El exalcalde de Melón, denunciado por quebrantar la condena que lo inhabilitó

Alberto Pardellas se resiste a abandonar el poder político. El exalcalde de Melón (del núcleo duro del presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar) inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante ocho años y medio por haber prevaricado al autorizar un polideportivo a 75 metros del monasterio cisterciense de Santa María, ha sido demandado por quebranto de condena. Pardellas acude “diariamente” al Ayuntamiento que preside su esposa, Cristina Francisco, en horario de mañana y tarde, “cierra el edificio consistorial y dirige, supervisa y controla a los operarios” que ejecutan obras municipales. Así consta en el detallado informe (incorpora fotografías y una detallada cronografía de sus actividades públicas) firmado por una empresa de detectives privados que el concejal independiente de Melón, Emilio Luis Díaz Vidal, ha incorporado a una demanda judicial contra el exregidor. Lo acusa de quebrantar la condena y de hacerlo “sin el control” de las fuerzas de seguridad del Estado.

 Díaz ha registrado la demanda en la Fiscalía de Ourense, en el Juzgado número 1 de lo Penal, en la Audiencia Provincial y en la Subdelegación del Gobierno. El demandante sostiene que el inhabilitado ejerce como “alcalde en la sombra” de Melón. Las fotografías de la agencia de detectives incluidas en la demanda muestran a Pardellas dando “instrucciones concretas" a los operarios del Ayuntamiento y en actitud de supervisión de la obra que estos ejecutan del futuro camping municipal. Además, la demanda aporta copias de expedientes urbanísticos firmados por la alcaldesa y esposa de Pardellas, en cuyos encabezamientos figura el nombre completo del exregidor.

La participación de Alberto Pardellas en la vida municipal, que, según la demanda, es “pública y notoria para todos los vecinos de Melón”, se produce después de que el exalcalde hubiera intentado, tras ser inhabilitado, ponerse a salvo del ostracismo político pidiendo un indulto al Gobierno, que este denegó. Una vez conseguido el triunfo electoral de su esposa, Cristina Francisco (imputada por un supuesto delito de falsedad documental), se convirtió primero en director general del municipio de 1.500 habitantes (tuvo que renunciar cuando la oposición le recordó que para ese cargo también estaba inhabilitado y que los ayuntamientos pequeños no pueden crear esa figura) y, después, en asesor “sin sueldo” de su esposa.

El demandante hace constar que la pena impuesta a Pardellas tiene como fin impedir que “el delincuente pueda seguir cometiendo delitos” y busca la “prevención general con un efecto ejemplarizante” que “no se da” en el caso del exalcalde de Melón, quien actúa “como si la ley no fuera con él, como si estuviese fuera del ámbito de aplicación de las leyes”.

No solo acusa al matrimonio de acomodar el poder municipal a sus intereses. El concejal que registró la demanda reclama, además, la devolución a las arcas municipales de los 120.000 euros de la sanción impuesta a Pardellas por ejecutar aquella obra ilegal, con todos los informes en contra, además del correspondiente a los honorarios de su defensa, que también pagaron los vecinos. Unas cantidades que el Ayuntamiento que preside su mujer no le ha reclamado.