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Atrapado en la telaraña judicial

El siete veces consejero de la Generalitat está procesado por cuatro delitos

También está imputado por cinco más y la fiscalía investiga sus adjudicaciones desde 1999

Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat y aún diputado del PP en las Cortes Valencianas, parece ya condenado, al menos, a pasar varios años, y tiene 68, entrando y saliendo de los juzgados. Mientras el veterano político apura su margen de movimiento en el interior de su grupo parlamentario, la maquinaria judicial continúa envolviéndolo.

Blasco está procesado en la primera pieza separada del caso Cooperación, en la que la propia Generalitat y la Fiscalía Anticorrupción han pedido para él 11 y 14 años de prisión respectivamente. Está imputado en la segunda y mucho más grande parte de la causa, que investiga globalmente el desvío de ocho millones de euros de fondos públicos destinados al Tercer Mundo. Y la fiscalía ya indaga la actividad de la supuesta mafia de la que Blasco presuntamente se rodeó desde 1999, concediéndole contratos desde todas las consejerías que ha dirigido desde entonces, siendo el saqueo de los fondos de cooperación solo el último capítulo más de esa relación.

Fuentes jurídicas consideran que, de los posibles delitos cometidos en esa larga etapa, solo estarían indiscutiblemente prescritos los que hubiera cometido antes del año 2002.

Cronología de un escándalo de corrupción

7 de octubre de 2010. EL PAÍS publica que el Gobierno de Francisco Camps destina 1,6 millones de ayudas a la cooperación a comprar pisos en Valencia.

11 de octubre de 2010. La diputada socialista Clara Tirado denuncia en fiscalía los hechos y aporta documentación que acreditaba el desvío de fondos que debían invertirse en Nicaragua. La fiscalía abre diligencias penales de investigación.

15 de octubre de 2010. Mireia Mollà, diputada de Compromís, presenta una nueva denuncia sobre el desvío de fondos de cooperación en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Mollà aportó una voluminosa cantidad de información interna del departamento que dirigía Blasco.

Abril de 2011. La Fiscalía Anticorrupción denuncia los hechos en la Audiencia de Valencia, recayendo la causa en Nieves Molina, titular del juzgado número 21 de Valencia, que declara el secreto de sumario.

Junio de 2012. Camps, presionado por su imputación en el caso de los Trajes, prescinde en su nuevo Gobierno de todos los imputados, incluido Blasco, que se mantiene como portavoz parlamentario del PP.

Febrero de 2012. Después de acumular muchas horas de pinchazos telefónicos, seguimientos e informes policiales, la juez ordena una oleada de detenciones que desarticula la trama.

Octubre de 2012. Blasco es imputado por el Tribunal Superior valenciano. Es relevado como portavoz en las Cortes.

Mayo-Junio de 2013. La juez María Pía Calderón procesa a Blasco. La Generalitat pide 11 años de cárcel. Anticorrupción, 14. El Consell le presiona para que deje el grupo parlamentario popular hasta la fecha sin éxito.

La política se mueve a un ritmo y la justicia a otro muy distinto. Así, mientras el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, mantenía este miércoles su tesis de que Blasco tendrá que abandonar el Grupo Parlamentario del PP cuando se abra juicio oral contra él, en el Tribunal Superior de Justicia apenas acaba de concluir el plazo para la presentación de recursos contra el auto de la juez instructora María Pía Calderón en el que procesó al exconsejero y a cinco de sus ex altos cargos.

De modo que, o el PP adelanta la expulsión de Blasco, sin esperar a que se cumpla la condición de apertura de juicio oral, o tendrá que soportar que el procesado continúe sentado en el escaño durante meses.

¿Cuántos? La mejor referencia disponible para predecirlo la que proporciona otra causa judicial del Tribunal Superior valenciano en la que también están imputadas otras dos exconsejeras de la etapa de Francisco Camps que siguen siendo diputadas autonómicas:Milagrosa Martínez y Angélica Such.

Ambas se encuentran procesadas en una de las piezas separadas del caso Gürtel, por haber concedido cinco millones de euros a la trama corrupta en adjudicaciones supuestamente amañadas. Su procesamiento —el momento exacto en el que Blasco se encuentra desde hace pocos días— se dictó a principios de diciembre de 2012, hace seis meses, y todavía no se ha abierto el juicio oral.

De modo que ese punto, en el caso Cooperación, está todavía lejos. Quizá no para el ritmo judicial, pero sí para el político. En paralelo, Blasco continuará siendo investigado en la segunda pieza separada de la causa por el desvío de fondos al Tercer Mundo. En ella, además de los cuatro delitos por los que ya está procesado en la primera pieza —tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación— al exconsejero se le atribuye también el delito de cohecho. Las pruebas contra él son más contundentes que en la primera pieza —hay pinchazos telefónicos en los que se le oye tratar la cuestión de las ayudas con Augusto César Tauroni, su amigo y jefe de la trama, que lleva más de un año en prisión preventiva—. Los hechos investigados también son más graves. Y la instrucción llevará aún tiempo.

La telaraña judicial de la que ha quedado preso Blasco se completa con la investigación abierta en fiscalía, que puede desembocar en otra gran causa penal en la que se escudriñen las muchas adjudicaciones que Blasco dio a Tauroni consecutivamente como consejero de Empleo, Bienestar Social, Territorio y Sanidad.

Un caso especialmente feo

I. Z., Valencia

La Generalitat y la Fiscalía Anticorrupción han pedido severísimas penas de cárcel para Rafael Blasco en la primera pieza del caso Cooperación. Pero se trata de la parte más pequeña de la causa, centrada en el desvío de 1,6 millones de euros que debían financiar proyectos agrícolas en Nicaragua y se emplearon en comprar pisos en Valencia. La segunda pieza es más extensa y aún más fea. Y Blasco está imputado en ella por cinco delitos.

La trama captó más de seis millones vaciando para ello los fondos de proyectos que debían servir para combatir la “violencia sexual y la explotación de niños y adolescentes en Guinea Ecuatorial”. O contribuir al “empoderamiento de madres adolescentes y juventud más desfavorecida en Asución de Paraguay”. O introducir “agua potable en zonas rurales de El Salvador”. O incrementar la “soberanía alimentaria de mujeres en situación de vulnerabilidad en zonas suburbanas de Camerún”.

La trama de la que Blasco era “director”, según Anticorrupción, solo logró embolsarse 177.000 euros del que fue su más ambicioso y obsceno objetivo: quedarse con los cuatro millones de euros que el consejero decidió destinar a la construcción de un hospital en Haití, después del terremoto que devastó el país en 2010. La red llegó a quedarse con los fondos de la cuestación popular para el proyecto organizada por la Generalitat. Pero el resto del presunto plan naufragó después de que Blasco fuera excluido del Gobierno valenciano tras las elecciones de 2011.

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