El expresidente de la CNMV aprecia estafa en la reventa de preferentes

“Indicios de estafa” es lo que ve el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 2004 a 2007, Manuel Conthe, en la venta de participaciones preferentes por las antiguas cajas gallegas. Así lo dijo ayer en la comisión de investigación sobre las entidades financieras, matizando que se refería no a la comercialización inicial de las preferentes sino a cuando ya era evidente su pérdida de valor pero las cajas las recompraban para “enchufárselas” a otro cliente, algo que fechó en etapas posteriores a su mandato.

Conthe comenzó criticando el propio nombre de las “participaciones preferentes”, de las que dijo que se deberían haber llamado “deuda perpetua ultrasubordinada”, para así “asustar” a los posibles compradores y hacerles ver su limitada liquidez. Por ello, Conthe dijo que en su venta “en muchos casos lo que hubo claramente es una insuficiente información y en otros una mala percepción del riesgo”. “Si hubo o no vicio en el consentimiento debe dilucidarse ante los tribunales o en el arbitraje, porque en muchos casos los papeles están en regla”, aseguró, para defender que con él “la CNMV cumplió escrupulosamente su cometido”.

La venta de preferentes se produjo antes de que el 20 de enero de 2010 la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, anunciase con solemnidad que una “auditoría” encargada por la Xunta a la consultora KPMG avalaba la fusión de las cajas, “la mejor opción para Galicia de las posibles alternativas”. Ayer, con las cajas convertidas en un banco intervenido, representantes de KPMG matizaron su trabajo y aquellas declaraciones triunfalistas del Gobierno gallego. Ni fue una “auditoría”, ni estudiaron otras opciones alternativas a la fusión, ni se sienten responsables de que los cambios normativos y la crisis echaran por tierra sus previsiones.

La justificación en la crisis y los cambios legales fue compartida por otras consultoras y por Javier García de Paredes, número dos tanto de Caixa Galicia como de Novagalicia Banco hasta septiembre de 2011. El banquero indicó que inicialmente Caixanova le comunicó que no estaba interesada en una fusión con Caixa Galicia, a la que el Banco de España sugirió a cambio una operación corporativa con Caja Madrid y la CAM. García de Paredes aseguró que su “preferencia siempre fue la permanencia de un proyecto independiente en Galicia” y que el informe de KPMG avaló la viabilidad de la fusión. Pero una vez consumada, “todo el esfuerzo que se requirió de saneamiento” para unir las cajas, dijo, “por obra y gracia del BOE se torna contraproducente” con las nuevas exigencias del Gobierno.

Sobre su sueldo e indemnización cuando dejó la entidad —5,5 millones, más otros 5,1 de su plan de pensiones—, el banquero explicó que él no quería cobrar tanto como finalmente recibió, cantidades que, según dijo, le fueron impuestas por otros directivos y a las que tampoco pudo renunciar luego porque sus compañeros no le secundaron. Y sobre las participaciones preferentes, el exdirigente de Caixa Galicia también eludió responsabilidades, aunque defendió que “en caso de mala comercialización hay que atender esas reclamaciones”. Pese a que los grupos parlamentarios le hicieron ver que hasta el momento ningún directivo de las cajas pidió perdón por ello, García de Paredes tampoco lo hizo.

Del informe de KPMG, los propios responsables de la consultora rebajaron su alcance asegurando que “en ningún caso se trataba de una auditoría”, como la calificó la Xunta, sino un “diagnóstico acelerado” de la fusión. “Nuestro informe no es ni el primero ni el último en el proceso”, destacó Francisco Gibert, para admitir que lo que sí detectaron fue el alto riesgo inmobiliario de ambas cajas, que suponía “cinco veces los fondos propios”.

En la comisión también comparecieron representantes de Price Waterhouse Coopers (PWC) y Deloitte, auditoras de Caixa Galicia y Caixanova, respectivamente. Ambas destacaron que su función era hacer una “foto fija” de la situación de ambas cajas, sin proponer evoluciones futuras, ya que “era la propia entidad la que tenía que tomar sus decisiones”, según PWC. Esta consultora admitió haber estudiado operaciones de integración de Caixa Galicia en “prácticamente toda la geografía” española, “también Caja Madrid y Bancaja”, aunque añadió que la fusión con Caixanova “tenía cartas de viabilidad” que la crisis frustró.

Por Deloitte compareció Carlos Jiménez Lambea, que se limitó a informar de la adecuación de sus auditorías a las cuentas reales de Caixanova y de los primeros meses de la fusión. Sobre las preferentes, tanto PWC como Deloitte atribuyeron a “los gestores” de las cajas la responsabilidad de su emisión y KPMG matizó que la emisión de nuevas participaciones por 351 millones que preveía su informe para mejorar la nueva entidad fusionada era solo una posibilidad. También compareció Ramón Álvarez Nóvoa, presidente de la comisión de control de Caixanova y de los primeros meses de Novagalicia, quien dijo que no preguntó por los sueldos de los directivos porque tenía “mucha confianza” en ellos.