Ramon Bagó: “Nunca, nunca, nunca, he recibido ningún trato de favor”

Ramon Bagó asegura que nunca utilizó su cargo en el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) para conseguir contratos para la compañía que él preside, el Grupo Serhs. Tampoco incurrió nunca en incompatibilidades y todas las licitaciones realizadas desde el ente municipalista —el CSC, que agrupa a Ayuntamientos y hospitales públicos y posee un pequeño grupo de empresas sanitarias— cumplieron “escrupulosamente la ley”. Los diputados de la oposición, que ayer intentaron en el primer día de la comisión de investigación sobre las irregularidades en la sanidad pública arrojar luz sobre las relaciones entre Bagó, sus empresas y el CSC —investigadas por la Oficina Antifraude y la fiscalía—, se toparon con un muro de negaciones, en ocasiones vehementes, y una falta total de autocrítica.

Las comparecencias del día se centraron en evaluar si Ramon Bagó utilizó los cargos directivos que ocupó en el CSC para conseguir adjudicaciones para sus empresas. El Grupo Serhs obtuvo entre 2002 y 2011 un total de 50,85 millones en contratos de hospitales y consorcios financiados por la Generalitat pero gestionados por el CSC. Casi una tercera parte de ellos lo fue a dedo, es decir, sin que mediara concurso público alguno.

“¿No le parece, como mínimo, falto de ética que usted se adjudicase contratos desde el Consorcio?”, preguntaron con insistencia los diputados al empresario. “Nunca, nunca, nunca, he recibido ningún trato de favor ni he hecho ninguna gestión con nadie pidiéndolo”, repitió Bagó.

El argumento principal utilizado tanto por Bagó como por el resto de comparecientes vinculados con el CSC —Francesc José María, ex secretario general de la entidad, y Jaume Raventós, ex director general entre 2004 y 2011— es que el CSC no decidía a quién se adjudicaban los contratos. “No tenía capacidad para decidir sobre las contrataciones. No intervenía, ni se enteraba de a quién se daba un concurso”, insistió Raventós, obviando el hecho de que las mesas de contratación que adjudicaron decenas de millones de euros —en varias de las cuales Francesc Jose María actuó de secretario— estaban organizadas y controladas por el CSC.

“Ustedes dicen que cada hospital decide a quién adjudica, pero son ustedes los que han designado a los gestores, que son los que adjudican con o sin concurso los contratos a su empresa. Eso es lo que chirría”, resumió el diputado de Ciutadans, José Manuel Villegas.

Villegas comenzó preguntando a Bagó por dos centros —los complejos sociosanitarios de la Obra Social de Caixa de Catalunya en Cornellà y la Vall d´Hebron— que ilustran una norma no escrita que funcionó durante dos décadas en el CSC dirigido por Bagó: allí donde no era necesario convocar concurso público para el servicio de cocina, este era contratado directamente a sus empresas. El Grupo Serhs logró en ambas residencias contratos por un total de 9,2 millones de euros entre 2002 y 2011. “Usted ha dicho que el Consorcio nunca decidía sobre los concursos. ¿Si la ley no obligaba a convocarlos, quién tomaba entonces la decisión?”, preguntó Villegas. “Los técnicos que formaban parte de la mesa de contratación”, respondió Bagó. “¿No era el CSC quién nombraba a los gerentes de estos centros?”, insistió el diputado. “Hombre, no a todos”, contestó Bagó. “¿Pero no participaba usted en esos nombramientos y luego su empresa se beneficiaba?”, siguió Villegas. “No, porque nosotros no decidíamos”, repitió el dueño del Grupo Serhs.

Los diputados de la oposición preguntaron por varios de los casos donde la relación entre el CSC y Serhs está bajo la lupa, como el del hospital de Mataró, que el Consorcio entró a gestionar en 1993. “¿Negoció usted la entrada de CSC en el hospital, que luego adjudicó sin concurso los servicios de cocina a Serhs?”, preguntaron dos diputados. “No me acuerdo”, respondió Bagó. El diputado de la CUP, Quim Arrufat, le reprochó su memoria selectiva. “Nos cuesta entender que después de tantos meses de polémica sobre estos temas, usted no recuerde con más concreción”, le espetó.

A preguntas de la diputada de ERC Alba Vergès sobre la entrada de CSC en Mataró, Francesc Jose María dejó claro que fue el Departamento de Salud, dirigido entonces por el actual alcalde de Barcelona, Xavier Trias, quien propició que el CSC gestionara el nuevo hospital de la ciudad.

Los comparecientes defendieron que el respeto a la ley fue escrupuloso en todos los casos. Como ejemplo, mantuvieron que en los casos en los que Bagó podía incurrir en un conflicto de interés, el Consorcio tomaba medidas, aunque estas fuesen tan poco sofisticadas como salirse de la reunión mientras el resto de la mesa de contratación —formada por otros miembros del CSC— votaba a favor de Serhs. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2003 en el contrato del Centro Sociosanitario El Carme, en Badalona, un megacontrato de 14 años y cerca de 12 millones de euros. “Cuando se decidió la cocina, un servidor se fue de la reunión”, dijo Bagó. El empresario no dudó en censurar a los medios que han destapado en los últimos meses los escándalos sanitarios —entre ellos EL PAÍS— al considerar que estos son fruto de una campaña para “destruir” el sistema sanitario catalán.

Ante las preguntas insistentes del diputado de de ICV-EUiA, David Compañón, Bagó acabó respondiendo que “si he firmado un contrato, es porque alguien me lo ha traído para firmar”. “Yo muchas cosas no las sé, no estoy en el nivel del día a día”, dijo. El intento de echar balones fuera, sin embargo, quedó en evidencia cuando Bagó declaró que él mismo se había ocupado de que Serhs no se presentase a ningún concurso en el Consorcio Sociosanitario de Vilafranca del Penedès, que él presidía.

Francesc José María describió a Bagó como un empresario “implicado”, que fue invitado a formar parte del Consorcio para aportar de forma desinteresada su experiencia. El ex secretario general de CSC y de Innova, la empresa pública de Reus también atacó a a los medios de comunicación que se han hecho eco de los escándalos sanitarios . También cargó contra un exmiembro de la Sindicatura de Cuentas —Agustí Colom— al que acusó de filtrar documentos confidenciales. José María defendió asimismo Innova, que ahora el Ayuntamiento de Reus desmonta por su gigantesca deuda y el cúmulo de investigaciones judiciales en la que está inmersa.