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Europa investiga la contaminación de las minas de Iberpotash en el Bages

Bruselas indaga si la Generalitat pagó 200 millones para paliar la salinización

Las inversiones de Iberpotash se enfrentan a una carrera de obstáculos

Un vecino de Sallent también alerta a la UE sobre los depósitos salinos

Interior de las minas de Iberpotash en Súria. Ampliar foto
Interior de las minas de Iberpotash en Súria.

La dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre las minas de potasa de Súria y Sallent (Bages), que explota la compañía Iberpotash. Bruselas ha requerido información a los gobiernos español y catalán sobre las medidas que se han tomado para restañar los efectos producidos durante décadas por la extracción, pero también sobre otros temas vinculados a la propia explotación de la mina, una vez que la compañía, propiedad del gigante israelí ICL, ha puesto en marcha un plan de inversiones para incrementar la extracción en Sallent, cerrar Súria y construir una fábrica de sal.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, encargado de la materia medioambiental, admitió a este diario la petición de esa información, de la que también es consciente Iberpotash. La otra consejería afectada por la demanda de documentos, Empresa y Empleo, que ha centralizado todos los procedimientos administrativos vinculados a la compañía minera, mantiene desde hace semanas un mutismo absoluto sobre el tema.

La apertura de la investigación responde a la denuncia cursada por una persona o empresa que ha solicitado mantener su identidad en el anonimato. Un portavoz de UE aseguró que el expediente lleva días abierto y que la Generalitat ya habría remitido a la Comisión Europea la documentación requerida, que ha empezado a ser analizada. Otras fuentes consultadas explican que la investigación podría estar vinculada con las inversiones que ha tenido que realizar la Generalitat durante años para paliar los efectos de los cúmulos de restos salinos generados en el Bages, que han salinizado el subsuelo y el agua del río Llobregat.

Territorio y Sostenibilidad admite la exigencia de documentación

Un documento de la Agencia Catalana del Agua (ACA) elaborado en 2009 cifraba en alrededor de 300 millones de euros el coste de las actuaciones realizadas y pendientes para “minimizar” ese impacto en la comarca del Bages y en las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río. Fuentes de Territorio aseguraron que esas obras afectaban a otros impactos ambientales, más allá de los producidos por Iberpotash, una versión similar a la defendida por la empresa.

Entre otras actuaciones, se invirtieron más de 122 millones de euros para implementar un sistema de membranas —por electrodiálisis reversibles— para reducir los niveles salinos del agua en las estaciones de tratamiento de Abrera y Sant Joan Despí. De las nueve actuaciones enumeradas en ese documento, solo está pendiente la ampliación de un colector de salmorras entre Cardona, Balsareny y Abrera. Otro ya fue construido pero la compañía asegura que fue sufragado con los fondos que pagan todas las empresas que lo utilizan y defiende que ha pagado de su bolsillo las actuaciones vinculadas directamente a sus minas. Un informe posterior al de la ACA, encargado por la competencia de Iberpotash y elaborado por el ambientalista Ramon Folch, cifra los costes asumidos con fondos públicos en 200 millones de euros.

La investigación abierta por la UE se avanza a la demandada por Sebastià Estradé, el vecino de noventa años de Sallent que la semana pasada anunció una denuncia similar ante la UE por la inacción de la Generalitat en el control de los depósitos salinos generados por Iberpotash.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2011 le obligaba a solicitar el plan de restauración para la escombrera del Cogulló, donde se almacenan 37 millones de toneladas de restos salinos que acaban afectando a la salinización del terreno y de las aguas del Llobregat. El informe que ahora prepara la UE “no se limita a la restauración del medio ambiente, ya que también cubre la actividad de la explotación de la mina”, informó el portavoz comunitario.

Los planes de Iberpotash, que prevé invertir 200 millones de euros para elevar la producción de potasa en el Bages y aprovechar los residuos salinos para convertirlos en sal de uso industrial, se enfrentan a una carrera de obstáculos.

La firma quiere aumentar las extracciones en Sallent, cerrar Súria y construir una fábrica de sal

Las plataformas ecologistas de la comarca del Bages y la CUP han denunciado el inicio de las obras necesarias sin tener la planificación aprobada, un hecho que ya obligó a Territorio a paralizar las obras de un túnel de 4,7 kilómetros iniciado en Súria para conectar con la mina de Cabanasses y que permitirá elevar la velocidad de extracción y, por tanto, la acumulación de residuos.

Por cada tonelada de potasa conseguida se producen tres de desechos. Las obras fueron reiniciadas tras el plácet al ordenamiento urbanístico por parte del Ayuntamiento de Súria.

Pero la oposición de las organizaciones ecologistas no es la única que intenta frenar los planes de la compañía de matriz israelí. También han mostrado su oposición el resto de competidores salineros, agrupados en la patronal Asafal, en la que Iberpotash se ha quedado aislada. La Asociación Ibérica de Fabricantes de Sal denunció en diciembre a Iberpotash ante la Comisión Nacional de la Competencia por “posibles incumplimientos en materia de minería, medio ambiente y urbanismo”.

Una denuncia muy en la línea del informe Folch, que advertía que las inversiones realizadas por la ACA para minimizar los efectos de la actividad de Iberpotash podrían suponer un caso de “dumping social” [cuando se consigue un producto a bajo precio por ser poco riguroso en la aplicación de la legislación laboral]. Iberpotash argumenta que la oposición de sus rivales industriales obedece al temor por la puesta en marcha de la mayor fábrica de sal vacuum que se instalará en España.

Con las pesquisas iniciadas por su dirección general de Medio Ambiente la Comisión Europea deberá determinar si abre un proceso de infracción a España. A partir de ahí, el caso podría llegar al Tribunal de la Unión Europea, que podría llegar a determinar sanciones.

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