El Parlamento amenaza a AGE con el Código Penal por revelar secretos

La comisión de investigación sobre las cajas de ahorros está sirviendo para que PP y AGE sigan polarizando y acaparando el protagonismo de la vida política gallega. Después de que el jueves los portavoces de la formación de izquierdas, Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz, entregasen a los medios de comunicación varios informes declarados secretos por la Mesa del Parlamento, en la que el PP tiene mayoría, ayer la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, emitió un comunicado en el que amenaza con denuncia a los miembros de AGE por un delito de revelación de secretos, penado con entre uno y tres años de cárcel. Si el argumento de la coalición izquierdista es que se deben a los ciudadanos y no al secreto decidido por el PP, el de los populares es que las leyes están para ser cumplidas.

 En el fondo del debate se encuentra la confidencialidad de cientos de documentos con supuesta información sensible sobre las antiguas cajas remitidos por la Xunta a la comisión de investigación. La Asesoría Jurídica del Gobierno gallego los acompañó de un informe de 23 páginas en el que admite que en el Parlamento no hay “ninguna regulación sobre el tratamiento de la información reservada”, por lo que opta por “tomar como pautas interpretativas, por analogía” lo establecido para el Congreso de los Diputados. Y afirma que el carácter reservado de los papeles no solo afectaría a los documentos contables o de planificación de las entidades financieras sino también a los que terceros, como empresas de consultoría, pudieran realizar con esa información.

Pero hoy las cajas ya no existen, sustituidas por un banco público cuya estrategia de negocio poco tiene que ver con ellas. Y los documentos revelados por AGE son precisamente del segundo tipo, informes elaborados por terceros. Es más, su contenido ya fue publicado en los últimos años por varios medios de comunicación. Pero como la Mesa del Parlamento, dominada por el PP, los declaró también reservados amparándose en la argumentación de la Asesoría Jurídica de la Xunta, ahora la presidenta de la Cámara acusa a los miembros de AGE de incumplir sus obligaciones como diputados.

En concreto, el PP apunta a los artículos del Reglamento del Parlamento que obligan a “no divulgar las actuaciones que puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas”. Esto permitió que ayer Rojo amenazase en su comunicado con aplicar otro artículo del Reglamento, el que indica que si la causa del incumplimiento de sus deberes como diputados “pudiese ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia dará cuenta al órgano judicial competente”. Y en este caso, según los servicios jurídicos del Parlamento, lo incumplido podría ser el artículo 199 del Código Penal, que establece de forma genérica que “el que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”.

El comunicado de la presidenta de la Cámara fue emitido casi al tiempo que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificaba la actuación de AGE de “gravísima” por “incumplir la ley” y se mostraba convencido de que “los órganos del Parlamento actuarán en consecuencia”. Y desde el PP su portavoz, Paula Prado, indicó que se tomará “una decisión jurídica y no política” sobre el comportamiento de AGE por parte de “la Mesa de la Cámara, que es el órgano competente en esta materia”. Órgano que está controlado por el PP.

El embrollo jurídico sobre la responsabilidad de revelar los documentos se complica porque las propias consultoras que los elaboraron ya advirtieron en su momento a las cajas o a la Xunta de que los informes eran solo para ellos. KPMG llegó a avisar al Gobierno gallego de que su estudio “no debe ser citado o transferido, ni total ni parcialmente, sin previo consentimiento escrito”. Y le recordaba: “Estos términos han sido acordados con ustedes y no aceptaremos responsabilidad alguna respecto de cualquier otro tercero que pudiera tener acceso al informe”. Esto es, la Xunta sería ahora responsable ante KPMG de que AGE haya revelado esos documentos.

En cuanto a las comparecencias en la comisión, ayer le tocó el turno al director general de Política Financeira, Manuel Galdo, encargado de supervisar las cajas. Según dijo, lo que “torpedea y hunde” a la entidad ya fusionada fue el decreto de febrero de 2011 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que exigía más garantías de capital. Galdo criticó que esa norma “restringe el crédito” y “discrimina entre bancos y cajas”. Pero BNG y AGE censuraron que el PP la apoyó, a lo que Galdo no replicó nada.

Desde AGE, Xosé Manuel Beiras remontó a los años noventa el inicio del interés de la gran banca por “devorar” a las cajas de ahorros en toda Europa y acusó al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez de ser “un delincuente que traicionó al Estado" que "tendría que estar en el trullo”.

También ayer el que fue representante de la Consellería de Facenda en la comisión de control de Novacaixagalicia, Joaquín Caballero, explicó que ese órgano interno tardó casi un año en tener conocimiento de los blindajes previstos en los contratos de sus principales directivos desde que fueron aprobados por el consejo de administración. Esos contratos permitieron que cuatro directivos cobrasen más de 18 millones de euros cuando fueron despedidos.