Las pensiones y su reforma

La reforma del sistema de pensiones es una de esas tareas difíciles de abordar. El número de gente que se ve implicada por las decisiones adoptadas es muy alto; las pensiones constituyen el único ingreso para un porcentaje muy alto de los jubilados y la prestación por jubilación forma parte de un contrato intergeneracional que a la mayoría nos parece algo natural, necesario y generador de confianza y bienestar en las sociedades avanzadas. En el presente, en medio de una crisis que obliga a algunos pensionistas a mantener también a sus hijos, cualquier cambio genera suspicacias y mucha preocupación, lo que no es precisamente algo conveniente en estos momentos.

En el caso de la economía española hay nueve millones de pensionistas y las previsiones indican que para 2052 el número total de los jubilados con pensión alcanzará los 15 millones. La cifra de los nueve millones de pensionistas impacta sobre todo si la comparamos con el total de personas trabajando, 17 millones de ocupados (EPA 2012), cantidad que puede estar algo subestimada. El envejecimiento de la población en España es un hecho y, para muchos, un proceso imparable. Está por ver si esta previsión se cumple.

Preocupado por el asunto y presionado por Europa el Gobierno encargó a un comité de expertos el desarrollo de un factor de sostenibilidad entendido como una “fórmula que garantice que el sistema se mantenga a sí mismo —los ingresos sean capaces de hacer frente a los gastos en pensiones sin necesidad de recurrir ni al fondo de reserva, ni a inyecciones de liquidez provenientes de otras fuentes de ingresos públicos— y que el sistema siga siendo un sistema de reparto con prestación definida”.

Crear otro foco de incertidumbre para el consumo puede ser peligroso

Ese fue el encargo y lo que el informe diseña está basado en el sistema de pensiones actualmente vigente que resulta ser sensible a la tasa de dependencia (el número de personas que cobran pensión por cada persona ocupada). La definición de sostenibilidad es, además, muy específica por lo que el espacio disponible para encuadrar las propuestas está limitado.

El informe no ahonda, por ejemplo, en políticas de natalidad, ni en políticas activas de empleo, aunque el nivel de ocupación y el envejecimiento poblacional son variables que dependen, en mayor o menor medida, de estas políticas.

El factor de sostenibilidad que se propone depende del factor de equidad intergeneracional (FEI) y del de revalorización anual (FRA). El primero sirve para que la esperanza de vida de la persona jubilada se incluya en el cálculo de la pensión inicial. El segundo se ocupa de la evolución de las pensiones y para ello se propone tener en cuenta, a la hora de revalorizarlas, variables como los ingresos disponibles o el número de pensiones entre otras. El índice de precios al consumo (IPC) deja así de tener el papel central que ha desempeñado en el pasado.

Los expertos abogan también por la transparencia que permitiría prever con conocimiento de causa el futuro de las pensiones algo imprescindible para las generaciones jóvenes. La transparencia, junto con la propuesta de incluir un “factor suelo” (las pensiones de los ya jubilados no pueden disminuir) pueden ayudar a aceptar algunas de las reformas. El suelo trata de evitar que los ya jubilados se vean perjudicados por no disponer de un margen de maniobra para reaccionar ante las nuevas medidas.

Conocidas las propuestas, nos queda por ver el necesario consenso que se alcance en torno a estas cuestiones tan delicadas. El sistema de pensiones es una de esas “construcciones sociales” que hay que mimar garantizando su mejor funcionamiento, su sostenibilidad y el logro de una equidad intergeneracional que hay que definir con precisión y finura. Sin olvidar que no solo el qué se decida, también el cuándo se ponga en marcha la reforma es importante.

Y aquí conecto con el principio de este artículo. No estoy segura de que el momento propicio para reformar el sistema de pensiones sea “ahora”. Nuestra demanda agregada está totalmente deprimida y uno de sus componentes, el consumo, tanto privado como público, se sitúa muy por debajo del necesario para estimular la recuperación de la actividad.

Crear otro foco de incertidumbre para una parte importante de los consumidores puede ser peligroso. La sostenibilidad del sistema puede ser ineludible, pero es más que dudoso que la reforma se tenga que implementar con mucha rapidez. Las reformas estructurales pueden servir para inyectar confianza en el sistema, pero para conseguirlo también hay que saber valorar cuál es el momento idóneo de poner dichas reformas en práctica.