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Gürtel: un calvario diferido para el PP

La causa de corrupción no deja de sumar imputaciones

Álvaro Pérez, El Bigotes, en su última visita al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.
Álvaro Pérez, El Bigotes, en su última visita al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.

El PP valenciano sufre un calvario diferido con el caso Gürtel. La vasta causa de corrupción forzó la dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat y barrió de la primera línea política a quienes parecían señalados a ocupar las más altas responsabilidades, como Ricardo Costa, ex número dos del PP regional, y Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat. Pero el vía crucis se ha reproducido este año con la apertura de tres nuevas piezas separadas del caso y un ritmo de más de dos cargos imputados al mes. Exsubsecretarios —incluido el actual alcalde de Castellón, Alfonso Bataller—, ex directoras generales, responsables de fundaciones, departamentos jurídicos e incluso gabinetes de comunicación de empresas públicas.

Todos ellos concedieron contratos a dedo a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, troceados de forma que no superasen el límite de los 12.020,24 euros que habría impedido adjudicarlos directamente. Para hacer 15 actos, la Administración autonómica realizó 45 pequeños contratos.

Por ejemplo: para el montaje del Congreso de Software Libre de 2005, la Consejería de Educación contrató por un lado a Orange Market el alquiler y montaje de mobiliario (por 12.020,24 euros) y, por otro, el alquiler y montaje de la moqueta (por otros 12.020,24 euros). El Bigotes cobró 40.080,96 euros por el conjunto del acto, pero dividido en cuatro contratos, de modo que se eludió por una diferencia de céntimos en cada uno de ellos la obligación de acudir a fórmulas administrativas más exigentes y ajustadas a los principios de publicidad y libre concurrencia que rigen la actuación del sector público.

Siendo irregular, el fraccionamiento de contratos no es un delito en sí mismo. Pero si como sostiene la Fiscalía Anticorrupción esa acción fue el medio para dar contratos sin competencia a El Bigotes, los hechos pueden ser constitutivos de distintos delitos contra la Administración Pública, empezando por el de prevaricación.

Desde que empezó el año se dictan cada mes más de dos imputaciones

Todo ello se conocía desde el año 2010. Lo revelaron detalladamente informes policiales y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y esos informes son la base sobre las que se sostienen las imputaciones que están sacudiendo de nuevo la Generalitat.

¿Qué ha pasado en estos tres años? Primero, una falta de iniciativa casi total por parte del Consell y del PP regional. En la etapa de Camps, los informes policiales y de la IGAE fueron menospreciados por el Ejecutivo autonómico, que utilizó a la Abogacía de la Generalitat para rebatir su contenido. Los cargos bajo sospecha fueron mantenidos en sus puestos, y el Grupo Popular se llenó de diputados que ya en 2011 se hallaban abocados a ser imputados (en estos momentos hay nueve en tal situación).

La etapa de Fabra ha implicado un cambio, y se han producido numerosas destituciones. Pero solo después de que los cargos fueran imputados por los jueces, de modo que el gesto no ha impedido daños de imagen tanto al partido en el poder como a las instituciones afectadas. La aplicación de su discurso de tolerancia cero contra la corrupción ha estado, además, salpicada de contradicciones, lo que ha restado eficacia al mensaje.

Al problema diferido del PP con Gürtel también han contribuido la complejidad de la causa, la extensión de la trama corrupta, que alcanzó tres autonomías, y las lagunas en la estructura judicial española que el caso ha revelado. Desde 2009, la investigación ha pasado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Madrid, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Castilla y León, y el Tribunal Superior valenciano. Ello, sumado a las dudas fundadas sobre hasta dónde debía alargarse la competencia de cada tribunal, han hecho que algunas investigaciones —como la pieza separada quinta, la del fraccionamiento de contratos— no hayan empezado realmente hasta hace apenas unos meses.

La red recibió contratos

de 17 departamentos de la Generalitat Valenciana

El informe de la Intervención General del Estado de 2010 también reflejó la facilidad con la que al Bigotes se le abrían las puertas y presuntamente se torcía la ley para complacerlo en 17 departamentos y empresas de la Generalitat. Presidencia, Vicepresidencia, Consejería de Justicia, Consejería de Territorio y Vivienda, Consejería de Infraestructura y Transporte, Consejería de Turismo, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Bienestar Social, Consejería de Sanidad, Agencia Valenciana de Turismo, Instituto Valenciano de Evaluación, Agencia Valenciana de Salud, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), Fundación Luz de las Imágenes, Proyecto Cultural de Castellón, Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) y Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

La red de Francisco Correa se embolsó, entre todos ellos, 7,25 millones de euros. La omnipresencia de la trama parece difícil de entender sin que hubiera una recomendación desde instancias superiores. Pero a lo largo de estos cinco años de investigación, el único imputado que ha señalado en esa dirección ha sido el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, y muy tardíamente.

Betoret ya había sido condenado en el caso de los trajes, acababan de procesarlo en la pieza separada de Gürtel sobre las adjudicaciones de Fitur, y la Fiscalía Anticorrupción había pedido 11 años de cárcel para él cuando afirmó, en un recurso, que el buen recibimiento que El Bigotes tuvo en Turismo respondió, al menos en parte, “al conocimiento generalizado de que el citado gozaba de una estrecha amistad y de toda la confianza del presidente de la Generalitat lo que le convertía en un interlocutor totalmente fiable”.

El auto de apertura sobre las adjudicaciones de Fitur (cinco millones) se espera para las próximas semanas. Y quedan también por juzgar, dentro de la vertiente valenciana del caso Gürtel las piezas separadas sobre la supuesta financiación ilegal del PP en las campañas de 2007 y 2008, el desvío de dinero público en la visita del Papa a Valencia en 2006 y los delitos fiscales cometidos por la trama.

Un territorio marcado por las causas de corrupción

Cooperación. Se investiga el desvío de ocho millones de euros de fondos de ayuda al Tercer Mundo. Entre las dos piezas separadas de las que consta la causa hay imputadas una treintena de personas. La más destacada es Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat, exportavoz del PP en las Cortes Valencianas y todavía diputado del Grupo Popular. Blasco y toda su cúpula en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía han sido procesados en la primera pieza separada del caso por cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Por todo ello, la Generalitat ha pedido para él 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación. Anticorrupción ha elevado la petición de cárcel a 14 años. El diputado está, además, imputado por cinco delitos en la segunda pieza separada (los mismos que en la primera pieza y además el de cohecho), y la fiscalía investiga sus adjudicaciones a la misma trama desde el año 1999.

Brugal. El macrocaso de corrupción política en Alicante tiene una derivada que afecta a la actual alcaldesa Sonia Castedo y a su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos, y que está siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. A Castedo y Alperi se les atribuyen los supuestos delitos de que también son diputados autonómicos, están imputados por supuestos delito de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos. La acusación de la Fiscalía Anticorrupción se resume en que ambos habrían participado en el amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante para adaptarlo a los deseos del más influyente constructor de la ciudad, Enrique Ortiz. Entre los imputados en otras ramas del caso se encuentran José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante y exvicepresidente de la Generalitat, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Y Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela y líder de la oposición popular en el municipio, que hace un año pareció a punto de recuperar la alcaldía mediante una moción de censura.

Carlos Fabra. El más veterano de los políticos imputados valencianos (lleva casi una década), expresidente de la Diputación de Castellón, del PP provincial y del aeropuerto sin aviones situado en el término de Vilanova d’Alcolea, está a la espera de que se señalen las fechas para ser juzgado por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, y cuatro fraudes fiscales. Según la acusación, Fabra hizo gestiones aprovechando su cargo para beneficiar a un empresario al que habría cobrado por ello.

Alperi. El exalcalde de Alicante y diputado en las Cortes Valencianas Luis Díaz Alperi, además de en Brugal, en otra causa que solo le afecta a él y en la que se le atribuyen tres delitos fiscales por haber ocultado cerca de dos millones de euros a Hacienda, y también uno de cohecho pasivo impropio: haber disfrutado sin pagar por ello de un amarre en el puerto de Alicante para un catamarán de 15,4 metros de eslora del que disfrutaba. El uso en exclusiva de ese barco, del que le acusa la fiscalía, sin haber pagado aparentemente prácticamente nada por él, también consta en el sumario, aunque incardinado como uno de los supuestos delitos fiscales que habría cometido.

Emarsa. Los gestores de la depuradora de Valencia y su área metropolitana gestionaron cerca de 115 millones de euros entre 2004 y 2010. Según la investigación, parte de dicho dinero les sirvió para comprar lingotes de oro, casas y todo tipo de artículos de lujo, para viajar con sus familias alrededor del mundo y pasar noches con prostitutas en hoteles de lujo. La parte principal del saqueo, por el que están imputadas cerca de 40 personas, consistió sin embargo en el pago por servicios falsos o con precios desorbitados a un entramado de empresarios. Una parte de ese dinero habría acabado en los bolsillos de los responsables de la depuradora.