Orden público, democracia y todo lo contrario

La publicación esta semana de un informe del Departamento de Interior de la Generalitat parece querer avanzar, por fin, hacia la definición de un modelo de orden público democrático. Pero son muchos los episodios de protesta y represión —desde 1978 al pasado 1º de Mayo— que muestran las dificultades para adaptar principios democráticos básicos a los despliegues policiales.

En los San Fermines de 1978, en plena transición, la policía llevó a cabo una trágica carga en la plaza de toros de Pamplona que acabó con un muerto y 150 heridos, 11 de ellos de bala. La orden policial fue dada por la imposibilidad de contener a una multitud que “insultaba”, en una muestra de la dificultad de la policía de la dictadura para aceptar reglas fundamentales del orden democrático. La incipiente democracia era, pues, una oportunidad para desarrollar las bases de un orden público compatible con el ejercicio de derechos fundamentales negados y pisoteados por el franquismo.

Pero actuaciones cómo las del pasado 1º de Mayo muestran que, 35 años después y salvando las distancias, el orden público democrático sigue siendo una asignatura pendiente. En la jornada previa al Día de los Trabajadores, 40 furgones policiales, 280 antidisturbios equipados con escopetas y máscaras de gas, y decenas de policías de paisano fueron desplegados para una manifestación que apenas reunió a unas decenas de personas en el barcelonés barrio de Gràcia. El miércoles, la manifestación alternativa fue cortada en dos por una intervención policial.

Cierto es que controlar el orden público no es fácil, pero eso sólo hace aún más urgente el desarrollo de una teorización y protocolos de intervención adecuados y proporcionales. En las manifestaciones colisionan derechos que obligan a los responsables de la seguridad a tomar decisiones difíciles, a considerar múltiples elementos y a tener presente la jerarquía de derechos y deberes en cuestión. El objetivo de la presencia policial en una manifestación debería ser, prioritariamente, la protección del derecho de manifestación. En los casos en que su ejercicio colisione con otros, deben intervenir elementos de jerarquía y proporcionalidad. Plantear, cómo planteó la policía valenciana en 2012 que la disolución de una manifestación de estudiantes del Instituto Lluís Vives era pertinente por perjudicar ésta el “derecho al tráfico” muestra un desconocimiento de la jerarquía de derechos que no debería serle permitida a ningún responsable, ni policial ni político, de la seguridad. En la misma línea van declaraciones que justifican intervenciones represivas de manifestaciones por ser “ilegales”, cuando éstas no existen en nuestro marco jurídico al ser el derecho de manifestación un derecho fundamental que no requiere autorización.

Pero volvamos al 1º de Mayo. Esa manifestación fue el bautizo del nuevo consejero de Interior, sustituto del controvertido Felip Puig y de quien heredó el caso Ester Quintana y la comisión parlamentaria para estudiar la eliminación de las pelotas de goma, y el procesamiento de dos Mossos por la jornada del 1º de Mayo de 2012. En un momento delicado para la policía y la sociedad en general, el nuevo responsable de la policía optó por el continuismo y la teatralidad de unos despliegues que evidencian tanto el desconocimiento de la capacidad de movilización de las convocatorias de manifestación como la falta de estrategias de orden público que no entiendan el derecho de manifestación como una afrenta u anomalía. En los días posteriores, el despliegue masivo se justificó como alternativa al uso de pelotas de goma y por su supuesto uso habitual en otros países de Europa. Es cierto que en Europa algunas policías utilizan la fuerza de los números para controlar manifestaciones, pero ni es habitual hacerlo con personal antidisturbios ni han faltado las sentencias judiciales contrarias. Parece que ante la ausencia de un desarrollo propio del orden público democrático, ahora copiamos estrategias dándoles nuestro toque predemocrático y esquivando de nuevo el necesario debate sobre el orden público que necesitamos.

En un momento de erosión de principios democráticos básicos y de emergencia social generalizada, el respeto escrupuloso por los derechos fundamentales y la profesionalización de la intervención policial, basada en la desescalación del conflicto y la defensa de los canales de expresión democráticos, emergen con dureza. Si la crisis tiene que servir para algo, que sea para poner sobre la mesa los debates ninguneados por estos 35 años de transición a ninguna parte.

Gemma Galdon Clavell es profesora de Políticas Y tecnologías de Seguridad en la Universidad de Barcelona.