El juez cita como testigos a Gordó y a cuatro ex altos cargos por el ‘caso ITV’

Enric Anglada, el magistrado que investiga el caso ITV —la presunta trama que intentó amañar una adjudicación pública en beneficio propio— ha tardado apenas 24 horas en acordar casi todas las diligencias que le habían pedido la fiscalía y las defensas de los cinco imputados. El juez ha acordado tomar declaración como testigo al consejero de Justicia, Germà Gordó, y a otros cuatro ex altos cargos de la Generalitat para que arrojen luz sobre la gestión del sector de las ITV.

Los hechos investigados datan de la pasada legislatura, cuando Gordó ejercía de secretario del Gobierno catalán y coordinaba los servicios jurídicos. Estos debían lidiar con el conflicto judicial abierto entre las empresas del sector de la inspección técnica de vehículos. En el sumario del caso figura, además, una llamada de Gordó al hombre designado por la Generalitat como “mediador” en el sector, Josep Tous.

Además de Gordó, declararán como testigos el exconsejero de Industria Francesc Xavier Mena; el ex subdirector general de Seguridad Industrial Albert Roig; el ex director general de Patrimonio Jacint Boixasa; y el exdiputado del Parlament Eudald Casadesús, que ahora ejerce como delegado del Gobierno en Girona. La lista de testigos se extiende a dos abogadas de la Generalitat (Rosa Solero y Silvia Quesada) y a los empresarios Joaquín Ruiz (Revesa), José María Arnau (Atisae), Joaquim Coello y Fernando Basade (Applus) y Romà Miró (Certio).

En su interlocutoria, el juez rechaza la petición de las defensas de archivar el caso y ratifica que hay indicios para continuar la investigación. Los imputados en el caso ITV son Josep Tous; el ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol; y los empresarios Sergio Pastor, Ricard Puignou y Sergi Alsina. Este último es amigo íntimo del dirigente nacionalista y pagó 200.000 euros a su mujer, Anna Vidal, por “asesoramiento” en una reconversión industrial.

Si llega a juicio, el caso será visto por un jurado popular, que deberá decidir si Pujol cometió tráfico de influencias. Hace unos días, el juez afirmó que existen indicios de que la trama trató de tumbar una adjudicación de ITV del tripartito para lograr, a través de la empresa Upprime Energy, un concurso a su medida. El magistrado considera que Pujol es el “vértice” de la trama y usó su “peso político” para lucrarse personalmente con las adjudicaciones. La resolución de ayer subraya que, en esta fase, la imputación “es de hechos y no de ilícitos penales”, aunque aventura que puede tratarse de un delito de tráfico de influencias “en cadena”, en el que “algunos de los funcionarios influidos no necesariamente han de saber que lo están siendo”.

El juez rechazó, sin embargo, la petición del sindicato Manos Limpias de citar como imputados a tres empresarios que ya han declarado en la causa como testigos: Xavier Pujol, consejero delegado de Ficosa, Pedro Navarrete, expresidente de Sony en España, y su mujer, María Jesús Muro.