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El sindicato médico denuncia a Ignacio González por calumniar a los facultativos

El presidente acusó a la organización en una entrevista televisada de "matonismo y extorsión" Amyts ha presentado el acto de conciliación previo a la querella criminal contra el político

Elena G. Sevillano

Los juzgados siguen acumulando recursos y denuncias relacionadas con el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales que ha iniciado la Comunidad de Madrid. Esta misma mañana la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el sindicato más representativo entre los médicos madrileños, ha presentado en los Juzgados de Primera Instancia la solicitud de acto de conciliación previo a la querella criminal contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por haber acusado a esta asociación de “matonismo y extorsión”.

El sindicato pedirá una indemnización de 48.000 euros, uno por cada médico de la Comunidad de Madrid

González fue entrevistado el día 12 en el informativo de Madrid de Televisión Española. Cuando se le preguntó por los recursos judiciales anunciados o ya interpuestos por el sindicato médico y el Partido Socialista, el presidente contestó aludiendo a "los intentos de matonismo y extorsión de estos señores de Amyts y del Partido Socialista". El sindicato considera que esta acusación supone un delito contra el honor hecho con publicidad que se podría tipificar como de calumnia o injuria. El día anterior a esa entrevista varios medios de comunicación habían recogido el anuncio, hecho en rueda de prensa, de que Amyts preparaba un recurso contencioso administrativo para solicitar la suspensión cautelar del concurso de externalización.

"Es obligado hacer un acto de conciliación primero", explica el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra. A la pregunta de si una disculpa de González sería suficiente para no continuar con la querella, puntualiza: "Tendría que pedir una disculpa en los mismos términos y en los mismos medios en los que se ha producido el hecho, es decir, en la televisión pública. Debería decir que lo retira y lo lamenta. Porque no es cierto, siempre hemos actuado bajo la más absoluta legalidad, haciendo uso de la libertad sindical y el derecho a huelga para oponernos a la privatización". Ezquerra atribuye las declaraciones de González al "nerviosismo" de la Comunidad de Madrid por el hecho de que haya "recursos judiciales por todos lados y una oposición en bloque de todas las organizaciones, tanto políticas como sindicales y profesionales". "Políticamente sería terrible para ellos que el concurso se paralizara y están nerviosos porque han tenido muchas dificultades para que tres empresas se repartieran el pastel de los hospitales y una de ellas ha manifestado sus dudas", añade. 

"Acusar, como ha hecho el presidente de la Comunidad de Madrid, de que Amyts ha intentado "extorsionar” a las empresas que se presentaban al concurso para la privatización de seis hospitales, lo cual según el Código Penal constituye un delito, es lisa y llanamente una calumnia, con la que en sus declaraciones el señor Gonzalez ha tratado de atentar contra el honor de los miembros de Amyts", asegura la organización en un comunicado. "Precisamente el artículo 205 del Código Penal define “calumnia” como la imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad", añade.

El sindicato médico pedirá a González una indemnización de 48.000 euros, un euro por cada uno de los médicos de la Comunidad de Madrid, por las lesiones a su honor. "El importe de esta indemnización será destinado, en su integridad, a sufragar los gastos de procedimiento contencioso administrativo abierto por dicha asociación contra el plan de privatización de la gestión de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid", añade el escrito.

El proceso de privatización sigue su curso. Esta mañana se han abierto las ofertas técnicas presentadas al concurso para gestionar seis hospitales. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha confirmado que las tres empresas que optan  (HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio en el que está presente Ribera Salud) han presentado sus ofertas técnicas que serán ahora evaluadas. Lasquetty ha asegurado que el proceso se desarrolla con "normalidad" y "naturalidad" . 

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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