Asociaciones de consumidores avalan que Kontsumobide busque soluciones

La Unión de Consumidores de Euskadi y la Federación de Consumidores de Euskadi han defendido esta mañana en el Parlamento que Kontsumobide “no ha perdido ninguna credibilidad” para tratar el problema que ha surgido por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor colocadas después entre sus clientes por distintos bancos, que desconocían, tal y como denuncian, que eran productos financieros "a perpetuidad" que difícilmente recuperarían. Kontsumobide no está deslegitimado, han señalado, para tratar este problema, que según la UCE se ha limitado a su exdirectora, con declaraciones que supusieron un "descrédito" de Belén Greaves.

Las asociaciones han reconocido que “la vía más directa es la judicial”, un camino en el que, tal y como han destacado, es largo y costoso, por lo que han apostado por la segunda vía, la de la mediación, que como han recordado depende de las "voluntades" de las partes, que en este caso son tres: el afectado, el banco que colocó el producto y la cooperativa emisora. La federación ha tendido su mano a colaborar con Kontsumobide para ahondar en esta segunda vía -rechaza el arbitraje- y ha reclamado una devolución de las cantidades a corto plazo. La UCE ha apostado por tratar de que en un plazo de dos a cinco años se devuelva el dinero por parte de las cooperativas a los afectados que así lo pidan. La unión ha considerado, en todo caso, que "las soluciones serán difíciles y largas".

¿Qué hay detrás de la cifra de 40.000 afectados? Todos los comparecientes han explicado que los afectados son "pequeños ahorradores" sin un gran conocimiento en materia financiera. Firmaron la adquisición de estos bonos basados en la "confianza" en los asesores de los bancos de los que eran clientes y también en una intención de "crear patria, de ayudar a tu país a crecer".La parlamentaria socialista Txaro Sarasua ha asegurado que existen casos en los que a los afectados se les está denegando la justicia gratuita y ayudas sociales como la Renta de Garantía de Ingresos porque se contabiliza entre su patrimonio el dinero invertido en estos bonos, al que no pueden acceder.

El PSE denuncia que se están denegando ayudas sociales a los afectados porque se contabilizan sus bonos entre su patrimonio

Los contratos firmados "son abusivos y totalmente anulables desde el punto de vista jurídico", según Blanca Ibáñez, de la UCE. Desde esta misma asociación, Dolores Alzaga ha asegurado que "incluso para mí", era complicado deducir de la información que recibieron los consumidores que se trataba de un producto a perpetuidad.

El portavoz en este área de EH Bildu Igor López de Munain ha advertido de que "en un mes se llegaron a colocar 300 millones de euros", unas cifras que para el parlamentario es una prueba de una "comercialización que no pudo ser moralmente aceptable o en la que directamente se engañaba". El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha calificado de "estafa masiva" las aportaciones subordinadas. Por contra, el portavoz del PNV, Luis Javier Tellería, ha resaltado que "hay gente que sabía [el tipo de producto por el que estaba firmando] y bastante gente que no sabía", y ha reclamado que se realice un trabajo de separar estos dos casos y de aportar soluciones en base a este análisis.

Las asociaciones han reconocido que uno de los puntos aprobados por el Parlamento, de reclamar al Gobierno la creación de un servicio específico de atención a los afectados, no es necesaria porque sería partir "de cero" en un trabajo que ya está realizando Kontsumobide aunque, tal y como ha reconocido la federación, no está acudiendo al instituto un número "demasiado significativo".