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la financiación irregular de los partidos

Convergència y Ferrovial “articularon un pacto criminal” toda una década

Anticorrupción acusa a CDC de cobrar 6,6 millones de euros por adjudicar obras

El fiscal admite que no sabe quién dio el primer paso, si fue Ferrovial o fue Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El caso es que, durante una década, sellaron un “pacto criminal” que permitió a la constructora hacerse con suculentas adjudicaciones de obra pública en Cataluña a cambio del pago de comisiones ilegales que ascienden a 6,6 millones de euros, según el escrito que el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha enviado al juez que investiga el saqueo del Palau de la Música.

Hay “indicios suficientes”, según el fiscal, de que el partido que dirige Artur Mas se financió de forma irregulary participó en una “trama de comisiones ilícitas” que permitió a Ferrovial “garantizarse un caudal de adjudicaciones públicas”. Dos de las más relevantes son la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro, que fueron proyectadas durante el último Gobierno nacionalista de Jordi Pujol.

La empresa hizo llegar al partido, por tres canales distintos, “cuantiosos pagos”, sigue el escrito. Más de la mitad del dinero (3,7 millones) fueron entregas en efectivo a los tesoreros Carles Torrent —fallecido en 2005— y su sucesor, Daniel Osácar, imputado en la causa, lo mismo que dos directivos de Ferrovial —Pedro Buenaventura y Juan Elizaga— que actuaron “a espalda del accionariado” y “abusaron de sus facultades” para crear una “relación privilegiada” con CDC.

La responsabilidad de Convergència, incide el fiscal, no termina en los tesoreros. Las comisiones iban dirigidas a “personas con ascendencia política suficiente” como para “influir de forma determinante” en los órganos públicos encargados de adjudicar las obras. “Debieron necesariamente intervenir también altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados”, precisa Sánchez Ulled. Esos “altos responsables” son los que debían influir para garantizar que se cumplía el “pacto criminal”.

La fiscalía sospecha que intervinieron “altos responsables” de la formación

Las comisiones ilegales suponían, como norma general, un 4% del importe de la adjudicación. El 2,5% iba al partido; el 1,5% restante al bolsillo de los que fueron máximos responsables y saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull. Ambos ejercieron, según el fiscal, como “torcidos intermediarios” en la trama y garantizaron, gracias a la compleja estructura jurídica y financiera de la institución musical, que los fondos llegasen de forma “opaca” al partido.

Uno de los testigos del <CF1001>caso Palau<CF1000> relató que Torrent, el tesorero, visitaba con cierta frecuencia el coliseo modernista, emblema cultural de Cataluña. Recibía una llamada en su despacho de la sede central de Convergència —la misma que el partido ha tenido que poner como aval para afrontar la fianza de 3,3 millones impuesta por el juez— y en cuestión de minutos se presentaba ante Millet. Aparcaba el coche en la puerta y, tras una breve reunión, se marchaba. Con un sobre de dinero, según los investigadores.

La investigación se sustenta en testimonios como ése, pero también en las comprometedoras anotaciones manuscritas de las agendas de Millet y en la documentación hallada en el ordenador de su secretaria de confianza. A partir de 2005, la hija de la mano derecha de Millet, Gemma Montull, que ejercía como directora financiera, inventó un sistema más “sofisticado”: cuatro empresas facturaron al Palau por trabajos que, o no existían, o prestaban directamente al partido. Por esa vía llegaron a las arcas de CDC 1,2 millones de euros más.

La tercera vía de entrada fue la fundación Trias Fargas, rebautizada como CatDem tras el registro del Palau, en julio de 2009. La fundación, ligada al partido, firmó siete supuestos convenios de colaboración con la institución que sirvieron para que llegaran al partido otros 630.655 euros.

9 de los 25 millones del expolio “han desaparecido sin dejar rastro alguno”

El pago de las comisiones, relata el escrito, se “fraccionaba en el tiempo” por su elevado importe y para “garantizar la estabilidad” del acuerdo. Sánchez Ulled admite que, al tratarse de una gran compañía, “no puede afirmarse” que las adjudicaciones de Ferrovial “resultaran clara y patentemente arbitrarias o irrazonables”. Pero es “innegable”, dice, que la “influencia” ejercida en el partido era un “factor determinante” para resolver a su favor. Todo ello, añade, en detrimento de las administraciones públicas y de los competidores privados.

Pese a que no hay noticias de los “altos responsables”, es significativa la participación en la trama de otras personalidades del partido; por ejemplo, Jaume Camps, que entonces era parlamentario y ejerció de “enlace” para los tesoreros. O del secretario de Inmigración de CDC, Àngel Colom, que en 2000 percibió de forma injustificada 75.000 euros procedentes de los fondos del Palau. Colom se ha comprometido a devolver el dinero.

Las comisiones ilegales suponían un 4% del importe de la adjudicación

A los imputados por la financiación irregular, el fiscal les acusa de tráfico de influencias, falsedad documental y apropiación indebida. El ministerio público pide que se considere a Convergència y a su fundación afín “partícipes a título lucrativo”. Inicialmente, el fiscal consideró que Convergència se había lucrado con 3,3 millones, pero en este último escrito ha elevado de forma notable la cifra. CDC es ahora titular de fondos “susceptibles de ser decomisados en sentencia condenatoria”, remacha el texto.

En su escrito, de 37 páginas, Anticorrupción considera que la investigación ha concluido y pide al juez que recoja su relato de hechos en el auto que debe dictar antes para cerrar la instrucción. La financiación irregular de Convergència es solo uno de los seis apartados de la causa sobre el Palau. La entidad sufrió un expolio cifrado en más de 25 millones.

Millet y Montull saquearon, presuntamente, los fondos del Palau para lucrarse personalmente. Con dinero público y privado, el expresidente de la institución pagó las bodas de sus dos hijas, se hizo construir un auditorio a pequeña escala en su mansión de L’Ametlla del Vallès (Barcelona) y disfrutó de viajes exóticos por medio mundo junto a su familia: México, Polinesia, Kenia, Maldivas o Dubai, entre otros.

El escrito pide que se archive la causa para las esposas de los saqueadores

La mayor parte del dinero desviado (18 millones) se cobró en cheques al portador que “inmediatamente se convertían en dinero efectivo por ventanilla”. Millet y Montull se quedaron la mitad de ese dinero. Los nueve millones restantes, sin embargo, “han desaparecido sin dejar rastro alguno”.

El fiscal pide al juez, además, que archive la causa, de forma “provisional y parcial” para ocho de los imputados, al no hallar pruebas de que participaran en la trama. Entre ellos, las esposas de Millet y Montull, Marta Vallès y Mercè Mir. A su juicio, aunque se han beneficiado injustificadamente de la riqueza obtenida por sus maridos, no se puede probar que supieran que se les estaba usando para desviar fondos a través de empresas instrumentales. El fiscal también pide el archivo para la secretaria de Millet, Elisabet Barberà, y para los empresarios Emilio Vidal y Marc Puig.

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