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Interior deja en manos de Llera la renovación de la asistencia a presos

El Gobierno cree vigente su acuerdo con los letrados para ayudar a los reclusos

Protesta, ayer en Sevilla, de abogados adscritos al servicio de asistencia jurídica a presos. Ampliar foto
Protesta, ayer en Sevilla, de abogados adscritos al servicio de asistencia jurídica a presos.

El Ministerio del Interior deja en manos de la Consejería de Justicia la reactivación del servicio de asistencia jurídica en las cárceles andaluzas, suspendida hace un año. Fue la Junta la que decidió dejar de pagar a los abogados que prestaban este servicio porque Interior no había renovado el convenio a tres bandas (entre la Junta, el Gobierno central y el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados) que sustentaba su funcionamiento. Pero Interior, en un escrito dirigido al Defensor del Pueblo estatal sostiene que no hace falta este convenio y que es suficiente con el acuerdo bilateral que Instituciones Penitenciarias tiene con los colegios de abogados de las ocho provincias.

Este es el argumento que han defendido en el último año los letrados que prestaban este servicio y asociaciones como Pro Derechos Humanos de Andalucía, que han instado a la Junta a reactivar la asistencia jurídica para los 16.200 reclusos que cumplen condenas en las cárceles de la comunidad. Los abogados que participan en este servicio ayudan a los presos a tramitar sus solicitudes de permisos, libertad condicional, visitas o asuntos médicos. En 2011, el último año de vigencia del convenio, los 1.077 letrados adscritos en Andalucía a esta asesoría prestaron 10.404 asistencias. Ese año la Junta gastó 422.800 euros en asistencia jurídica. Para 2012 presupuestó 397.000 euros, pero no los llegó a gastar porque suspendió el servicio en mayo.

La Junta insiste en que es “necesario” un acuerdo con el Ejecutivo central

El servicio se puso en marcha en 2001 y hasta 2008 se apoyó en convenios bilaterales: unos firmados entre Interior y los colegios de abogados provinciales para regular la entrada de los letrados en las prisiones y las condiciones de la asistencia; y otro entre la Junta y los abogados para fijar la financiación. Así funciona también la asistencia a los presos en otras comunidades autónomas donde este servicio no se ha suspendido.

Pero en 2008, cuando el Gobierno central y la Junta compartían color político (PSOE), las dos administraciones optaron por firmar un acuerdo a tres bandas. Este es el que está caducado y en el que la Junta basa su decisión de dejar de pagar la asistencia. Pero en el escrito remitido a la defensora del Pueblo, Interior asegura que considera vigente sus acuerdos con los abogados y da vía libre al departamento dirigido por Emilio Llera para recuperar el servicio. “Es a la Junta de Andalucía, en todo caso, a la que corresponde decidir si desea o no contribuir a la financiación de esta actividad”, señala el ministerio en respuesta remitida a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a una pregunta que formuló la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). En su escrito, Interior pone en manos de la Consejería de Justicia la decisión de suscribir los acuerdos con los colegios de abogados.

“La suspensión es una decisión política de la consejería”, dice APDHA

Tras conocer la reacción del ministerio, la Consejería de Justicia difundió una nota en la que insiste en que la participación del Gobierno central es “necesaria”. “La Consejería considera indispensable este convenio tripartito (...) con el objetivo de dar cobertura legal a la prestación de este servicio en el interior de las prisiones”, sostiene la Junta, que justifica su postura en que estos acuerdos regulan trámites “indispensables” que son competencia de Instituciones Penitenciarias. Prisiones, sin embargo, considera que estos trámites están regulados en el convenio bilateral que tiene firmado con los abogados.

La coordinadora de APDHA, Maribel Mora, compareció ayer con el defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, y la coordinadora del servicio de asistencia jurídica a los presos de Sevilla, María José González, para instar a la Junta a la reactivación del servicio. “A día de hoy nos queda claro que la suspensión es solo una de decisión política de la Consejería de Justicia”, zanjó Mora. “Lo que se hace es privar a los presos de un derecho fundamental como es el derecho a la defensa”, añadió.