La Universidad Católica engorda al calor de la Generalitat y el PP

El Consell cuela a la institución privada en los centros públicos de investigación

Fachada del edificio principal de la Universidad Católica de Valencia.
Fachada del edificio principal de la Universidad Católica de Valencia.MÒNICA TORRES

Los 400 metros que separan el Palau de la Generalitat del Arzobispado de Valencia se han comprimido como un acordeón. La Universidad Católica San Vicente Mártir, propiedad de una fundación arzobispal, tramita desde hace dos años la ocupación de edificios públicos con la bendición del Consell del PP.

El último episodio permitirá a la institución educativa religiosa, de carácter privado, aterrizar en el Centro Estatal de Referencia de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave, un flamante edificio en la avenida General Avilés levantado con más de 15 millones de fondos del Imserso (Ministerio de Sanidad) sobre un terreno cedido por el Ayuntamiento de Valencia de 12.500 metros cuadrados. El complejo está terminado pero cerrado desde 2010 porque no hay dinero para equiparlo.

La Universidad Católica compartirá el centro estatal con la Universitat de València (UV), decisión interpretada como un órdago de la Generalitat a la institución pública, que en 2010 firmó un convenio con Sanidad para desarrollar programas de formación superior en una instalación donde se investigarán enfermedades como la esquizofrenia y ofrecerá 36 plazas asistenciales.

La UV detectó en diciembre los “movimientos secretos” del Consell para introducir a la institución privada. “Nos enteramos de rebote”, explica por primera vez un catedrático que describe la “jugada maestra” como una adaptación a la investigación del modelo Alzira, la gestión privada de servicios públicos sanitarios. El gerente de la Universidad Católica, Juan Morote, admite que se interesaron por el Centro Estatal tras la llamada del exconsejero de Bienestar Social Jorge Cabré. “Nos ofreció colaborar con una parte de la gestión”, dice tras precisar que el desembarco “requiere una inversión”, que no concreta.

La entidad religiosa cogestionará el Centro Estatal de Salud Mental

El aterrizaje del organismo privado tiene enfrente a la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano, que agrupa a 400 psiquiatras, psicólogos y enfermeros. “Pretenden ampliar el patrón de reclusión de la Iglesia a la salud mental”, opina Ana Sánchez, presidenta de esta organización que en breve trasladará el “problema” al rector de la UV, Esteban Morcillo. Los profesionales consideran que la institución del arzobispado carece de la experiencia investigadora de las facultades públicas de Psicología o Medicina, centenaria. La primera promoción de médicos de la privada se graduará este año.

La incursión arzobispal se produce tras desvelarse los manejos de la institución religiosa por disponer de una parte del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). El gerente de la privada admite que se reunió con la exdirectora Rosa Valenzuela y con su responsable actual, Isabel Muñoz, para “invertir” dos millones de euros en un laboratorio “vacío”. “No se trataba de una cesión gratuita”, remarca. Fuentes universitarias analizan el episodio como “una jugada más” de una universidad que “encadena prebendas del PP”. “Su objetivo no es económico, sino tomar el poder para modelar las almas”, valora un exdirigente educativo.

Un catedrático dice que se exporta el modelo Alzira a la ciencia

Fundada en 2003 por el fallecido arzobispo Agustín García-Gasco, azote púrpura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Universidad Católica encarna el milagro bíblico de los panes y los peces. En una década, ha multiplicado por diez sus alumnos (13.500) hasta superar a las universidades públicas Jaume I de Castellón y Miguel Hernández de Elche. Representa el principal centro educativo privado de la Comunidad, por delante del CEU, con quien no prevé acuerdos por defender “un modelo distinto”.

Dispone de 15 campus en la provincia de Valencia. Cinco de ellos en propiedad —por los que no paga el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI)—. Otros tres se han levantado sobre terrenos cedidos por Ayuntamientos del PP. Un fenómeno que enciende a la Universitat de València, atenazada por los recortes y que desembolsó 42 millones en los noventa por el campus de Tarongers.

El ideólogo de la expansión es Juan Morote, gerente que despacha semanalmente con el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro. Morote, exprofesor del CEU, sostiene que el popular Alfonso Rus “les llamó” para ofrecerles el edificio del IES Simarro de Xàtiva. Que Alzira hizo lo mismo para cederles durante 25 años un solar de 8.000 metros cuadrados. Y que la exalcaldesa de Torrent, hoy consejera de Educación, María José Catalá, aprobó su aterrizaje sobre 5.884 metros cuadrados de suelo público.

“La finalidad de la institución es moldear las almas”, dice un exdirigente

El arzobispado ha gastado 23 millones en levantar estos tres campus. El dinero no cae del cielo, sino de créditos del Banco Popular y La Caixa d’Estalvis de Barcelona. Con una quincena de propiedades alquiladas en Valencia, la Católica ha paralizado sus proyectos en Gandia y Carcaixent.

Su espejo es Navarra, aunque la institución no pertenece al Opus Dei. Y su principal activo, Medicina, cuya autorización recibió en 2007 mediante una polémica decisión del Consell de Francisco Camps. En la institución privada se forman cada año 420 alumnos que desembolsan 10.000 euros. La nota de acceso es de un 8,2, cuatro puntos menos que en la UV. A falta de un trámite, estos estudiantes podrían pronto hacer sus prácticas en el hospital que proyecta la entidad. El Ayuntamiento de Valencia cedió para este fin, con una fuerte oposición vecinal, una parcela de 13.000 metros cuadrados en Campanar prevista inicialmente para un colegio público. El primer teniente alcalde, Alfonso Grau, es uno de los diez patrones de la Católica.

El cuerpo docente de la San Vicente Mártir, que carece de sindicatos, está formado por 1.000 profesores, más de una tercera parte con el título de doctor. Perciben por dedicación completa entre 30.000 y 60.000 euros anuales, menos que en la pública. No hay catedráticos. “No les interesan porque cobran más y requieren tiempo para investigar”, apunta una catedrática de la UV.

Cinco de los campus de la privada no pagan el IBI

Por sus aulas han pasado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que “pidió” el pasado año al arzobispo impartir clases y que podría repetir en 2014; el diputado del PP Ricardo Costa, que dio Microeconomía, o la profesora Gloria Casanova, que llegó a decir durante una clase en el CEU: “De una terrible violación sacas algo bueno, un hijo, un don de Dios”. Y perfilan el fichaje de “un importante socialista”.

La privada mide su investigación por tesis doctorales leídas: 30 este año. Un criterio cuestionado por fuentes universitarias, que calculan la producción científica por documentos publicados en revistas de prestigio internacional. Según el portal Web of Science, que vacía 10.000 de estas publicaciones, la joven Universidad San Vicente Mártir produjo menos de 300 de estos documentos citables en la última década, frente a los 17.046 de la UV o los 9.405 de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Sobre la firma

Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.

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