IU propone un modelo fiscal con el que se recaudarían 3.960 millones

Izquierda Unida siempre ha puesto de ejemplo la política fiscal de Alberto Ruiz-Gallardón frente a las políticas posteriores de Esperanza Aguirre e Ignacio González. “Han regalado aproximadamente al 10% de los contribuyentes madrileños en torno a 19.000 millones desde que Aguirre fue elegida presidenta en 2003. En los últimos diez años se han recaudado 19.000 millones menos que con la política fiscal de Gallardón. La rebaja de impuestos que han hecho le ha significado a un mileurista pagar 40 euros menos al año y a las mayores rentas y capitales un mínimo de 12.000 euros. ¿Para quién son las rebajas fiscales? Para las élites económicas”, argumenta su portavoz en la Asamblea, Gregorio Gordo.

Como alternativa a la política fiscal del PP de Madrid, que tiene bonificado el impuesto de sucesiones, el de donaciones o las transmisiones patrimoniales —“nuestra estructura fiscal nos permite tener una actividad económica mayor, una tasa de paro menor y más ingresos que otras regiones”, defiende González—, Izquierda Unida propone una reforma fiscal que incluiría un impuesto a la banca, revisaría el del IRPF y recuperaría el impuesto de sucesiones y donaciones y el de Patrimonio. Los ingresos resultantes serían de 3.960 millones de euros. La cantidad se destinaría a un Plan de Empleo centrado en las energías renovables, rehabilitación de viviendas, la creación de una renta activa para parados sin prestación, la construcción de colegios y centros de salud y el rescate del sector científico y universitario.

El coordinador general de IU en Madrid, Eddy Sánchez, explica que establecerían tres nuevos tramos en el IRPF dirigidos al 4% de los contribuyentes, aquellos con una renta superior a los 65.000 euros. De esta partida se recaudaría 200 millones, según sus cálculos. Gravando de nuevo el impuesto de sucesiones y donaciones, “cuya eliminación beneficia a 50.000 grandes patrimonios” según Sánchez, se obtendrían otros 2.000 millones. A su vez, la recuperación del de Patrimonio —“afectaría a los 10.000 grandes propietarios de la región, con tres o más viviendas”, apunta el coordinador de IU— supondría 960 millones.

El impuesto a la banca, similar al de Andalucía, Canarias y Extremadura, permitiría ingresar 800 millones. Las entidades financieras serían gravadas en función de su pasivo, esto es, de forma progresiva, sin que el impuesto recayera sobre los consumidores.