El fiscal pide ocho años de cárcel para el alcalde de Zarra por fraude y falsedad

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena (Valencia) ha abierto juicio oral contra el alcalde de la localidad valenciana de Zarra, el independiente Juan José Rubio, por un presunto fraude en la compraventa de unos terrenos. El regidor se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y a 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, tal como pide la Fiscalía, que acusa a Rubio de fraude y falsedad al haber causado un "evidente y grave perjuicio a las arcas municipales".

El caso se remonta a julio de 2005, cuando la concejal del PP Rebeca Gonzálvez presentó una denuncia ante Fiscalía por presunto fraude en relación con la venta por un precio muy inferior al real de dos solares por parte del Ayuntamiento de Zarra a una sociedad cuyo único partícipe y administrador era el hijo del primer edil, Sergio Rubio.

Según las conclusiones del juzgado, el Ayuntamiento compró en 1994 una finca por 750.000 pesetas (unos 4.500 euros) y otra parcela en 2000 por 1,5 millones de pesetas (unos 9.000 euros). Las dos propiedades municipales fueron vendidas a mediados de 2003 a la empresa Telizán, SL, que pertenecía al hijo del alcalde, por un precio total de 45.080 euros.

El auto con el que el juez cierra la instrucción indica que la operación fue "urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra, pues se desprendía de bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido" y, de paso, se beneficiaba "directamente al hijo del alcalde". Según una valoración pericial, ya solo una de las fincas valía 190.150 euros porque en ella se había construido un almacén.

En la tramitación de los expedientes para la enajenación y venta de las parcelas se cometieron diversas irregularidades por las que también se abre juicio a cuatro concejales, la secretaria municipal y el arquitecto técnico del Ayuntamiento.

El juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude funcionarial y otros de falsedad documental.

Al alcalde, además, el juez le achaca varios delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por la concesión irregular de una veintena de licencias de construcción supuestamente ilegales a la empresa de su hijo.

El juzgado acordó en marzo abrir el juicio contra el regidor, los concejales y funcionarios municipales, y el hijo del alcalde, acusado de ser cooperador necesario.

En el escrito fiscal, cuyos hechos coinciden prácticamente con los relatados por el magistrado, se acusa a Juan José Rubio de un delito continuado de fraude y de otros dos de falsedad documental, y se le pide una pena de ocho años de cárcel, 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, y el pago de una multa de 10.800 euros.

Asimismo, el ministerio público reclama para el hijo del primer edil tres años de cárcel y otros 10 de inhabilitación; la misma pena que solicita para los ediles. Además, respecto a la secretaria, el fiscal pide ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación; y en cuanto al arquitecto, reclama cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación.

Por vía de responsabilidad civil, el fiscal pide que se acuerde la nulidad de la venta de las dos parcelas "por haberse realizado con consciente desprecio a la normativa administrativa reguladora de la enajenación de bienes públicos y en perjuicio del Ayuntamiento de Zarra".

Juan José Rubio Navarro es alcalde de Zarra desde 1979 y ha revalidado su cargo hasta en ocho ocasiones, primero como candidato del PSPV-PSOE y, a partir de 2007, como líder de la Agrupación de electores por Zarra (AEPZ).

En enero de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano presentó una denuncia en los juzgados de Requena contra Rubio y tres concejales socialistas por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.

Rubio fue expulsado entonces del PSPV-PSOE y formó la agrupación electoral independiente AEZP, con la que en las elecciones municipales de 2007 ganó cuatro de los siete concejales de Zarra, un pueblo de apenas 500 habitantes de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia.

Con su actuación, el fiscal del TSJCV ratificaba la denuncia presentada en diciembre de 2005 por la concejal del PP de Zarra Rebeca Gozálvez contra el alcalde por irregularidades en la compraventa de inmuebles llevada a cabo por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra, SL y la mercantil Telyzan, SL, perteneciente al hijo del edil.