Absuelto el presidente de A Mesa de la acusación de injurias a un juez

Tras cinco años de rocambolescos procesos judiciales, la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto definitivamente al presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, denunciado por un juez al que el activista en defensa del gallego había reprochado su defensa del topónimo castellano de A Coruña. En una sentencia firme, el tribunal da finalmente toda la razón al activista y recuerda al magistrado denunciante, Antonio Fraga Mandián —ex juez decano de A Coruña— que jactarse de usar el nombre castellano de la ciudad en vez del gallego es una ilegalidad.

 Pese a que Callón ya había sido absuelto en primera instancia, la Audiencia Provincial coruñesa, atendiendo un recurso del juez, decidió para sorpresa de todos repetir el juicio hace un mes. No obstante, pese al inhabitual procedimiento, el tribunal falló en todos los aspectos en contra de Fraga Mandián, que reclamaba a Callón 15.000 euros en concepto de indemnización por un supuesto delito de injurias, según informó A Mesa en un comunicado. “Es un correctivo muy duro para quien fue juez decano de A Coruña”, afirma la asociación en defensa del gallego.

Los hechos ocurrieron en 2008, cuando durante un juicio Fraga Mandián se jactó de no tener rubor en usar el nombre castellano de A Coruña. El topónimo gallego es el único legal tanto para la ciudad como para la provincia. Al día siguiente, ante una afirmación que, según recuerda la Audiencia, fue recogida por varios medios de comunicación, Callón, en su calidad de presidente de A Mesa, criticó al juez por jactarse de incumplir la ley y se preguntó qué otras normas legales podría saltarse el magistrado. Fraga Mandián denunció al activista por injurias y recurrió desde entonces todas las veces que perdió este proceso. El empeño del juez logró que se celebrasen dos juicios contra Carlos Callón.

Pero esta última y definitiva sentencia recuerda al magistrado que su defensa del nombre castellano de A Coruña hace “alusión a la comisión de ilegalidades”. Para A Mesa, "es una señal muy negativa que se llegue a juzgar a una persona, en un kafkiano proceso de cinco años, porque dijo públicamente que los jueces deben cumplir la ley”.