Feria Valencia separa el negocio privado del escrutinio público

El patronato de Feria Valencia dio este miércoles un paso de gigante para separar su negocio típico —la organización de certámenes comerciales—, de la deuda por la ampliación del recinto ferial, a la que está haciendo frente la Generalitat. Es el principio de un cambio de su naturaleza pública, que separará el negocio privado del escrutinio público.

Alberto Catalá, presidente del comité ejecutivo, informó al patronato, que encabeza la alcaldesa Rita Barberá, de que la institución contará con una nueva estructura de empresa —la presentarán dentro de poco— para separar en el balance ferial el inmovilizado —el recinto y la deuda de su ampliación— de la organización de ferias que la dirección espera sacar de los números rojos en un corto plazo de tiempo.

De hecho, Feria Valencia redujo el año pasado sus pérdidas un 41% y, a pesar de ello, cerró el ejercicio con un resultado negativo de 4,5 millones. Los ingresos típicos cayeron por encima del 23% frente a un recorte de gastos del 38%. El recinto reunirá por primera vez en febrero de 2014 los certámenes de Cevisama, Habitat y FIMMA Maderalia, anunció Catalá.

Su naturaleza pública ha llevado de cabeza a Feria Valencia en un caso reciente como el de Teyoland. La entidad ferial cedió a una firma privada un pabellón de 20.000 metros cuadrados sin mediar concurso público y los comerciantes del mueble locales amenazaron con denunciar al recinto por competencia desleal.

Compromís asegura que el PP no ha pagado todavía su congreso de 2008

El caso Gürtel ha salpicado además al recinto ferial valenciano. El ministerio fiscal pidió un contrato suscrito por Catalá con Orange Market, empresa de la red Gürtel. La feria pagó dos facturas por un millón de euros por unos “servicios” prestados en torno a la precampaña de la institución de la feria Habitat 2008.

Al hilo de los cambios, el grupo de Compromís en Valencia exigió al patronato transparencia en la gestión. “Queremos que explique si el PP ya ha pagado la factura de su congreso de 2008”, que tuvo lugar en el recinto ferial, costó medio millón de euros y “casi cinco años después está pendiente de cobrar”.

Compromís insiste en que la Sindicatura de Comptes audite las cuentas feriales y “ponga a disposición del juez Ceres toda la información que éste le requiera en el marco del caso Gürtel”, dijo la concejal Consol Castillo.

La concejal Castillo exige saber qué ha pasado en Feria “porque mucho nos tememos que en breve pueden aparecer noticias en referencia a esta gestión presuntamente irregular”, argumentó.