El caso de corrupción urbanística en Alcaucín acaba con 51 procesados

La juez del caso Arcos, uno de los principales caso de corrupción política y urbanística en la provincia de Málaga, ha decidido procesar a 51 personas, entre los que se encuentra José Manuel Martín Alba, exalcalde socialista de Alcaucín, municipio de la comarca de la Axarquía.

Se investiga una supuesta trama de construcción de viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín (unos 3.000 habitantes). En el auto de procesamiento, la juez Irene Urbón acuerda el sobreseimiento de la causa para otras 15 personas, según fuentes cercanas a la investigación.

La magistrada imputa al exregidor hasta cuatro delitos diferentes: contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación urbanística y falsedad documental. Martín Alba dimitió de su cargo poco después de que se iniciara la operación de la Guardia Civil, en marzo de 2009, y después de llevar 18 años al frente de la alcaldía. El exalcalde ingresó en prisión pero quedó en libertad tres meses después, al pagar una fianza de 120.000 euros. Además de Martín Alba, están procesados el que fue jefe adjunto de arquitectura en la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, que al igual que el exalcalde fue encarcelado y quedó en libertad tras abonar la fianza.

La Guardia Civil halló 150.000 en un colchón de la casa del exregidor

La supuesta red de corrupción política y urbanística tenía su origen en varios proyectos urbanísticos. La causa sentará además en el banquillo de los acusados a varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas radicadas en la Axarquía, vecinos de la localidad de Alcaucín y algunos extranjeros que también adquirieron algunas de las viviendas ilegales.

Las investigaciones de la Guardia Civil apuntaron, en todo momento, a que Martín Alba podría haber dado sistemáticamente licencias ilegales de casas sin los preceptivos informes técnicos y jurídicos. Algunas de las autorizaciones se concedieron el mismo día que fueron solicitadas y sin el necesario estudio de viabilidad. Se analiza además si los beneficiarios eran vecinos del municipio que vendían las parcelas, otros que adquirían ese terreno y posteriormente lo revendían. El informe inicial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya advertía que el entonces alcalde “se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos” urbanísticos ilegales.

El sumario del caso Arcos cuenta con casi 50.000 folios de los que casi 19.000 son atestados de la policía. Durante los registros que se realizaron en marzo de 2009 en la vivienda del exregidor (que se negó a facilitar la llave de seguridad de su caja fuerte) los agentes encontraron más de 150.000 euros en el colchón de una cama.

Durante la segunda fase de la operación, los agentes irrumpieron en la Gerencia Provincial, en los archivos del catastro, en la sede del Patronato Provincial de Recaudación —dependiente de la Diputación—, en domicilios particulares y en el despacho del abogado Pedro José Grandfils. En el Patronato, los agentes se incautaron de documentación de la unidad de gestión catastral posterior a 2001.

La magistrada archiva las pesquisas sobre otras 15 personas

Los agentes, detuvieron a un funcionario del Patronato y a dos exfuncionarios del catastro. El resto de los arrestados ya habían sido imputados en la primera fase. Según informó la Guardia Civil, los funcionarios del catastro y del Patronato, coordinados por Grandfils, “modificaban las bases de datos del catastro para introducir información falsa o cuando menos engañosa”.

Con este procedimiento se buscaba “dar cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable”. A cambio de estas irregularidades, los funcionarios recibían una comisión que, según algunas fuentes, oscilaba entre 200 y 300 euros por modificación.

El sumario revela cómo el exalcalde cometió supuestamente numerosos trapicheos urbanísticos. Con la ayuda de Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación, el regidor certificó que en distintas parcelas del municipio había ruinas —que no existían en la realidad— para permitir la construcción de chalés sobre los falsos restos, única forma de que la construcción fuera legal. También falsificó la fecha de expedientes para legalizar casas irregulares o trató de modificar burdamente la normativa urbanística del pueblo para convertir en urbanizables terrenos rústicos.