Atrapado en la telaraña judicial

Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat y aún diputado del PP en las Cortes Valencianas, parece ya condenado, al menos, a pasar varios años, y tiene 68, entrando y saliendo de los juzgados. Mientras el veterano político apura su margen de movimiento en el interior de su grupo parlamentario, la maquinaria judicial continúa envolviéndolo.

Blasco está procesado en la primera pieza separada del caso Cooperación, en la que la propia Generalitat y la Fiscalía Anticorrupción han pedido para él 11 y 14 años de prisión respectivamente. Está imputado en la segunda y mucho más grande parte de la causa, que investiga globalmente el desvío de ocho millones de euros de fondos públicos destinados al Tercer Mundo. Y la fiscalía ya indaga la actividad de la supuesta mafia de la que Blasco presuntamente se rodeó desde 1999, concediéndole contratos desde todas las consejerías que ha dirigido desde entonces, siendo el saqueo de los fondos de cooperación solo el último capítulo más de esa relación.

Fuentes jurídicas consideran que, de los posibles delitos cometidos en esa larga etapa, solo estarían indiscutiblemente prescritos los que hubiera cometido antes del año 2002.

La política se mueve a un ritmo y la justicia a otro muy distinto. Así, mientras el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, mantenía este miércoles su tesis de que Blasco tendrá que abandonar el Grupo Parlamentario del PP cuando se abra juicio oral contra él, en el Tribunal Superior de Justicia apenas acaba de concluir el plazo para la presentación de recursos contra el auto de la juez instructora María Pía Calderón en el que procesó al exconsejero y a cinco de sus ex altos cargos.

De modo que, o el PP adelanta la expulsión de Blasco, sin esperar a que se cumpla la condición de apertura de juicio oral, o tendrá que soportar que el procesado continúe sentado en el escaño durante meses.

¿Cuántos? La mejor referencia disponible para predecirlo la que proporciona otra causa judicial del Tribunal Superior valenciano en la que también están imputadas otras dos exconsejeras de la etapa de Francisco Camps que siguen siendo diputadas autonómicas:Milagrosa Martínez y Angélica Such.

Ambas se encuentran procesadas en una de las piezas separadas del caso Gürtel, por haber concedido cinco millones de euros a la trama corrupta en adjudicaciones supuestamente amañadas. Su procesamiento —el momento exacto en el que Blasco se encuentra desde hace pocos días— se dictó a principios de diciembre de 2012, hace seis meses, y todavía no se ha abierto el juicio oral.

De modo que ese punto, en el caso Cooperación, está todavía lejos. Quizá no para el ritmo judicial, pero sí para el político. En paralelo, Blasco continuará siendo investigado en la segunda pieza separada de la causa por el desvío de fondos al Tercer Mundo. En ella, además de los cuatro delitos por los que ya está procesado en la primera pieza —tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación— al exconsejero se le atribuye también el delito de cohecho. Las pruebas contra él son más contundentes que en la primera pieza —hay pinchazos telefónicos en los que se le oye tratar la cuestión de las ayudas con Augusto César Tauroni, su amigo y jefe de la trama, que lleva más de un año en prisión preventiva—. Los hechos investigados también son más graves. Y la instrucción llevará aún tiempo.

La telaraña judicial de la que ha quedado preso Blasco se completa con la investigación abierta en fiscalía, que puede desembocar en otra gran causa penal en la que se escudriñen las muchas adjudicaciones que Blasco dio a Tauroni consecutivamente como consejero de Empleo, Bienestar Social, Territorio y Sanidad.