corrupción municipal

La sombra del enchufismo oscurece a Manilva

La negativa de la alcaldesa a dimitir le enfrenta a todos los partidos, a denuncias sindicales y a una investigación judicial

La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, entrando en los juzgados de Estepona en 2011.
La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, entrando en los juzgados de Estepona en 2011.julián rojas

Manilva (14.391 habitantes) es el pueblo más occidental de la línea costera de Málaga. La lejanía de la capital, a unos 100 kilómetros, lo ha acercado tradicionalmente a la provincia de Cádiz, aunque su condición de territorio apartado no lo privó en los buenos tiempos del boom inmobiliario de la Costa del Sol. Sin llegar a los niveles de las vecinas Estepona y Marbella, tras el furor por la construcción, la crisis dejó urbanizaciones vacías y el primer gran caso por corrupción municipal de la provincia.

Pero Manilva es, sobre todo, el pueblo de las deslealtades políticas y su estado habitual es la inestabilidad. Su alcaldesa, Antonia Muñoz —elegida por IU y envuelta en la sospecha de un presunto caso de enchufismo masivo— se dio de baja de la formación el pasado día 22, tras rechazar la petición de dimisión que le hizo la dirección provincial por esas supuestas irregularidades en la contratación de personal y servicios. IU ha tardado más de tres años en reclamarle el acta.

La regidora, que mantiene el sillón, abandonó la formación junto a sus siete concejales. Para gobernar se apoya en un grupo independiente y su salida de IU acrecienta la condición de reino de taifas de este municipio acostumbrado a los sobresaltos.

Un juzgado de Estepona investiga a Muñoz por supuestos delitos contra la Administración pública desde el pasado mandato. A finales de 2009, el comité de empresa del Ayuntamiento denunció la contratación de miembros de la lista de IU, familiares directos de la alcaldesa y parientes políticos de estos. Personas cercanas, afiliados y simpatizantes de la coalición hasta superar los 70 presuntos enchufados. Las diligencias —en las que también está personado el PP local y las instruye el juzgado número 5 de Estepona— sufren la lentitud propia de un órgano judicial colapsado y han derivado en nuevas líneas de investigación por la gestión de la alcaldesa.

Mínima multa en el primer gran caso de corrupción

Manilva fue escenario en octubre de 2005 del primer gran caso por corrupción urbanística de Málaga por un pelotazo urbanístico de 108 millones de euros con supuestas comisiones. El alcalde, el independiente Pedro Tirado (ex GIL), fue detenido, ingresó en prisión preventiva y la policía halló en su casa 762.000 euros en metálico que el edil justificó como donaciones anónimas de los seguidores de su partido. La sentencia de esta causa vinculada a la finca La Parrada, pieza desgajada del caso Ballena Blanca por blanqueo de capitales, se dictó en octubre pasado y el exregidor fue condenado a una multa de 12.000 euros por un delito de cohecho pasivo impropio.

En el juicio no quedó acreditado que esa ingente cantidad de dinero (se localizó amontonado en billetes de 500, enrollados y sujetos con gomas) procediera de un convenio urbanístico. “Por más que podamos albergar la sospecha, incluso vehemente, de que éste haya sido el origen, a la vista del altamente lucrativo negocio” por la recalificación del suelo, precisó el tribunal. Los otros tres acusados, incluido un cuñado de Tirado, fueron absueltos.

Un informe de la Guardia Civil incorporado recientemente al procedimiento concluye la existencia de un “considerable” número de contrataciones que se habrían realizado al margen de la ley. El documento desglosa un interminable listado con aproximadamente 400 casos de distinto tipo: contratos temporales transformados en indefinidos, altas y bajas, gratificaciones o empleos en los que “no consta la función concreta” de la persona beneficiada. Hay afectados que comparten apellidos y se cita un caso, por ejemplo, en el que algún empleado habría llegado a facturar más de 24 horas extra en un mismo día. Los investigadores se apoyan en un informe de la secretaría para concluir que en el periodo investigado, entre 2007 y 2011, solo 49 personas fueron contratadas siguiendo un proceso de selección y “algunos de los criterios de publicidad, transparencia, profesionalidad e independencia”.

La plantilla municipal ronda los 400 empleados, según el comité de empresa, y el gasto en nóminas se eleva a unos 500.000 euros, lo que supone más del 80% del presupuesto anual. En un informe, la Guardia Civil sitúa la deuda del Ayuntamiento en 31 millones de euros. Aproximadamente 20 trabajadores han perdido su puesto en los últimos meses, al parecer, sin negociación. “Se ampara [Muñoz] en el plan de ajuste para despedir, pero no lo lleva a cabo; no tiene en cuenta a los sindicatos, se ríe de nosotros”, dice un representante sindical. Una parte del comité de empresa está enfrentado a la regidora y varios miembros afirman que están “asustados” por la situación.

La alcaldesa ha rehusado hablar sobre su último movimiento político. En el Consistorio dicen que no concederá entrevistas y que cuando tenga algo que decir lo hará a través de un comunicado. La nota emitida por el grupo municipal tras la decisión de darse de baja de IU en bloque, el 22 de junio, hablaba de una “campaña de acoso y desprestigio” por parte de algunos medios y tachaba de “falsas” las noticias sobre las contrataciones municipales.Vincula este supuesto acoso a su militancia en IU. Muñoz y su gente no dudaron un segundo cuando el coordinador provincial, José Antonio Castro, le pidió la dimisión: solicitaron la baja de forma inmediata.

La regidora reconoció recientemente en un programa de televisión (Equipo de investigación, de La Sexta) que había contratado a familiares sin proceso de selección. Su política laboral es realmente curiosa. En agosto de 2012 anunció la convocatoria de 25 plazas para personal de limpieza a través de su perfil de Facebook y, según una denuncia presentada por el PSOE ante la fiscalía, su hija habría sido contratada por una entidad urbanística de conservación presidida por Muñoz debido a su cargo. Este caso se ha añadido a la larga lista que maneja el juzgado.

Pero hay más cosas. La causa también investiga si empresas de la órbita de Muñoz, su marido y un familiar directo, facturaron al Ayuntamiento 666.000 euros por distintos servicios. Según un informe del secretario, una sociedad de la regidora y de su esposo (ella renunció a la administración hace unos meses) habría facturado 4.263 y 6.349 euros a las arcas municipales en sendos recibos emitidos por la entrega de “madera para la quema en la Fiesta de San Juan” de 2009 y 2010. La juez instructora, en una providencia dictada hace un mes, se interesó por el patrimonio del matrimonio y de un familiar tras recibir un oficio de la Guardia Civil que cifra en 988.000 el valor de las propiedades de la regidora, bien en solitario o compartidas con su esposo.

Antonia Muñoz ha sido uno de los personajes destacados en el juego de la silla que practican los políticos desde mediados de la década de los noventa en Manilva, cuando irrumpió el GIL. En 18 años ha cambiado de alcalde en siete ocasiones. Muñoz fue investida alcaldesa por primera vez en 1999, pero perdió el cargo al año siguiente tras una moción de censura promovida por el GIL y el que era su socio de gobierno, el socialista Emilio López Berenguer, que fue expulsado del PSOE. Muñoz recuperó la vara de mando en 2007 y en 2011, cuando ya existía la denuncia por presunto enchufismo, consiguió más votos y más concejales. Gobierna con el independiente López Berenguer y en la página web del Ayuntamiento aún se presenta como concejal de IU de forma ininterrumpida desde 1987. La historia de deslealtades políticas continúa en Manilva.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS