La lección más amarga de las academias

En el circo de los centros de formación de Andalucía hace mucho tiempo que crecieron los enanos. Fue cuando todavía había muchos cursos que impartir pero el Gobierno autonómico dejó de pagar. Las deudas se fueron acumulando hasta llevar a la asfixia a muchas academias. Ahora ese problema, que todavía existe, es solo uno más. La crisis ha frenado en bloque todos los cursos de formación subvencionada. Ya no es que no se paguen es que han dejado de existir. La oferta de empleo público también se ha parado, con lo que el número de alumnos que se preparaban para las oposiciones se ha reducido considerablemente.

La desesperación llegó hace tiempo a las aulas que dirige Jesús Martín, presidente a su vez de la Asociación de Centros de Enseñanza Profesionales de la provincia de Cádiz (Cecap Cádiz). “Las deudas de la Junta llegan a 2009. Hay recibos de entonces”, sostiene con firmeza. “Así no se puede seguir”, añade. Él resiste. Aunque ve que todo alrededor se desmorona. “Han cerrado muchas. Y seguirán cerrando. Antes éramos casi 40 academias asociadas, ahora somos 25”. El drama de sus compañeros es el suyo como presidente del colectivo.

Todo empezó en 2007. “Siempre se ha pagado tarde pero que cobrábamos era seguro”. Lo habitual era que los centros de enseñanza recibieran antes de cada curso el 75% del importe. Un dinero que servía para comprar el material, preparar las lecciones y organizar el año entero. Cuando había terminado, la Junta pagaba el otro 25%. Pero desde ese año comenzaron los retrasos. Al principio, lo que tardaba en pagarse era esa cuarta parte. Pero después empezó a dejarse de abonar el adelanto del 75%. “Seguían contratando cursos pero no los pagaban”.

Según datos de Cecap Andalucía, la Junta debe algo más de millar y medio de centros de formación privados de la comunidad unos 100 millones de euros. De estos negocios dependen ahora mismo unos 4.000 empleos. Las academias privadas solían quedarse con el 30% de las subvenciones para programas de formación a desempleados de Andalucía. En 2011 se calculaba que dieron cursos a unas 80.000 personas. Jesús Martín es tajante. “La formación subvencionada ha dejado de existir. No hay. Ni para trabajadores ni para desempleados”. La dirección regional de esta asociación ya ha alertado varias veces que el dinero para la formación que recibe la Junta, procedente de fondos europeos o estatales, ha sido desviada. “Queremos que se aclare dónde está ese dinero”.

La falta de nuevos cursos se suma a la escasa oferta pública de empleo, lo que ha llevado a numerosas academias, sino a cerrar, sí a aplicar drásticas regulaciones de empleo. Entre los que no pueden pagarse los centros de formación para prepararse unas oposiciones y los que aguardan a grandes convocatorias de empleo, el número de alumnos en estas aulas se ha reducido en un porcentaje que oscila entre el 50 y el 70%.

La asociación que agrupa estos negocios cree que hay una posible salida dentro del pozo. Y son los requerimientos de la Unión Europea a obtener un certificado de profesionalidad para poder trabajar en cualquier país miembro. Hasta la reciente reforma del Gobierno de Rajoy, los certificados se podían obtener en centros públicos o privados homologados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y las comunidades autónomas. Eran gratis. Pero en marzo se acordó la posibilidad de que el trabajador pudiera pagar por recibirlos en Internet o con cursos presenciales en estas academias privadas.

La queja de la Cecap es que el SEPE todavía no ha establecido los requisitos que tienen que cumplir las plataformas de teleformación o los certificados de las lecciones presenciales. “Ahora, por fin, tenemos alumnos interesados en poder obtener estos títulos, aunque sea pagándolos ellos mismos. Es una fuente de ingresos que está parada por la indefinición de las administraciones”. Es un problema estatal con una complicación extra en Andalucía, ya que las competencias de estos centros de formación ya no dependen de Empleo sino de Educación. “Cuando vamos a la Consejería de Educación preguntando por los certificados de profesionalidad, hay funcionarios que no saben de qué les estamos hablando”, se queja Jesús Martín.