Menos trabajadores, más jefes en la Administración catalana

Sigue el goteo de bajas entre la plantilla de la Generalitat y sus empresas y consorcios. El año pasado, la plantilla de empleados públicos perdió 5.519 efectivos (pasaron de 208.255 a 202.736 personas). La diferencia se debe a finalización de contratos no renovados, jubilaciones, fallecimientos o despidos. Con todo, la Generalitat sumó 80 directivos: pasó de 354 a 434. En porcentaje, un 22,5% más de los que había a finales de 2011. El grueso de estos directivos se incorporó en empresas públicas (31) y consorcios (42). Precisamente estas dos tipologías de organismos echaron a 1.451 interinos y laborales, según los datos que figuran en la base de datos de la Secretaría de Administración y Función Pública.

El aumento de directivos se produce en paralelo a los recortes que el Gobierno catalán lleva aplicando sobre el capítulo de personal desde que llegó al poder a finales de 2010: algunas son medidas coyunturales, pero otras son definitivas. Pese a la ausencia de presupuestos, la previsión de la Generalitat para este año 2013 es repetir el ahorro del pasado, de 740 millones de euros. En buena parte, el tijeretazo pasa por la eliminación de una paga doble (equivalente al 7% de la remuneración anual de los empleados públicos), y al recorte de jornada y sueldo de un 15% a 6.700 interinos. Un recorte que comenzó el ejercicio pasado y se prolongará hasta 2014, tres años en total.

Los sindicatos piden explicaciones sobre el informe de los expertos

Ayer en el Parlamento la vicepresidenta Joana Ortega anunció que la eliminación de la doble no se aplicará a los cerca de 5.500 y 6.000 funcionarios que cobran menos de 18.000 euros, básicamente subalternos. Este indulto forma parte del acuerdo que alcanzaron en marzo CiU y ERC. Un acuerdo con el que los republicanos bendecían los recortes en materia de función pública, matizándolos con apenas novedades, como la posibilidad de que los empleados ganen dos o tres días de permiso para conciliar la vida laboral y familiar.

Estas dos medidas, sobre la paga doble de los sueldos más bajos y las medidas de conciliación, figuran en la orden del día de la Mesa General de Función Pública que ha convocado hoy la Generalitat. Los sindicatos, CC OO, UGT y Catac recuerdan que será la cuarta Mesa General para hablar de la retribución de 2013 y que la última, en febrero, acabó con el encierro de los representantes sindicales durante una noche: fue la víspera del anuncio del Gobierno de que este año tampoco vuelve a eliminar una de las dos pagas.

Los sindicatos celebran que se haya perdonado el descuento al eslabón más débil de los trabajadores públicos, pero siguen rechazando la eliminación de una paga para los otros 220.000. “Lo que pedimos es de pura justicia, tener la misma retribución que en el resto del Estado, que se nos respete el sueldo”, afirma el representante de UGT en la Generalitat, Xavier Casas. También reprocha a la Administración que “con un escenario muy distinto al de enero, con el tope de déficit en el 0,7%”. “Ahora se ha más que doblado. Si la exigencia es menor, debería también ser menor el recorte”, asegura.

En parecidos términos se expresa su homólogo en CC OO, Xesús González: “Nosotros los empleados públicos siempre recibimos, aunque las condiciones cambien” . Tanto Casas como González explican que en la reunión también exigirán —pese a que no forma parte del orden del día— que la Generalitat dé explicaciones sobre el estudio elaborado por la Comisión de Expertos designada por el propio Gobierno sobre la reforma de la Administración pública y su sector. El documento aboga por una Administración más “eficaz, eficiente, transparente y que rinda más cuentas”, que considere al ciudadano su cliente y que esté mucho más profesionalizada que ahora. Entre otras propuestas, el documento reclama que, con vistas al futuro, solo haya funcionarios en puestos que requieren del ejercicio de la autoridad, como la policía, los inspectores o quienes otorgan licencias. Sobre el resto, apuesta por “laboralizar” la Administración.

Entre otras propuestas, el documento reclama que, con vistas al futuro, solo haya funcionarios en puestos que requieren del ejercicio de la autoridad

“Vamos a preguntarles si asumen el documento. Si piensan aplicarlo o qué harán”, explica Casas. Los sindicatos pusieron el grito en el cielo al conocer el informe, avanzado por este diario antes incluso de que lo conociera la totalidad del Gobierno catalán. “Se están preparando para, con una función pública más débil económicamente, plantear la reforma de la Administración en una línea que no es otra que la privatización”, añade González.

La vicepresidenta del Gobierno y responsable de la función pública, Joana Ortega, también tiene pendiente —desde hace un año— presentar la auditoría de la Generalitat sobre su sector público, un estudio cuya presentación se aplazó a octubre de 2012 —cuando tampoco se presentó— que debe servir de base para mejorar la eficacia de la Administración y prevé incluso la movilidad geográfica de los empleados.