El PP se queda solo en su defensa de la nueva Ley de Patrimonio Histórico

La privatización de la gestión de seis hospitales es una de las medidas del Gobierno de Ignacio González que ha generado más polémica. Otro reguero de críticas es el modelo de negocio de Eurovegas, un megacomplejo de casinos y congresos que Las Vegas Sands cuyo proyecto sigue sin presentar a la Comunidad, y ya van dos meses de retraso sobre las fechas manejadas inicialmente. Sin embargo, hay una reforma legislativa soterrada, más etérea y de consecuencias incalculables, que está pasando inadvertida a pie de calle. Es el caso de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, criticada unanimemente por los tres partidos de la oposición, el Colegio de Arqueólogos o plataformas como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.

Pese a su trascendencia, la votación del informe de la ponencia sobre el Proyecto de Ley llevó esta semana tan solo una hora. De las más de 200 enmiendas que presentaron PSM (109), IU (84) y UPyD (26), el Partido Popular solo aceptó cuatro, a falta de la tramitación definitiva de la norma por el pleno de la Asamblea.

La oposición centra sus críticas en los silencios administrativos positivos, que implican que se aprobaría cualquier actuación en el caso de que no haya respuesta oficial en el reducido plazo de dos meses.

También es polémico el establecimiento de un plazo de 30 días para los informes de impacto ambiental y sobre actuaciones en bienes protegidos, al considerar que se limita de forma considerable el margen de maniobra, en beneficio de la Administración. Por poner un ejemplo, la nueva ley establece que los propietarios de los edificios con rango de bienes patrimoniales —hasta ahora denominados bienes catalogados, un escalón por debajo de los Bienes de Interés Cultural o BIC— podrán hacer las modificaciones que deseen si la Administración no les contesta en el lapso de dos meses, lo que según los detractores de la norma facilitará obras más difíciles de realizar en la actualidad.

“Uno de los objetivos claros que tenía esta ley era intentar dar a la ley una mayor agilidad administrativa al establecer unos plazos máximos a la hora de resolver las autorizaciones e informes y, sobre todo, acortando los ya existentes”, observa Bartolomé González, del PP. “Han hecho imposible el mínimo análisis y el mínimo debate”, critica la diputada socialista Encarnación Moya. “El patrimonio histórico no es un valor económico objeto de negocio, es un valor social y cultural; su disfrute es un derecho nuestro y de las generaciones futuras y su conservación no puede estar supeditada a intereses económicos ni puede considerarse una traba a eliminar para favorecer negocios”, añade.

“El silencio administrativo lo que hace es facilitar que incluso los trabajadores que tendrían que contestar a este tema no den abasto y que el silencio administrativo se transforme en una barra libre, en un ‘hágase lo que se quiera”, señala Joaquín Sanz, de IU, que advierte que tratarán de interrumpir la ley en trámite “en el marco del Congreso de los Diputados, en el terreno estatal, en el terreno europeo y donde haga falta”. “Tiene una concepción excesivamente economicista, cortoplacista e instrumental del patrimonio histórico. El pecado que comete el proyecto presentado: disminuir el grado de protección en lugar de buscar su mejora”, resume Juan Luis Fabo, de UPyD.

“Es una ley peor que la actual, que nace sin consenso”, observa Eva Zarco, del Colegio de Arqueólogos. La normativa elimina la obligatoriedad de realizar informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, se podrá construir encima de yacimientos de los que no hay constancia. “Con la nueva norma no se tendrá en cuenta que haya por ejemplo una sospecha potencial”, concluye la especialista. “En cuanto a los temas arqueológicos, se ciñen las autorizaciones a las zonas que están previamente identificadas en el nuevo catálogo que se crea, y se aclara y se simplifica la gestión”, replica González.