El fiscal retira los cargos contra un acusado de malversar en la Zona Franca

La triple acusación que ejercen la Fiscalía, la Abogacía General del Estado y el PSOE en el juicio por el caso Rilco, que investiga la presunta malversación de dinero de la Zona Franca de Cádiz a través de un portal de comercio electrónico, ha decidido retirar los cargos contra uno de los directores de ese proyecto, José David Sánchez, para el que pedía seis años de prisión. En cambio, aumenta la petición de pena para uno de sus antecesores, Rafael Ortiz, de seis a 11 años de cárcel. El exdelegado de la Zona Franca del PP Miguel Osuna ve reducida su pena inicial de 13 a ocho años, al no permitir el tribunal que se le juzgue por falsificación documental. Los acusados que siguen en el banquillo se enfrentan a multas superiores a 10 millones de euros.

Las conclusiones definitivas de la acusación, que se leerán a partir del lunes ante el tribunal, eliminan del caso a José David Sánchez, para el que el fiscal pedía cinco años por falsedad documental y un año por encubrimiento. Durante el juicio ha quedado demostrado que su papel fue el de advertir al exdelegado Miguel Osuna de algunas irregularidades detectadas en el contrato de Rilco pero no que se beneficiara económicamente de ellas, como apuntaban los anteriores escritos de la acusación. A partir del lunes no tendrá que sentarse más en el banquillo.

Permanecerán en él los dos exdelegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, el matrimonio de Miami Germán y Camila Leiva y el exdirector de Rilco, Rafael Ortiz. Este es el principal perjudicado del desarrollo del juicio porque la acusación cree que se ha podido demostrar que su papel fue mayor del inicialmente pensado.

El juicio ha dejado demostrado que Rodríguez de Castro adjudicó el portal bajo “clamorosa arbitrariedad”

Según estas conclusiones, el juicio ha dejado demostrado que Rodríguez de Castro adjudicó el portal Rilco al matrimonio Leiva, propietario de la empresa Miami Free Zone, bajo “clamorosa arbitrariedad” con el objetivo de desviar dinero de la Zona Franca. La colaboración de Rafael Ortiz, amigo personal de Rodríguez de Castro, fue esencial, según la fiscalía, para continuar con los pagos, una vez que Osuna entró como delegado en la Zona Franca.

La fiscalía no es tampoco benévola con Osuna, que argumentó que continuó los pagos bajo el asesoramiento de la Abogacía del Estado. “Consintió que los señores Leiva se lucrasen de fondos públicos”, sostiene en sus conclusiones. Este escrito no hace referencia a la eficacia o funcionamiento del portal Rilco. El perito judicial aseguró en el juicio que el proyecto sí existía y pudo ser rentable. Pero para la acusación es algo irrelevante porque no se pone en cuestión si Rilco era un buen o mal negocio sino que se adjudicó a una empresa, Miami Free Zone, que no lo podía realizar, que cobró por unos servicios que no prestó y que se hizo realidad porque otra empresa, Telvent, lo desarrolló.