El Síndic insta a cambiar el programa que obliga a trabajar para recibir ayudas

 El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, insta al Consorcio de Atención a las Personas del Alt Urgell, participado por el Ayuntamiento de La Seu y el consejo comarcal, a modificar las bases del programa de contraprestaciones sociales para los beneficiarios de ayudas porque pueden vulnerar derechos y crear inseguridad jurídica. El programa obliga a las personas perceptoras de ayudas sociales de urgencia a trabajar para los ayuntamientos de la comarca a razón de una hora por cada 15 euros recibidos. Quedan excluidos quienes acrediten tareas de voluntariado o aquellos que certifiquen un deterioro psíquico o físico, siempre que nadie de su familia pudiera sustituirles.

La resolución de la sindicatura, tras una queja presentada por el grupo municipal de la oposición PSC-Progrés, recomienda al consorcio que impulse un proceso de debate, con todas las administraciones con competencias en materia de servicios sociales, para lograr un consenso sobre su contenido y que suprima la obligatoriedad de los trabajos, sin perjuicio de que los mismos puedan ser voluntarios.

Asimismo, el defensor de las personas recomienda que en aquellos casos en que los profesionales valoren la necesidad de realizar estas tareas, se garantice que las actividades que se exijan a la persona se enmarquen y se justifiquen convenientemente en el plan de atención individualizado, que guarden relación y puedan contribuir a mejorar la problemática que da lugar a la intervención social.

Las bases reguladoras objeto de la queja fueron aprobadas el pasado 30 de agosto y entraron en vigor el 1 de octubre. La oposición municipal asegura que la medida no ha funcionado por las dificultades que entrañaba su aplicación, ya que es injusta y crea más exclusión social.

El alcalde de La Seu, el convergente Albert Batalla, ha manifestado hoy que, después de un semestre de prueba piloto, el programa está “en la nevera”, a pesar de que los resultados han sido satisfactorios “para nosotros y para los usuarios”.

El consorcio ha comunicado su intención de introducir algunas modificaciones y ha acordado con el Departamento de Bienestar Social y Familia elaborar unas bases unificadas y más amplias que den respuesta de forma global a cualquier municipio, y resuelvan posibles dudas. No concreta, en cambio, cuáles son las modificaciones que pretende introducir ni las circunstancias o motivos que lo aconsejan, así como tampoco las previsiones de materialización de estos cambios.

El Síndico señala que la decisión de “parar” el proyecto plantea algunos interrogantes, ya que “no queda claro si implica paralizar la concesión de estas ayudas, inaplicar las bases en su conjunto o solo la exigencia de las tareas de colaboración social u otro de los requisitos establecidos”.

Ribó resalta que se ha de tener en cuenta que en este caso, al existir unas bases ya aprobadas, se ha de asegurar que las personas que lo necesiten tengan acceso a las ayudas y que las decisiones resultantes se adopten “en un marco de seguridad jurídica”. “Por tanto”, añade, “conviene que esta situación se regularice lo más pronto posible, ya sea mediante una derogación o una modificación formal de las bases en el sentido que corresponda”.

Por último, la Sindicatura afirma que sería conveniente que el proceso que se inicie permita un debate a nivel técnico y político en profundidad sobre las medidas a introducir para hacer más efectiva la intervención social. “Este proceso”, concluye, “puede ofrecer una oportunidad valiosa para reflexionar y profundizar en la definición, las características y el procedimiento de concesión de las ayudas de urgencia no solo en el ámbito del consorcio, sino desde un punto de vista más general”.