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Metro ficha un alto cargo en seguridad pero reduce presupuesto en vigilancia

La empresa pública crea una nueva dirección general por 100.000 euros

El contrato para vigilantes es un 13% más barato y supone un 40% menos de horas al año

Vigilantes de seguridad en una estación de Metro. Ampliar foto
Vigilantes de seguridad en una estación de Metro.

Metro de Madrid redujo a la mitad su cúpula directiva en febrero de 2012. El cambio de organigrama coincidió con el cambio de accionariado. La empresa pública pasó de estar gestionada a medias entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad a depender mayoritariamente del Gobierno regional. Hubo voces críticas que les acusaron de hacer una caza de brujas con el recorte de directores y la empresa replicó que se trataba de ahorrar. En concreto, se reducían 600.000 euros de los 273 millones que Metro gasta en sueldos (un 0,2%), según las cifras oficiales. 

Casi año y medio después, Metro ha creado un nuevo puesto en el segundo escalón del organigrama, el de director general de Seguridad, que cobra 100.000 euros en plena época de recortes y justo cuando la empresa pública negocia con los sindicatos un posible ajuste del 10% de la plantilla para el nuevo convenio, entre otras opciones, como reducciones de sueldo o la prejubilación de unos 660 empleados a partir de 58 años de edad. El nuevo cargo lo ocupa Bruno Carlos Fernández Díez. Hermano del jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid y exresponsable de seguridad del Santander, tiene 59 años.

Pese a que es una cartera de nueva creación —Metro pasa de cuatro a cinco direcciones generales más una secretaría—, un portavoz de la empresa señala que el nombramiento no supone un incremento del número de directivos y asegura que, en las próximas semanas, se producirá “una reestructuración” del área de seguridad para mantener el ahorro inicial de 600.000 euros. En el organigrama de Seguridad trabajan, además del nuevo cargo, un subdirector de Seguridad y Protección Civil, que cobra unos 85.000 euros anuales y dos gerentes, con unos 65.000 cada uno, según fuentes del sector. Metro declinó ofrecer datos sobre los sueldos de sus directivos.

Ojo con salir en prensa

El documento de las condiciones para contratar los servicios de vigilancia incluye multas a las empresas por dañar la imagen de Metro. Si una adjudicataria incumple el servicio o aplica una política de recursos humanos “contraria a la imagen de Metro” que deriva en “una protesta multitudinaria”, será multada con 1.000 euros la primera vez, 2.000 la segunda y 4.000 la tercera. Si la protesta continúa, se le podrá rescindir el contrato. El contador seguirá descontando si esa conflictividad aparece reflejada en los medios. El pliego contempla distintos porcentajes de recorte en función de si la información se publica en agencias de noticias, en periódicos (diferenciando entre portada, portadilla o páginas par e impar), radios o televisión. Un portavoz de Metro señaló que esta condición, que ya estaba recogida en el contrato anterior, es para “ofrecer confianza a los viajeros”.

Desde septiembre, los trabajadores de Metro han protagonizado una veintena de huelgas por la pérdida de la paga extraordinaria y en el seno de la negociación del nuevo convenio. Varias de esas protestas han aparecido profusamente en los medios de comunicación.

Los tres cargos que ahora dependen de Fernández Díez siguen en sus puestos. El citado portavoz no aclara si la reestructuración supondrá amortizar sus plazas o si planean una fórmula distinta.

El nuevo fichaje de Seguridad es para “reforzar un área que resulta estratégica para la empresa”, añade. El nombramiento coincide en el tiempo con otra novedad. Metro está gestionando el concurso para contratar los servicios de vigilancia y seguridad de la red. Según reflejan los pliegos, las adjudicatarias dispondrán de un 13% menos de presupuesto. El último contrato supuso 55,2 millones de euros anuales, que los nuevos pliegos reducen a 48 millones. Las aspirantes obtienen hasta 60 puntos si mejoran a la baja la oferta económica, es decir, el gasto final podría ser menor. El nuevo contrato recoge además un 40% menos de horas de trabajo (de 1.536.500 horas a 929.500 al año), tal y como informó el diario 20minutos.

Desde Metro explican que los nuevos pliegos, aún no adjudicados, miden “el cumplimiento de objetivos” y no las horas de trabajo. Y ejemplifica algunos concretos como reducir el vandalismo o erradicar la venta ambulante. La red, que antes quedaba dividida por líneas para distribuir la seguridad, queda dividida en zonas geográficas. “Las horas fijadas son un mínimo, las empresas no van a poder cumplir el trabajo con ese mínimo”, añade el portavoz, sin aclarar por qué fijan entonces ese número en el contrato. Las nuevas adjudicatarias deberán asumir a los vigilantes que actualmente trabajan en el suburbano “con las mismas condiciones de sueldo y horario”, añade.

La nueva dirección general es “absolutamente innecesaria”, según Ignacio Arribas, de CC OO. El sindicalista sostiene que el suburbano debería estar vigilado por policías en lugar de con un servicio privado. Teo Piñuela (UGT) se manifestó “sorprendido” de que, en mitad de la negociación para rebajar sueldos se contrate a un nuevo director. La oposición (PSOE e IU) han criticado este nombramiento en época de austeridad.

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