“Lo que hice era por el bien de Reus”, asegura el exalcalde al juez

El exalcalde de Reus (Baix Camp), Lluís Miquel Pérez (PSC), cree que no hay ninguna ilegalidad en el aval de tres millones de euros concedido por el Ayuntamiento en 2008 a Shirota Functional Foods, una empresa mixta de capital público y privado dedicada a la investigación nutricional. Pérez declaró ayer por este caso ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus y la fiscalía. “Lo que hice era por el bien de la ciudad y su promoción económica, hemos aportado un conjunto considerable de respuestas convincentes”, explicó al término de su comparecencia judicial.

Tanto él como los otros 13 ediles del PSC, ICV y ERC que gobernaron la ciudad durante el pasado mandato están imputados en bloque por su implicación en la aprobación del crédito. Los exconcejales están acusados como mínimo de tres delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.

El Consistorio, que controlaba el 45% de Shirota directa e indirectamente, asumió todos los riesgos en la operación aunque no era el accionista mayoritario. Pérez cree que detrás de este proceso se esconden intereses partidistas. El exalcalde también reiteró ayer que todo se debe a una “discrepancia” en la interpretación del derecho mercantil y el administrativo. Además, calificó el desfile de políticos por los juzgados de Reus como un “vía crucis” y dijo que por este caso “la ciudadanía cree que somos delincuentes habituales”.

Pérez cerró ayer las declaraciones judiciales del tripartito de Reus. Durante esta semana han acudido a dar su versión al juzgado los 14 exconcejales. El hecho que ha desatado el contencioso es un acuerdo tomado el 29 de febrero de 2008: ese día la junta general del holding municipal Innova, durante un pleno, dio luz verde al aval a Shirota con los votos de todos los miembros de equipo de Gobierno de Reus.

El exalcalde no dudó en calificar de “desproporcionada” la inculpación de los exediles. En su opinión, no todos tenían conciencia de la trascendencia del proyecto: “Unos lo conocian en profundidad y otros tenían noticia de lo que se dijo en una reunión previa. Sabían que era para una empresa de investigación, creada con empresarios privados con recursos importantes que venían de la Administración central”, dijo Pérez. Y añadió: “Era lo unico que sabían y han ido como loros repitiéndolo, pero no tenían conocimiento del tema en profundidad”.

Shirota sobrevivió gracias a créditos y subvenciones hasta que el actual Gobierno de Reus, formado por CiU y el PP, decidió liquidar la sociedad por estar quebrada. El Consistorio pagará el aval a lo largo de una década.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y es una pieza separada del caso Innova, en el que se investigan pagos de 720.000 euros que Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exresponsable de Innova, habría abonado al exdirector del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) y expresidente de Shirota, Carles Manté. Prat y Manté, que fueron detenidos en febrero, quedaron en libertad provisional imputados en seis delitos: malversación de caudales públicos, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la Hacienda pública.