Los ediles del PSC de Reus acusados en el ‘caso Innova’ confían en el archivo

Un abogado defensor considera que el proceso judicial es una cacería política

Rosa Garrido, la primera por la derecha, junto a su marido y Misericòrdia Dosaiguas.
Rosa Garrido, la primera por la derecha, junto a su marido y Misericòrdia Dosaiguas.josep lluís sellart

Cuatro de los 14 ediles del PSC, ICV y ERC que gobernaron la localidad durante el pasado mandato empezaron a declarar ayer ante el juez por avalar con tres millones de euros de fondos públicos a Shirota Functional Foods, una empresa mixta, de capital público y privado. Los concejales expresaron su confianza en que el caso acabe archivado mientras que Antoni Aluja, abogado de tres de los regidores socialistas acusados, reiteró la inocencia de sus clientes y achacó el proceso a una cacería política. “Es un combate político, un intento de desballestamiento de un proyecto político de 32 años” aseguró Aluja, en referencia a la época en la que el PSC gobernó Reus.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus (Alt Camp) y la Fiscalía investigan el aval de tres millones otorgado por el consistorio en 2008 a Shirota, dedicada a la investigación nutricional. El caso está bajo secreto de sumario. Las cuatro declaraciones de ayer correspondieron a regidores y exconcejales del PSC que integraron el Tripartito de la localidad.

Los ediles que pasaron ayer por el juzgado fueron Misericòrdia Dosaiguas, exconcejal de Enseñanza; la exregidora de Servicios Sociales Rosa Garrido; el exregidor de Hacienda, Carles Salas y la exedil de Turismo Teresa Pallarès. Esta última llegó a ocupar el cargo de subdelegada del Gobierno Tarragona y ahora es directora general de la Asociación Empresarial Química de Tarragona. Dosaiguas y Salas continúan en la actualidad como ediles del PSC en la oposición de Reus. “Como excargo público que soy voy a dar explicaciones”, dijo Pallarès antes de declarar. “Hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, colaborar con la justicia. Faltaría más”, apostilló escueta al salir, a toda prisa, del juzgado.

Los ediles están imputados desde que el mes pasado acudieron a declarar ante la Guardia Civil, según fuentes judiciales, pero no había salido a la luz pública hasta el pasado viernes. El crédito fue aprobado en la junta general del holding de empresas municipales Innova, con los votos de los 14 ediles del Tripartito el 29 de febrero de 2008.

El Ayuntamiento acabó asumiendo todos los riesgos de la operación, pese a no tener una participación mayoritaria en la empresa. En total el consistorio controlaba el 45,8% de la empresa, que sobrevivió a cuenta de subvenciones y créditos hasta que el actual gobierno local, CiU y PP, decidió liquidarla por encontrarse prácticamente quebrada.

Las cuentas anuales de Innova de 2011 ya manifestaban, literalmente, según el actual alcalde, Carles Pellicer (CiU), “la incapacidad de Shirota para hacer frente al retorno de las deudas bancarias y la voluntad de la participada de disolver la sociedad por la imposibilidad de obtener financiación que le permita seguir ejerciendo su actividad de investigación, ya sea bancario como de los socios”.

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Pellicer detalló en un pleno municipal celebrado el lunes que la propia sociedad y sus auditores ya reconocían en el plan de empresa de 2012 a 2016 la manifiesta inviabilidad de Shirota, donde continuar significaba comprometer además de los tres millones de euros avalados por el Ayuntamiento y asumir un nuevo riesgo de un millón de euros más hasta 2016 “en un proyecto que no contaba con ingresos suficientes para el retorno de esta deuda”.

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