El fondo para mareas negras recrimina a España despilfarro en el ‘Prestige’

Para el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (Fidac) son muchas las Administraciones, empresas y particulares que pretenden cobrar por la catástrofe del Prestige reclamaciones “oportunistas o aprovechadas”, e incluso falsas. Pero este organismo encargado de compensar los gastos y pérdidas causadas por mareas negras —excluidos los daños medioambientales— considera especialmente sangrante la excesiva factura que presentan España y, en menor medida, Francia. El Gobierno de Aznar desembolsó dinero sin ton ni son, de forma “nada razonable y ajena al principio de eficiencia del gasto público” para prevenir, limpiar y reparar el impacto de las miles de toneladas que vertió el viejo petrolero, acusaron los letrados del Fidac en sus conclusiones, ayer en el juicio de A Coruña.

Los abogados advirtieron que la “desproporcionada” reclamación de España (970 millones sin contar daños ambientales) “puede restar” las cantidades que deben cobrar “las víctimas reales” de la catástrofe, indicó el letrado Mikel Garteiz. “Son más de 30.000” y de momento, según el reparto provisional del fondo internacional, solo les quedaría un tercio de los 171 millones de euros con los que cuenta en total para indemnizar el desastre. El Fidac rebaja a 300 millones los gastos justificados del Gobierno español. Muchos de los costes y actuaciones abonadas por el Ejecutivo nada tenían que ver con la marea negra, afirmó la abogada del Fidac Julia García, sino que sólo buscaba paliar, en medio de la gran contestación que suscitó su gestión de la catástrofe, “riesgos o daños mediático-político y social”. Hubo gastos “suntuarios e inaceptables” como la larga lista de comisionados, “embajadores” y otros cargos creados para “luchar contra la contaminación en el plano institucional”.

Al igual que los peritos de este organismo internacional, censuró los 216 millones que pagó el Estado en compensaciones “políticas” al sector pesquero y marisquero, por ser “ajenas al daño y pérdidas reales” provocadas por el Prestige. El Fidac sólo ve justificados 45 millones por ese concepto. Duros también fueron los reproches por la compra y despliegue de monumentales cantidades de barreras anticontaminantes cuando las sucesivas mareas negras ya habían teñido la costa o para extender donde eran completamente inútiles. “Sabía que ese gasto no iba a ser eficiente y tenía que haberse empleado en otras cosas”, censuró García. Y en el mismo paquete incluyó los 109 millones que le costó a España extraer fuel del pecio, “un desembolso desproporcionado porque era casi nulo el riesgo de vertido, sólo se buscó paliar riesgos mediatico-políticos y sociales”.

El Fidac ya adelantó 120 millones del total disponible para esta catástrofe. Y se reserva ejercer su derecho a reclamar la devolución de parte de los 115 que ya pagó al Estado español en caso de ser condenado el exdirector de Marina Mercante. España y Francia forman parte de los 112 países sometidos al convenio internacional que fija las responsabilidades en caso de derrame de crudo. Y sus abogados lanzaron una advertencia tanto al tribunal de A Coruña como a los dos Estados: el fondo para mareas negras “puede desaparecer si un país miembro lo cuestiona”. “Es un imperativo para este tribunal”, incidió Garteiz, atenerse al método de cálculo del Fidac: “No hacerlo es permitir el enriquecimiento de unos a costa de las víctimas reales”.