El PP calcula 7.000 millones de ahorro en Andalucía con la reforma administrativa
Diego Valderas reprocha al Gobierno que amenace a las comunidades "con el garrote vil"
![Lourdes Lucio](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbdaa49b2-7e3b-4eba-9f0d-f51da64f156b.png?auth=929ef40926ba8af77640926e0d1fe30f693c41fdb78f0312df666ef10857e953&width=100&height=100&smart=true)
![Diego Valderas (en el centro) tras la firma del Pacto por la Solidaridad.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/AWYIKU4PQSBNM527VYHYUUHPTU.jpg?auth=45d88e59950cd140284687b0e9f9c6ec1423da812fe2a39ccccf684b42762850&width=414)
El Partido Popular de Andalucía aplaude la propuesta de reforma de la Administración planteada por el Gobierno central que, según mantiene la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, generaría un ahorro de 37.700 millones de euros. Los populares andaluces también han hecho cuentas y calculan que si en Andalucía se aplicara la reforma a rajatabla, es decir, siguiera “las recomendaciones al 100%”, la Junta podría conseguir un ahorro de 7.000 millones, según las estimaciones del secretario general del PP, José Luis Sanz.
Sanz no detalló cómo había obtenido este dato y reconoció que no habían analizado el impacto que tendría la aplicación de la reforma en el empleo público. Su opinión es que la Junta de Andalucía tiene “mucho margen” para adelgazar la Administración autonómica donde existen hasta 300 entes públicos, según sus cómputos.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública mostró su sorpresa por la exactitud del cálculo del ahorro del PP, “teniendo en cuenta que en el proyecto no hay ningún apartado relativo a la memoria económica”. Con cierta ironía, un portavoz de Carmen Martínez Aguayo pidió a Sanz que si él sabe de dónde sale las cifras “por favor, que nos la trasladen”. Los 7.000 millones de ahorro estimados por el PP supone el 70% de lo que la Junta gasta en nóminas en un año.
Sin noticias de la FAMP
Los tres grupos parlamentarios se comprometieron alcanzar antes de finales de junio a un acuerdo sobre el Defensor del Pueblo, la elección del director de RTVA por el Parlamento y la renovación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), una institución que no se ha renovado desde las pasadas elecciones municipales de 2011. El PP “ha desistido” de llegar a un pacto en la FAMP porque eso supondría “regalarle” al PSOE la presidencia, dijo José Luis Sanz.
Tampoco ha habido avances para la elección del director general de la televisión y radio públicas por el Parlamento, que, según la ley, requiere mayoría cualificada de dos tercios (72 votos de un total de 109). Sanz culpó de este parón a Izquierda Unida, que gobierna en coalición con el PSOE. Según él, la federación de izquierdas está “ejerciendo una minoría de bloqueo y no tiene intención de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo”. Otras fuentes señalan que es el PP el que ahora no tiene prisas por renovar este cargo que ejerce de manera interina Joaquín Durán.
El único acuerdo ha afectado al Defensor con la elección de Jesús Maeztu en sustitución de José Chamizo.
El PP ha registrado en el Parlamento andaluz hasta 36 peticiones de información al Gobierno en las que reclama datos de los presupuestos de los 36 observatorios que existen en la Junta y la memoria de actividades de estos. El Ejecutivo dispone de 30 días para facilitar la información al grupo popular, según el Reglamento de la Cámara.
Sanz opinió que la poda debe hacerse antes en estos observatorios —entre los que citó el de la calidad de vida de los andaluces, el de la publicidad no sexista, el de la lectura, el de prácticas innovadoras o el de calidad de la formación— que en otras instituciones como el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas entre otros motivos, porque ambas están recogidas en el Estatuto de Autonomía. No obstante, el número dos del PP defendió que la Oficina del Defensor debe ser “más sostenible porque está sobredimensionada”.
Desde el Gobierno, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), censuró que el Ejecutivo central amenace amenace a las comunidades autónomas “con la política de la guillotina y del garrote vil” de vincular su margen de déficit público a la eliminación de organismos autonómicos, informa Efe. Valderas recordó que algunos de los organismos cuestionados en el documento del Ejecutivo y que algunas comunidades autónomas del PP ya han eliminado, como el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas, figuran en el Estatuto de Autonomía andaluz. Según él, se tratan de “tratan de instrumentos de servicio a la democracia” por lo que la Junta de Andalucía llegará “hasta donde tenga que llegar” para defenderlos, incluido el Tribunal Constitucional.
También la presidenta del PSOE de Andalucía, Amparo Rubiales, calificó de “chantaje como la copa de un pino” la pretensión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de ligar la reforma de la Administración a la negociación del fondo de liquidez y el déficit. Rubiales dio la bienvenida a la reforma, pero reclamó “orden y consenso”.
En este sentido, destacó que José Antonio Griñán, propuso hace ocho meses en la Conferencia de Presidentes crear grupos de trabajo sobre la reforma de la Administración y este camino no se ha explorado. Y recordó que el Gobierno de la nación solo puede hacer “recomendaciones” porque las administraciones autonómicas y locales “son autónomas y no están subordinadas al Estado”.
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