Un juzgado avala la suspensión de licencias del Consistorio en El Cabanyal

Un juzgado de Valencia ha desestimado el recurso contencioso presentado por una vecina del Cabanyal después de que el gobierno local le denegase por silencio administrativo una licencia para derribar su casa, situada entre las calles Benlliure y Progreso. La sala de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia asegura que la concesión de licencia es un acto de ejecución del planeamiento. 

"Es ajustada a derecho", recoge la sentencia del tribunal en referencia a la decisión del gobierno local. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha aprovechado este fallo judicial para defender la posición del Consistorio, que responsabiliza a la orden ministerial, dictada en diciembre de 2009 por Ángeles González-Sinde, de la parálisis de licencias en el barrio.

"Cuando se miente, la verdad acaba por poner a los mentirosos en su sitio", ha declarado Grau, quien ha reconocido que la alcaldesa, Rita Barberá, sigue negociando con el Ministerio de Cultura para que anule la orden o dicte otra nueva que sustituya a la rubricada por Sinde. "Aunque la orden es un exceso y una arbitrariedad, desde el punto de vista jurídico está muy bien hecha y es complicado denegarla", ha dicho el número dos del Ayuntamiento.

En los últimos días se ha desplomado el techo de uno de las casas del Cabanyal, resultando herida la residente de la vivienda, y otra, ocupada ilegalmente, ha sufrido una explosión, lo que ha reavivado las protestas de los vecinos del barrio.

Los grupos de la oposición han reaccionado con severas críticas al gobierno local. El concejal socialista Vicent Sarrià ha tildado de "patética" la comparecencia de Grau y exige que actúe contra la degradación del barrio. El socialista ha recordado al vicealcalde que la Audiencia Nacional avaló la Orden Ministerial que suspende la aplicación del plan urbanístico previsto en el barrio y que, de realizarse, supondría la demolición de más de 1.600 casas en este área. Sarriá ha vuelto a pedir que se levante la suspensión de licencias.

El portavoz del Grupo Municipal de EUPV, Amadeu Sanchis, ha dicho que Grau se equivoca al interpretar la sentencia "ya que el problema no es la orden ministerial sino la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez que prevé el plan urbanístico suspendido por riesgo de expolio".