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Los adjudicatarios de los hospitales no pujan a la baja por falta de competencia

Una sociedad rebajó un céntimo por paciente la oferta inicial del Gobierno

La falta de competencia en el concurso para privatizar la gestión de seis hospitales públicos en Madrid ha tenido una primera consecuencia —más allá de la que puedan determinar los tribunales, tras las acusaciones de “reparto” o “concertación” previa—: la Comunidad de Madrid pagará prácticamente el máximo previsto en los pliegos de condiciones. Las tres empresas que gestionarán los hospitales ofrecieron una cápita (gasto anual por habitante asignado) que solo rebaja en unos céntimos la propuesta por el Gobierno regional. Ribera Salud, por ejemplo, que opta a dos centros, oferta solo cuatro céntimos menos en el de Vallecas —549,35 euros frente a 549,39— y uno menos en el de Arganda —450,06 euros frente a 450,07—.

Sanidad estableció un precio de salida para cada centro, basado en una cantidad fija anual máxima que estaba dispuesta a pagar por cada ciudadano de su área. La oferta económica suponía el 50% de la puntuación total del concurso. Las empresas, en lugar de bajarla para asegurarse estar mejor situadas frente a los competidores, ofrecieron el máximo. Por suerte para ellas, no hubo competidores, así que ayer, tras la lectura pública de las ofertas y una vez comprobadas las características técnicas, la mesa de contratación hizo una propuesta de adjudicación. El Gobierno espera que el cambio de gestión se produzca en septiembre.

El concurso de privatización ha sido polémico desde el inicio. Solo se presentaron tres empresas, y a las tres les interesaban centros distintos, algo que los grupos de la oposición no atribuyen al azar —la probabilidad de esa combinación es del 0,02% según denuncia el socialista José Manuel Freire—, sino a una concertación o un reparto previo. En el concurso, en cualquier caso, no ha habido competencia. Sanitas optaba al hospital de Coslada (es la que rebaja más su oferta, 2,41 euros con respecto a la cápita máxima) y el grupo puertorriqueño HIMA San Pablo gestionará los tres restantes: San Sebastián de los Reyes, Aranjuez y Parla.

La concesión se otorga por 10 años y uno de los requisitos que exigió el Gobierno regional para gestionar estos hospitales, que atienden a cerca de 1,2 millones de madrileños, fue que las adjudicatarias mantuvieran a los 5.200 trabajadores sanitarios actuales. Las tres empresas han ofrecido reservar un 30% del accionariado de las sociedades que se constituyan para los profesionales que estén interesados en adquirirlas.

Una portavoz de Ribera Salud, que se presentó en una UTE con una filial de OHL y otra de El Corte Inglés, explicó ayer que no tenían “ni idea de si iba a haber mucha o poca concurrencia” y que la cifra ofrecida es “la óptima para dar el servicio de calidad pretendido”. Entre las mejoras que han incluido en su propuesta figuran ampliar en 100 camas la capacidad del hospital de Vallecas y habilitar un centro de especialidades en Rivas Vaciamadrid, dependiente del hospital de Arganda para “acercar a los ciudadanos las especialidades”.

Todos los partidos de la oposición criticaron ayer lo que consideran un “reparto”. “Las empresas no tenían incentivos reales para bajar el precio de su oferta, porque sabían de antemano que se les iban a adjudicar los servicios”, señaló Enrique Normand, de UPyD, que considera este hecho “una prueba más de que ha existido un reparto de mercado”. “Ha sido la crónica de una venta anunciada”, afirmó Helena Almazán, del PSM. El diputado de IU Rubén Bejarano lamentó que este tipo de gestión “solo parece interesar a empresas privadas y exconsejeros, porque los ciudadanos han mostrado un contundente rechazo”.

“La Administración presenta unos pliegos de licitación y las empresas se presentan libremente. Si solo se presenta una y cumple las condiciones, lógicamente puede ganar”, explica el profesor del IESE José Ramón Pin. “Es muy difícil demostrar que ha existido concertación previa. Además, no hay ninguna ley que diga que los licitadores no pueden hablar entre ellos. Otra cosa sería que la Comisión Nacional de la Competencia determinara que ha habido cartel, acuerdo entre ellas”, añade.

 

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