Con las pensiones no se juega

Los trabajadores y trabajadoras defenderemos nuestras pensiones como una de las mayores conquistas de la democracia, algo que nos pertenece porque sostenemos con nuestras cotizaciones. Lo haremos con la negociación, y cuando no sea posible con la movilización, como haremos en las tres marchas que recorrerán Andalucía entre el 10 y el 13 de junio para reivindicar, además del empleo, la defensa del sistema público de pensiones.

Cuando un gobierno quiere cambiar algo pero sabe que su decisión será impopular, suele valerse de intermediarios que, bajo la condición de expertos, al final aconsejan que se haga lo que desde el principio ese gobierno pretendía hacer y no se atrevía. Si se sabe elegir a los expertos, el resultado está garantizado. Lo acaba de hacer el Gobierno del PP con la comisión de expertos para reformar el sistema público de pensiones, nombrando a personas que en su mayoría están vinculadas al sector financiero y al asegurador, es decir, a sectores con intereses en su privatización. Tras sesudos debates parece que todo pasa por una fórmula milagrosa, ininteligible, pero cuya traslación a la práctica es la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Ese, y no otro, era el objetivo del ejecutivo de Rajoy desde el principio.

No debemos engañarnos con esta fórmula. Los enemigos de nuestro sistema público de pensiones —derecha ultraliberal, banca y aseguradoras— mantienen una campaña de acoso y derribo al calor de la crisis económica con el objetivo de convertirlo en un gran negocio lucrativo. Ya lo intentaron en la anterior crisis (1993-95) y fracasaron gracias al consenso político del Pacto de Toledo y al primer Acuerdo Social con las organizaciones sindicales y empresariales. Este amplio consenso social y político, que se ha renovado periódicamente, ha blindado el sistema y permitido lograr importantes mejoras como el incremento de las pensiones más bajas, garantizar el poder adquisitivo de todas las pensiones, integrar los regímenes especiales y la creación del Fondo de Reserva, que hoy cuenta con más de 60.000 millones de euros.

El sistema está saneado y es sostenible, para eso precisamente se consensuó la última gran reforma de 2011, vigente hasta 2027. El Gobierno no tiene que hacer otra cosa más que cumplir los contenidos de esa reforma recogidos en una Ley aprobada por el Parlamento y publicada en el BOE. No hay más camino que andar que ese, porque la reforma que prepara el gobierno popular pertenece a una estrategia para debilitar los pilares del Estado del Bienestar, cuyo próximo objetivo —tras la sanidad, la educación, la dependencia y la protección por desempleo— son las pensiones. Es una opción ideológica clara, trasladar el Estado del Bienestar al sector privado en lugar de abandonar sus fracasadas políticas de recortes y apostar por el crecimiento económico y la creación de empleo, las mejores garantías para la sostenibilidad de nuestro Modelo Social.

Al PP hay que recordarle que el sistema público de pensiones es fruto del consenso político y social materializado en el Pacto de Toledo y en los Acuerdos Sociales, únicos foros legitimados para abordar reformas de tanto calado en este ámbito. Es ahí, y no fuera, donde deben discutirse estas cuestiones en lugar de airear las conclusiones de la supuesta comisión de expertos en un festival de filtraciones que solo añaden incertidumbres sobre el sistema y llevan la angustia a cientos de miles de pensionistas actuales y futuros.

No son las formas ni el momento. Parece que el Gobierno del PP quiere evitar las presiones de los hombres de negro de la Troika y de la derecha económica y política sacrificando la estabilidad de nuestro sistema público de pensiones. No se entiende tanta prisa ni que se haya elegido a estos supuestos expertos para una comisión sesgada y orientada a conseguir un objetivo claro.

La única comisión de expertos que desde CCOO reconocemos es el Pacto de Toledo, ninguna más, porque con las pensiones no se juega.

Francisco Carbonero Cantador es secretario general de CCOO de Andalucía

@carboneropaco