48 falsos empleados detenidos por un fraude a la Seguridad Social en Castellón

1.206.081 euros. Este fue el montante defraudado a la Seguridad Social por 48 falsos empleados, que obtuvieron de forma irregular subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Lo han anunciado este viernes en rueda de prensa la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y la Policía Nacional, que arrestó a los supuestos trabajadores en Castellón y les mantuvo detenidos durante la última semana para que prestaran declaraciones. Una empresaria responsable de una mercantil también fue arrestada en Úbeda (Jaén). Todos están ahora en libertad a la espera de juicio.

Los supuestos trabajadores habían sido dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de contratarlos para que obtuviesen las prestaciones o ayudas, que podían llegar a más de 26.000 euros. Pagaban entre 400 y 3.000 euros para ser contratados y así poder optar a las prestaciones. En algunos casos, tenían la promesa de recibir un sueldo para toda la vida, según ha destacado el subinspector de la Comisaría Provincial de Castellón, Pedro Cervantes.

Del dinero defraudado, 665.151 euros representan impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que 540.929 euros corresponden a los subsidios percibidos ilícitamente del SPEE por parte de los supuestos trabajadores.

La investigación se inició tras detectarse por parte de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas. A través de las gestiones policiales y de la obtención de declaraciones de trabajadores, se descubrió que se trataba de un entramado empresarial en el que sus administradores tenían urdido todo un plan fraudulento que se convirtió en su modus vivendi. El 90% de ellas ni siquiera tenían domicilio social, según ha señalado Cervantes.

Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, ninguna de las mercantiles pagaba las cuotas de seguros sociales de los falsos empleados. La deuda acumulada supera en un caso el techo permitido, convirtiéndola en un delito penal.

En la primera fase de la investigación, concluida el pasado mes de mayo, 36 personas fueron detenidas, entre ellas los administradores de las mercantiles ficticias y un gestor autorizado del denominado Sistema Red, por el que se agilizan los trámites por internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social. Entre los detenidos en esta segunda fase están 15 españoles, 24 marroquíes, un checo, un senegalés, un colombiano, un argelino, dos nicaragüenses y tres rumanos.

Cervantes ha sostenido que la operación fue “compleja” y no descarta que se produzca una tercera fase, con detenciones de implicados en nuevas tramas. El jefe territorial de la Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana, Eusebio Ortiz, ha asegurado que hay en marcha al menos 20 investigaciones más sobre empresas ficticias solo en la provincia de Castellón.

Para la delegada del Gobierno, este tipo de fraude a la Seguridad Social no solo es un delito, sino una muestra de “insolidaridad”, ya que afecta a “aquello que se ha creado entre todos los españoles”. “Cuando la Seguridad Social pierde recursos, pierden los trabajadores, los jubilados, los pensionistas y, en definitiva, los ciudadanos honrados y que cumplen con la legalidad”, ha subrayado Sánchez de León.

Ha destacado, además, que la operación fue exitosa gracias a la colaboración “estrecha y eficaz” entre las distintas Administraciones, “que ha existido siempre, pero se ha intensificado desde que se firmó un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior para sumar esfuerzos en la lucha contra el fraude”.