Doñana rechaza el plan del Guadalquivir por comprometer su futuro

Junta y Gobierno se enfrentan por la negativa del ministerio a esperar al pronunciamiento del Consejo de Participación del espacio natural

Miguel Delibes (centro), hoy durante el consejo de Doñana.
Miguel Delibes (centro), hoy durante el consejo de Doñana.julián pérez (efe)

Tras una discusión de más de una hora, el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronunció: una amplia mayoría de sus miembros rechazó ayer el plan hidrológico del Guadalquivir, recientemente aprobado por el Gobierno, al considerar que no garantiza la supervivencia del espacio protegido. El consejo también concluyó que su pronunciamiento sobre el plan era “necesario y preceptivo”. “La ley de Doñana dice que debería haber pasado por este órgano”, detalló Juanjo Carmona, miembro de WWF y del consejo de Doñana.

Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó el 17 de mayo el plan sin esperar al pronunciamiento del espacio natural. Gran parte de la discusión de ayer en el Consejo de Participación, donde están representadas las Administraciones, se centró en este punto. A un lado, la Junta de Andalucía, que defiende el carácter preceptivo de informe de Doñana. Al otro, el Estado, que no lo ve así, como de hecho se demostró cuando decidió hace diez días aprobar el plan sin esperar al espacio natural. Este asunto va camino de acabar en los tribunales. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, decidió ayer trasladar los dos pronunciamientos sobre el plan a los servicios jurídicos de su departamento. La consejería estudia recurrirlo al considerar que la tramitación no está completa sin el punto de vista del consejo de Doñana.

“El ministerio adopta decisiones a espaldas del espacio”, dicen los ecologistas

Los ecologistas también censuraron la postura adoptada por el Ejecutivo. Reprocharon al Gobierno que sea la primera vez “en la historia de Doñana” en la que “el ministerio adopta decisiones a espaldas del espacio”. Juan Romero, de Ecologistas en Acción, aseguró que el Estado podía “haber convocado la comisión permanente y haber tomado una decisión”. “Esto es gobernar por capricho diciendo: ‘yo tengo la verdad y los demás están equivocados’”, dijo.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, mostró su sorpresa por estas críticas. Y justificó la decisión del Gobierno con el argumento de que “el plan ha estado abierto a consulta pública durante cuatro años, un tiempo en el que el consejo no se ha pronunciado teniendo esa oportunidad”. “En estos cuatro años se presentaron cerca de medio millar de alegaciones, ni una sola del Consejo de Participación”, añadió. Ramos recordó que España debía haber aprobado sus planes de cuenca en 2009 y que se enfrenta a sanciones de la UE por este asunto.

Respecto al fondo del plan, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sostuvo que el voto negativo del consejo responde a que la evaluación de las aguas resulta insuficiente. Además, “no se incluyen acciones específicas suficientes para recuperar el acuífero ni para dar continuidad a la recuperación de las cuencas vertientes”.

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