del puerto, reivindican el litoral como espacio público
Los vecinos del Marítimo, fuera del Tinglado 2 del puerto, reivindican el litoral como espacio público

Vecinos y agricultores de la pedanía de La Punta, en Valencia, fueron desahuciados hace 14 años de sus propiedades para que se pudiera construir la Zona de Actuaciones Logísticas (ZAL) del puerto. Más un centenar de familias fueron trasladadas de sus casas de forma forzosa y se destruyeron 750.000 metros cuadrados de una de las mejores huertas litorales de Europa gracias a un plan especial urbanístico que fue anulado en 2009 por el Tribunal Supremo y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha vuelto a declarar ilegítimo ahora, informó el colectivo ciudadano Per l’Horta.

Según la plataforma, el plan especial, promovido a finales de los noventa por la Autoridad Portuaria con el beneplácito del Ayuntamiento y aprobado definitivamente por la Generalitat en 1999, fue anulado una década después por el Supremo porque carecía de informes preceptivos sobre su impacto medioambiental. Tanto el alto tribunal como el TSJ exigen que se redacte un nuevo plan y se anulen los remedos que el entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, realizó en 2009 para que no se detuviera.

“La Zona de Actividades Logísticas sigue vacía diez años después del derribo de la última alquería. Ha quedado demostrado que no hacía ninguna falta al puerto destrozar la huerta de la Punta, como en su día denunciamos”, señalan las asociaciones de vecinos del litoral de Valencia en un comunicado. Las asociaciones de vecinos de Grau-Port, Natzaret, Amics de la Malva, Vilanova del Grau, Patacona-Vera y Port Saplaya se manifestaron ayer junto al Tinglado 2 del puerto —el Ayuntamiento no quiso cederles el recinto— para reivindicar que el litoral urbano sea un espacio público que puedan disfrutar los vecinos.

Estos barrios se sienten castigados por la concentración de grandes eventos en sus distritos —Fórmula 1 o Copa del América—, declararon los presidentes de Grau-Port, Vicent Lamas, y de Natzaret, Julio Moltó. La ordenación urbanística del litoral está supeditada a estos eventos. “El circuito está abandonado y expoliado. Lo que significa que si se celebra de nuevo la carrera habrá que invertir para acondicionarlo. Es un dineral para los valencianos”, dice. Y además, hipoteca el desarrollo urbanístico de la zona. Por ejemplo, el parcial del Grau-Cocoteros está diseñado en función de la fórmula 1. “Parecemos el Bronx de Valencia”, apuntó Lamas. Con ellos estuvieron los ediles Isabel Dolz (PSPV), Consol Castillo (Compromís) y Amadeu Sanchis (EUPV), que criticaron al gobierno local por torpedear la participación de los ciudadanos.

A pocos metros de la protesta ciudadana, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la consejera de Educación, María José Catalá, visitaron con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, la Marina. Valencia será subsede olímpica de Vela si Madrid organiza los Juegos Olímpicos de 2020.